Cómplices de la destrucción

Si las autoridades electorales, el INE y el Tribunal Electoral deciden otorgarle a Morena y a sus partidos aliados, PVEM y PT, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados asignándoles 373 diputados (el 74% del total) a pesar de que sólo obtuvieron el 54.7% de los votos (una sobrerrepresentación del 20%), estarían avalando la destrucción de la República. Concederles la mayoría calificada los haría cómplices de la construcción de un régimen dictatorial con un Poder Ejecutivo avasallador que tendría subordinados a los poderes Legislativo y Judicial, un Poder Ejecutivo sin contrapesos.

Al respecto, bien vale recordar las palabras de Montesquieu, quien en 1748 escribió en El Espíritu de las leyes: “Todo hombre que tiene el poder se inclina a abusar del mismo; va hasta qué encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.

Añadió Montesquieu: “De nuevo no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitraria debido a que el juez sería legislador. Si se uniese a la potestad ejecutiva, el juez podrá tener la fuerza del opresor”.

Así, para el filósofo francés, la separación de poderes cumple una función estratégica, una función de control, es decir, los poderes se dividen no solo para evitar la acumulación del poder, sino también para que entre ellos ejerzan un control mutuo de sus actuaciones, siempre sujetos a las normas constitucionales.

Los legisladores de Morena y rémoras que los acompañan tienen prisa por cumplirle sus caprichos al presidente López y han estado avalando en las comisiones de la Cámara de Diputados, sin siquiera analizarlas y sin prácticamente moverle una coma, sus iniciativas de modificaciones constitucionales. De ser finalmente aprobadas por el Congreso, para lo cual necesitan como primer paso cometerle un fraude al electorado otorgándole artificialmente la mayoría calificada, se habrá aniquilado el equilibrio de poderes y se le habrá dado al Poder Ejecutivo la facultad para atentar en contra de la libertad individual política y la libertad económica así como en contra de la propiedad privada, tal como lo apuntó Montesquieu.

Un Poder Ejecutivo que domine al Legislativo, teniendo este la mayoría calificada para modificar a su arbitrio la Constitución le permitiría al primero, en el caso extremo, abolir la propiedad privada o, sin llegar a tal grado, sí imponerle a los agentes económicos privados restricciones significativas sobre cuáles actividades podrían o no podrían participar. Tener la mayoría calificada le permitiría al presidente modificar sin restricción alguna los artículos 25, 27 y 28 constitucionales incluso más allá de lo que propone López en materia de energía, minería y transporte ferroviario.

Así, con un Poder Legislativo subordinado al Ejecutivo, de manera arbitraria, se podrían imponer no sólo los sectores de actividad económica para ser explotados monopólicamente por el gobierno, sino inclusive modificar el artículo 27 y hacer explícitas para el sector privado su participación acorde a “las modalidades que dicte el interés público”, donde en este caso el “interés público” reflejaría únicamente las preferencias del autócrata. Esto sería todavía más probable si el autócrata, educado bajo una filosofía comunista, cree que el “bien común” definido por él o ella se puede alcanzar con una cada vez mayor participación gubernamental en la economía. Para efectos prácticos, la libertad económica habría sido anulada.

Por otra parte, con un Poder Judicial que carezca de independencia, daría lugar a que el Poder Ejecutivo, además de poder promulgar leyes y decretos que se apliquen aunque sean inconstitucionales, también podría actuar arbitrariamente en contra de los agentes económicos privados, individuos o empresas, sin que hubiese quién lo pudiese defender. Además, si el Poder Judicial no es independiente, es probable que tampoco juzgue con imparcialidad cuando atienda controversias entre particulares y menos aún cuando estas controversias sean entre particulares y el gobierno. Sin independencia e imparcialidad, no habría garantía judicial del cumplimiento de contratos lo que derivaría en una asignación socialmente ineficiente de recursos y, sobre todo, menores flujos de inversión y de crecimiento económico. Así, dado que el Poder Ejecutivo, como señaló Montesquieu, se inclina a abusar de su poder hasta que encuentra límites, tener un Poder Judicial independiente es en consecuencia esencial para la imposición de esos límites al uso arbitrario del poder. Morena y sus rémoras, a propuesta de López, están dispuestos a destruir al Poder Judicial y a quitarle toda su independencia, lo que daría pie a que el o la autócrata puedan hacer un uso arbitrario del poder ante lo cual los individuos no tendríamos defensa posible.

En la misma línea de la importancia de tener un Poder Judicial independiente que imponga límites al uso abusivo del poder, es que existen otros órganos del Estado que también contribuyen a la imposición de tales limitaciones. López y Sheinbaum quieren su desaparición. La del INE implicaría la muerte de la democracia, la del INAI le permitiría al Poder Ejecutivo, al ser opaco, esconder cualquier acto de corrupción y la del IFT y Cofece le darían al gobierno poder para decidir, arbitrariamente, quiénes ganan y quiénes pierden.

La culminación de la destrucción institucional que propone López y avala Sheinbaum sólo sería posible si les otorgan la mayoría calificada a Morena y sus rémoras, sólo sería posible con el fraude a los electores. Los perdedores de tal destrucción seríamos los mexicanos, los vivos y los que nacerán en el futuro.

X: @econoclasta