Compartir la riqueza tecnológica

Como todas las innovaciones relativamente recientes, las redes blockchain han sufrido mucha publicidad, escándalo y desconfianza. Pero una vez que la tecnología ha demostrado su funcionalidad, solidez y utilidad, ahora solo necesita estandarización regulatoria y salvaguardias para atraer al público en general

CAMBRIDGE. Uno de los desafíos económicos definitorios de nuestro tiempo es cómo distribuir el valor generado por tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial generativa y las recientes innovaciones en biomedicina y manufactura, que dependen de una enorme potencia informática. Para mejorar los niveles de vida, los beneficios de las tecnologías transformadoras deben compartirse ampliamente. Hasta ahora, sin embargo, estos beneficios han sido monopolizados por un pequeño grupo de multimillonarios tecnológicos.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, es un buen ejemplo. La mayoría de la gente reconoce que Musk no merecía los 56,000 millones de dólares en compensación anual que la junta directiva de la compañía intentó darle en 2018, dadas las ganancias relativamente modestas y los años de pérdidas de Tesla. Sin embargo, la junta argumentó que esta enorme suma era necesaria para incentivar a Musk a permanecer en la empresa, un argumento tan infundado que un juez de Delaware invalidó recientemente el “insondable” paquete de compensación de la junta.

Pero Musk no está solo. Otros gigantes tecnológicos, como Alphabet (la empresa matriz de Google), también han prodigado a sus directores ejecutivos salarios elevados y opciones sobre acciones con el pretexto de retener a los mejores talentos. En realidad, sin embargo, la contribución real de los ejecutivos estrella a menudo no está clara. En particular, un estudio clásico de 1991, realizado por los economistas premios Nobel Bengt Holmström y Paul Milgrom, sugiere que el pago de incentivos funciona sólo con tareas simples que tienen resultados mensurables y son ejecutadas por un solo trabajador; en tales casos, la compensación puede vincularse directamente al desempeño individual.

Por el contrario, la naturaleza multifacética de las funciones de los directores ejecutivos dificulta la evaluación de sus contribuciones individuales. Pero dado que las métricas para medir el éxito de los directores ejecutivos, como los precios de las acciones, están determinadas por los esfuerzos colectivos de numerosos empleados y por el azar, se podría argumentar que deberían ser los últimos en recibir incentivos monetarios.

Además, las enormes ganancias de las grandes empresas tecnológicas reflejan su poder de mercado, que han logrado ofreciendo a los usuarios servicios “gratuitos” como búsqueda y correo electrónico, mientras recopilan sus datos personales y material protegido por derechos de autor para entrenar modelos de IA. En ausencia de controles competitivos, la calidad de estos servicios se ha deteriorado gradualmente, una tendencia que el autor y activista tecnológico Cory Doctorow ha descrito como “enshitificación”. Al mismo tiempo, los efectos adversos de los modelos de negocio de las Big Tech, desde la desinformación rampante y los deepfakes hasta el clickbait, se han vuelto cada vez más evidentes.

El surgimiento de la IA generativa ha alimentado aún más las preocupaciones sobre el dominio del mercado de los gigantes tecnológicos, a medida que escritores, artistas y otros profesionales creativos ven sus medios de vida socavados por grandes modelos lingüísticos que eluden impunemente las restricciones de las leyes de derechos de autor.

No tiene que ser así. En un ensayo reciente, el economista del MIT David Autor sostiene que las tecnologías emergentes de IA tienen el potencial de complementar las habilidades de los trabajadores humanos, en particular aquellos, como las enfermeras practicantes, que normalmente no reciben paquetes salariales basados en incentivos. De manera similar, una investigación realizada por los colegas de Autor en el MIT, Erik Brynjolfsson, Danielle Li y Lindsey Raymond, encuentra que la IA aumenta significativamente la productividad de los trabajadores de los centros de llamadas. En conjunto, estos estudios sugieren que la IA generativa podría aumentar el trabajo de los autónomos creativos en lugar de reemplazarlos.

Pero el cambio sistémico requiere más que esfuerzos individuales. El poder abrumador de las grandes empresas tecnológicas exige la intervención del gobierno para garantizar que el valor que crean, así como el valor que extraen en forma de rentas monopólicas, se distribuya equitativamente entre trabajadores y consumidores. Aunque las autoridades en Estados Unidos y Europa se han centrado acertadamente en medidas para mejorar la competencia, incluido el examen del impacto de las principales empresas tecnológicas en los mercados laborales, estas acciones no son suficientes.

Para frenar el poder de mercado de las grandes empresas tecnológicas y garantizar que las nuevas tecnologías beneficien a todos, los gobiernos deben invertir en el desarrollo de infraestructura pública digital. El concepto de un conjunto de tecnologías de estándares abiertos (que consiste en identificación digital, un sistema de pago y una plataforma de intercambio de datos) ha ganado fuerza en los círculos del desarrollo económico en los últimos años, y dichos marcos también podrían racionalizar la provisión de bienes públicos.

Pero lograrlo requiere un cambio de mentalidad. La infraestructura pública digital, generalmente vista simplemente como un medio para brindar servicios gubernamentales a individuos, tiene el potencial de convertirse en una poderosa plataforma para facilitar las interacciones entre gobiernos, empresas y ciudadanos. Idealmente, un sistema de pagos de propiedad pública podría procesar transacciones tanto entre empresas como entre individuos en diferentes jurisdicciones.

Además, el establecimiento de una infraestructura digital pública es crucial para implementar ciertas medidas políticas, como el impuesto a la publicidad digital propuesto por el economista premio Nobel Paul Romer. Los ingresos provenientes de tales impuestos podrían, por ejemplo, financiar la recolección y el reciclaje de residuos.

Una economía de mercado próspera funciona como una asociación entre el gobierno y el sector privado. Según este acuerdo, las empresas pueden administrar sus propios asuntos, siempre que cumplan con las leyes y regulaciones, paguen impuestos corporativos y retengan los impuestos de sus empleados.

Pero las grandes empresas tecnológicas han socavado este acuerdo implícito al explotar varias lagunas legales para minimizar sus cargas fiscales, comprometiendo la calidad de sus servicios y violando sistemáticamente las leyes de derechos de autor. Ha llegado el momento de establecer mecanismos institucionales eficaces y necesarios para garantizar que las tecnologías potencialmente transformadoras beneficien a todos, no sólo a unos pocos privilegiados.

La autora

Diane Coyle, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge, es la autora, más recientemente, de Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Princeton University Press, 2021).

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