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Debió anularse
La elección del 2 de junio debió anularse. Las evidencias de que fue una elección de Estado se vienen confirmando con el paso de los días y la inequidad de la competencia no tiene discusión. Los órganos electorales fallaron al derecho, a los ciudadanos y a México.
Y no, nos equivoquemos, la diferencia de votos oficial es indiscutible. En mi caso ni valido ni descalifico las voces de quienes sostienen que hubo fraude. Lo que es un hecho es que ni la mitad de las casillas fue vigilada, los partidos fueron un desastre, se concentraron en los privilegios de las dirigencias y dejaron la mesa libre al gobierno y al partido en el poder.
López Obrador es un pésimo gobernate y una nulidad de administrador, sus habilidades están en la fabricación de elecciónes, tiene una experiencia de más de 30 años en el manejo de masas, ha refinado sus habilidades para construir candidaturas y ganar elecciones, a la buena o a la mala. En eso nadie le gana.
Desde hace meses he escuchado a connotados especialistas electorales, algunos calificados consejeros del INE, descartar que se trató de una elección de Estado. ¿Cómo le llaman al uso del erario, de los programas sociales de las plataformas y medios del Estado, el presupuesto publicitario del gobierno? ¿En dónde clasifican la violación cotidiana de la Constitución de las leyes, códigos y reglamentos en los que incurrió el presidente y sus correligionarios?
Ya no hay duda del uso de recursos del crimen organizado, desde el huachicol y del tráfico de drogas. Tampoco de lavado de dinero.
Porfirio Muñoz Ledo lo dijo en vida: Morena recibe dinero de la delincuencia. Marcelo Ebrard denunció y documentó el apoyo de dependencias públicas a la candidatura de Claudia Sheinbaum que luego se extendió a la campaña constitucional.
La militante de Morena, Jocelyn Hernández, aseguró que de Tamaulipas llegaban a Sinaloa maletas llenas de dinero.
Y fue una elección de Estado porque López Obrador la fue construyendo paso a paso, usando las delegaciones estatales, recurriendo a especialistas de países como Venezuela, Cuba, Rusia y España, quienes fueron construyendo grupos de apoyo, comunidades de base, fortaleciendo las estructuras de Morena, incorporando votantes al padrón como reveló Carlos Urzúa.
Elección de Estado o inequitativa porque la integración del Consejo del INE y las vacantes en el Tribunal Electoral respondieron al manoseo presidencial, el sometimiento de los senadores y la abyección de los magistrados Soto, De la Mata y Fuentes, quienes, además de arrinconar a Jeannine Otálora y darle el albazo a Rodríguez Mondragón, traicionaron a México y su democracia. Que la historia guarde sus nombres como una vergüenza para el Estado de derecho.
Hace tres años fue anulada la elección en Tlaquepaque, Jalisco, por la supuesta injerencia del cardenal Juan Sandoval. ¿Las mañaneras no fueron algo peor?
Todo lo anterior y más que se pudiese agregar constituye un fraude, revela una elección de Estado y la inequidad de la contienda. O sea que debió anularse. Ahora a tragarse, por lo menos, seis años de lo que venga.
Al margen
Es tal la ceguera, ¿ignorancia?, de los promotores de la “reforma”, así le dicen, que no saben hacer cuentas y menos saben de leyes. El INE advierte que una elección de jueces, magistrados y ministros costaría unos 3,000 millones de pesos. Claro que al estilo López Obrador se puede hacer por tómbola y bastarían los gritones de la Lotería Nacional.
La “ignorancia” o mala leche de los promotores no les permite calcular lo que costaría liquidar a 10,000 trabajadores y, por si no lo saben, a los ministros de la Corte, si los renuncian, los tendrán que indemnizar al estilo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, respetarles sus pensiones y prestaciones. Que alguien les explique que las leyes no son retroactivas ni pueden afectar los derechos adquiridos. López Obrador se irá (eso creen), con su música a otra parte, pero, como le gusta, dejará un caos judicial y administrativo.
