Bomba fiscal

Ayer 1 de septiembre, se instaló la nueva Legislatura con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la coalición de Morena y sus rémoras, mientras que en el Senado, después de que dos senadores electos por el PRD se unieron a Morena, les falta solo un voto para también tener la mayoría calificada. De lograrlo, esta coalición podrá modificar la Constitución sin enfrentar barrera alguna; podrían reescribir la Constitución completa y eliminar toda mención de los derechos individuales, la propiedad privada, el proceso debido en los juicios y la democracia; podrían instaurar, inclusive, una dictadura.

Sin llegar a tal extremo, de tener la mayoría calificada, los serviles legisladores le regalarían a López, en palabras del futuro secretario de Educación, Mario Delgado, el desmantelamiento de todo contrapeso al Poder Ejecutivo, incluida la nefasta reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos. Como mencioné en el artículo de la semana pasada, estas reformas serían violatorias del T-MEC y pondrían en peligro su continuidad durante la revisión programada para 2026, sobre todo si Trump gana las elecciones. Sin certeza jurídica, sin reglas claras y las empresas sujetas a actos de gobierno discrecionales, la inversión nacional y extranjera se desplomaría y la economía experimentaría una continua caída del PIB por habitante.

No sólo las reformas que López insiste en que sean aprobadas para satisfacer su apetito de venganza le complicarían a Sheinbaum su gobierno; otra herencia negativa que le deja es la notoria fragilidad estructural de las finanzas públicas. Le hereda una bomba fiscal con la mecha corta y encendida.

De entrada hay que sacudirse el mito de que durante el gobierno de López hubo un manejo responsable y sobre todo austero de las finanzas públicas. Cuando empezó su gobierno, el saldo de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 10.5 billones de pesos y para junio de este año ya había aumentando a 16 billones de pesos y se espera que al final de 2024 estén alrededor de 18 billones producto de un déficit fiscal de un poco más de 6% del PIB. Más aún, al incremento de 8 billones en el saldo de la deuda pública hay que sumarle que se gastó prácticamente el total de los recursos que heredó en diferentes fondos y fideicomisos, destacando el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios que al inicio de su gobierno ascendía a 361,000 millones de pesos.

Más deuda junto con menos recursos en los fondos y fideicomisos implica que López le hereda a Sheinbaum un notable deterioro en la posición financiera neta del sector público (las reservas internacionales son del Banco de México y no pueden considerarse como un activo del sector público). Pero no sólo eso; le hereda, además, compromisos de gasto que significarán presiones crecientes sobre las finanzas públicas. Destacan las siguientes:

Programa de pensiones para adultos mayores que pasó de 40,000 millones de pesos en 2018 a 470,000 millones en 2024, un claro caso de populismo fiscal. El gasto en este rubro pensionario se ha convertido en el principal rubro del gasto gubernamental (27% del presupuesto) y seguirá aumentando a medida que el monto de la pensión por persona se siga ajustando al alza en mínimo la tasa de inflación más el incremento que resulte del envejecimiento de la población. Simplemente no es fiscalmente sostenible. A estas pensiones hay que agregar las del sector público incluidas las muy benevolentes en Pemex y CFE.

Pemex está quebrada. Tiene un capital negativo de 1.6 billones de pesos, es notoriamente ineficiente, tiene un exceso de trabajadores y sigue experimentando pérdidas. Se estima que Pemex Transformación (las refinerías) tengan este año una pérdida de 1 billón de pesos, la cual será mayor con la puesta en operación de Dos Bocas. Durante el gobierno de López, Pemex no sólo dejó de aportar a la nación la renta petrolera sino, más aún, requirió crecientes transferencias gubernamentales y tiene una deuda financiera de 100,000 millones de dólares y una deuda con proveedores de 362,000 millones de pesos. Seguir con el mismo modelo de negocios “irracionalmente nacionalista” no es sostenible, ni socialmente ni fiscalmente.

Subsidios por varios años a los caprichos de López, todos ellos manejados por los militares y todos con rentabilidad social negativa: Tren Maya, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, AIFA, Mexicana de Aviación.

Gasto en los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando vida, los cuales López quiere establecer en la Constitución.

Todos estos programas y otros rubros de gasto ineludibles como los intereses de la deuda pública y sueldos y salarios de los empleados públicos se enfrentan a una debilidad estructural de las finanzas públicas, con una recaudación tributaria de sólo 14% del PIB, así como la necesidad de incrementar el gasto en educación, salud e inversión en transmisión y distribución de electricidad. Por si fuera poco, Sheinbaum promete nuevos programas de gasto como becas estudiantiles y una pensión para mujeres de entre 60 y 64 años de edad, los cuales no están fondeados.

Sheinbaum descartó una reforma tributaria, pero la dinámica de gasto público con los diferentes programas simplemente no es financiable. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir sacrificando educación, salud e inversión en infraestructura?, ¿tratar de contratar más deuda cada vez más cara?, ¿expropiar como en Argentina los recursos en las afores?, ¿cambiar la Constitución y quitarle la autonomía al Banco de México, lo que sería el último clavo en el ataúd?

López compró su popularidad y la elección de Sheinbaum con creciente gasto público. Toca pagar la factura del populismo fiscal.

X: @econoclasta