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Cañutos en el Inai
Tras de cuatro meses de conflictos internos, el Inai quiso retomar la normalidad institucional, con el nombramiento de Laura Perla González Dávila, secretaria Ejecutiva y presidenta del Comité de Ética. En noviembre del 2024, el excomisionado Eugenio Monterrey Chepov había renunciado a esos cargos, mientras las denuncias sobre presuntos desenfrenos presupuestarios, “moches” y otros ultrajes laborales.
Para corregir el rumbo, la titular del OIC, Alma Patricia Sam Carbajal, atendería el cúmulo de denuncias sobre dichas irregularidades. Y la nueva secretaria Ejecutiva promovería una iniciativa para mitigar uno de los fenómenos más perniciosos al interior de los órganos autónomos: el machismo.
Justo hace tres meses arrancó una campaña de sensibilización que entre sus principales activaciones invitaba a los empleados técnicos y administrativos a pasar al módulo instalado en el lobby de la sede central de la institución, tomarse una foto con unas gafas violetas y subirla a sus redes sociales como prueba de su compromiso con la perspectiva de género. Aquellos que mostraran evidencia de su publicación y el uso de la etiqueta #INAIVioleta, ganarían unos lentes de obsequio... que les serían entregados en las oficinas de González Dávila.
¿Y los que se abstuvieron de participar? Ahora están sujetos a un proceso sancionatorio, de acuerdo con los requerimientos de la OIC formulados al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Sergio Octavio Contreras Padilla; y los titulares de las direcciones generales de evaluación, Carlos Porfirio Mendoza Jaramillo; de promoción y vinculación con la sociedad, Cristóbal Robles López; y de enlace con autoridades laborales, sindicatos, universidades, personas físicas y morales, Víctor Manuel Díaz Vázquez.
El próximo viernes 18 expira el plazo para que esos funcionarios motiven su decisión de ignorar a #INAIVioleta. En específico, deberán informar “si para dicha determinación recibió instrucciones de algún servidor público del Inai y, de ser el caso, refiera el nombre y cargo, así como si se trata de su superior jerárquico”. En caso contario se les impondrá una multa de 10,857 pesos.
Por tales alusiones, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas denunció a Sam Carbajal ante la CNDH, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en delitos de violencia contra las mujeres. “Su actuar hacia mi persona y sobre el personal de las unidades administrativas que integran las comisiones permanentes que me fueron asignadas, se extralimita de sus funciones”.
Del Río ha recurrido al OIC del Inai para solicitar verificaciones a la evolución del patrimonio de diversos servidores públicos del órgano autónomo e irregularidades en el manejo de recursos públicos focalizados a viajes al extranjero, personas que no acuden a trabajar, pagos con tarjetas corporativas y denuncias de la ciudadanía por presuntas extorsiones al resolver casos en materia de protección de datos personales.
Las únicas indagatorias que avanzan —se queja— involucran a servidores públicos adscritos a sus áreas de responsabilidad. Particularmente, a la Dirección General de Tecnologías de la Información que focaliza “un número elevado de requerimientos y procedimientos iniciados”, en cambio la subdirección de servicios generales acumula más de 50 notificaciones sin sustento y sin responsabilizar a sus superiores jerárquicos de las presuntas faltas administrativas que se investigan.
