¿Conoceremos algún día la verdad de lo que ocurrió en Iguala?

El 23 de septiembre del 2014 me encontraba en la ciudad de Nueva York para asistir a la entrega del Premio Hult de ese año.

Ese día también estaba en Nueva York Enrique Peña Nieto, quien al día siguiente pronunciaría un discurso ante la 69ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Recuerdo que en el evento del Hult Prize varias personas me dijeron que tenían una muy buena impresión del presidente mexicano, que estaba promoviendo los cambios que el país necesitaba.

Desafortunadamente para Peña Nieto, la buena imagen que gozaba en el exterior no era la misma que disfrutaba en el país que gobernaba, en vista de que diversas encuestas mostraban que, en septiembre del 2014, entre 44 y 51% de los mexicanos aprobaban su gestión, después de que en sus primeros meses de gobierno este porcentaje alcanzó 62 por ciento.

La estrepitosa caída de los precios del petróleo que empezó en junio del 2014 descarriló muchos de los planes del gobierno federal, lo cual también contribuyó a que perdiera popularidad un presidente que por su estilo acartonado y frío nunca pudo conectar emocionalmente con la mayoría de los mexicanos.

Dos días después de su discurso ante la ONU, en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, en Iguala (Guerrero) ocurrió un evento que mostraría la ineptitud de Peña Nieto y de varios integrantes de su gabinete.

Esa noche, en una serie de violentos eventos que han sido ampliamente comentados y analizados, murieron seis personas y 42 resultaron heridas. Además fueron secuestrados y desaparecidos 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Pese a la gravedad del caso, Peña Nieto dijo que el gobierno de Guerrero, a cargo del perredista Ángel Aguirre, debía asumir su responsabilidad en el caso, lo cual no cayó nada bien ante la opinión pública.

Conforme pasaron los días se escucharon más y más voces que exigían que la Procuraduría General de la República se encargara de la investigación y, por fin, el 4 de octubre, una semana después de lo ocurrido en Iguala, la PGR atrajo el Caso Iguala.

Esa semana que transcurrió fue suficiente para hundir aún más a Peña Nieto en las encuestas de popularidad.

Hasta hoy, han transcurrido cuatro años y 10 meses desde que en Iguala mataron a seis, hirieran a 42 y desaparecieran a 43, y hasta ahora nadie, exceptuando a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes, sabe a ciencia cierta qué ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014.

El 28 de noviembre del 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su Recomendación 15vg/2018 “Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de Septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero”. El documento tiene una extensión de 2,178 páginas.

El martes pasado, la misma CNDH presentó seis denuncias penales contra 235 funcionarios y 112 denuncias administrativas contra 140 funcionarios, en ambos casos federales y estatales, derivadas de la Recomendación 15vg/2018.

Con base en estas denuncias recientes, ¿llegaremos a conocer algún día lo que ocurrió hace 58 meses en Iguala? Los mexicanos merecemos conocer la verdad, sobre todo los padres y familiares de las víctimas.

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