Claves del impasse en la negociación venezolana

Desde el año 2014 se han llevado a cabo, por lo menos, cinco procesos de negociación con alguna forma de intermediación internacional entre el gobierno chavista y las fuerzas de la oposición venezolana.

El último de los encuentros se llevó a cabo en la Ciudad de México con la mediación de Noruega. Comenzó en agosto y abruptamente terminó en octubre cuando el chavismo decidió retirarse de la mesa, a raíz de la aprehensión de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro y a quien se le quería incorporar al proceso como diplomático.

Esta reacción del gobierno no es meramente coyuntural, sino proviene de la estructura de su campo de negociación delimitado por los siguientes márgenes.

Por un lado, el chavismo cuenta con incentivos para dialogar con una oposición que demanda la reinstauración de la democracia, ya que saben bien que la situación socioeconómica que han generado es insostenible y buscan garantías para que su movimiento sobreviva fuera del poder.

Por otro lado, la plana mayor chavista tiene una fuerte aversión a perder el poder, pues sobre ellos pesan una serie de represalias provenientes de Estados Unidos que vulneran sus intereses más fundamentales. Por ende, la desactivación de las sanciones es su línea roja para proceder a las concesiones.

Al respecto, una de las propuestas principales en las negociaciones de Oslo–Barbados de 2019, fue la de entregar el gobierno a un Consejo de Estado controlado por ambos bandos y cuya misión fuera organizar elecciones creíbles. Por lo anteriormente mencionado, el chavismo colocó como demanda irrenunciable la cancelación de las sanciones de los norteamericanos. En la negociación de la Ciudad de México hubo cierto consenso de las partes sobre ello.

Y es que ante situaciones como esta, los estudiosos de la mediación internacional recomiendan al mediador mitigar las amenazas que dificultan la construcción de acuerdos. El problema es que no es Noruega sino los Estados Unidos los que cuentan con tales recursos.

Ante ello se hace evidente que la falla estructural en las negociaciones venezolanas estriba en que el actor con la capacidad de remontar el impasse, se rehúsa no sólo a negociar sino a flexibilizar su postura contenida en el Framework for a Peaceful Democratic Transition. Documento en el cual condicionan la desactivación de las sanciones a cambio de la salida voluntaria del chavismo.

Al respecto, los Estados Unidos tienen activas una serie de sanciones dirigidas a limitar el financiamiento internacional del estado venezolano y las operaciones comerciales de PDVSA. Así como una serie de represalias contra la cúpula gubernamental que involucran el congelamiento de cuentas personales, restricciones de visa, acusaciones de terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos.

Ante el impasse, las facciones duras de cada una de las partes se han fortalecido y han puesto en práctica rutas alternativas a la negociación que perciben como superiores, alimentando con ello una espiral de desconfianza mutua.

Algunas facciones opositoras han incursionado por rutas violentas como la operación Gedeón en 2020. Otras han participado en negociaciones alternas, como la Mesita, en la cual algunos grupos avalaron las elecciones legislativas del 2020 a cambio de concesiones mínimas.

Hechos como éste, han reforzado la percepción de que es cuestión de tiempo para fracturar a la oposición. A su vez, esto se ha traducido en actitudes de sabotaje y dilación por parte del gobierno, lo cual ahonda aún más la desconfianza tanto de la oposición como de los Estados Unidos sobre las verdaderas intenciones del gobierno venezolano.

Al respecto, en agosto del 2021 el gobierno norteamericano reafirmó que las sanciones interpuestas por la administración de Trump se mantendrían como recurso para mantener al chavismo en la mesa de negociaciones.

Decisión tomada desde una racionalidad en la que, hay que decirlo, el sufrimiento del pueblo venezolano es una variable marginal en el cálculo.

*Internacionalista y profesor en UPAEP.

@derzudaniel