Complicidad

Por definición en un estado democrático liberal, los ciudadanos tienen derechos y ley para enfrentar al estado. El gobierno así tiene un margen de maniobra relativamente pequeño y sólo puede hacer aquello que estrictamente le permite la ley. La consecuencia es que en esas condiciones los políticos son relativamente débiles y tienden a perder relevancia. En cambio, cuando el estado de derecho es relativamente débil, los políticos se hacen fuertes y pueden hacer lo que les venga en gana y aliarse y entramar complicidades a su gusto para, incluso, brincarse el estado de derecho. Eso explica más nítidamente lo de que “no me vengan con que la ley es la ley”.

La idea está bien expresada en un espléndido ensayo largo que acaba de ver la luz, de Fernando Escalante: México: el peso del pasado (Cal y Arena). Dice Escalante: “me interesa sobre todo el antagonismo entre clase política y Estado (entendido como estado de derecho). Se puede entender esa relación en una formulación básica: el poder de la clase política es inversamente proporcional al poder del Estado. Donde todos: funcionarios, policías, fiscales, todos se anulan como personas para que prevalezca la lógica del Estado, donde se impone el mecanismo terminante de la ley, la clase política no tiene mucho margen de acción -es decir, que es débil. Por el contrario, donde la idea del Estado tiene escasa vigencia, donde las leyes pueden torcerse y acomodarse con facilidad, la clase política es más fuerte y la gente tiene que estar bien con los políticos”.

Y cierra “Eso quiere decir que en la práctica el polo de autoridad se configura a partir de una negociación con la clase política, es decir, es un producto del equilibrio inestable, local, transitorio de la legalidad y la función política -de que tanto hace falta de rigurosa legalidad y que tanto de tolerancia, sentido práctico”.

La reflexión tiene un sentido profundo en muchos ámbitos de nuestra vida pública. Explicaría, por ejemplo, porque las autoridades locales se sienten más proclives a pactar con los grupos delincuenciales que a combatirlos. Conscientes de lo que plantea Escalante, prefieren ser prácticos y adquirir relevancia a través de complicidades. Además, sospechan que, a nivel federal, estarán actuando igual y que jamás tendrán apoyo pleno para el ejercicio estricto de la ley y por lo tanto se quedarán solos en algún momento en el tiempo.

Explicaría también, porque al centro de la política del presidente, prevalece su reiterada apariencia de fortaleza, que justifica el rompimiento de la ley. De esa manera él se vuelve central en la vida del estado mexicano y obliga a todos los actores a establecer complicidades con él y centralmente sólo con él. Y, eso incluye a todos, secretarios, gobernadores, presidentes municipales y todos los actores de nuestra clase política nacional.

La idea de Escalante es notable, también, en la medida en la que aquellos que no se ciñen al dictado cómplice al que invita el presidente, como el poder judicial, el INE, el INAI y alguno que otro gobernador o legisladores, dejan la complicidad desnuda, que es lo que más detesta AMLO.

Ahora que circula el estudio presentado en la revista Science, en la que muestra la cantidad de empleos que da la delincuencia organizada y la muy complicada tarea que significará acabar con dicho flagelo por su enraizamiento en la sociedad mexicana, es posible que en México hayamos decidido ser cómplices todos, en vez de aplicar la ley. Entre las vanidades y deseos de poder de los políticos, el gorro que siente la gente con lidiar con la ley y la delincuencia que se sabe impune, todos jugamos al juego de una gran y conveniente complicidad con la ilegalidad y nos estamos acostumbrando a ella. Nada más, pero nada menos, también.