Desaparición de poderes, una amenaza política al federalismo

La importancia del Pacto Federal es indiscutible. Impulsa mecanismos de gobernabilidad democrática y estabilidad en las finanzas públicas. En un sistema perfectible por décadas, se ha buscado construir un federalismo moderno, que brinde equilibrios institucionales y armónicos entre el gobierno federal y las entidades federativas libres y soberanas que conforman nuestro país.

El modelo federalista mexicano, que ha prevalecido a pesar de ser vulnerable por gobiernos centralistas, hoy se ve desafiado ante la disputa que mantienen las primeras dos fuerzas políticas del país. El 24 de septiembre, el pleno del Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación las peticiones de Morena para disolver los poderes en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, así como la del PAN para buscar hacer lo propio en Veracruz.

Ciertamente una figura inscrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la desaparición de poderes sólo puede darse con la intervención del Senado de la República, y cuando uno o más de los cinco escenarios contemplados en la Ley Reglamentaria en la fracción V del Artículo 76, se concreten en alguna entidad federativa:

1. Se quebranten los principios del régimen federal

2. Abandonen el ejercicio de sus funciones

3. Estén imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones o provoquen conflictos que impidan la vigencia de orden jurídico

4. Prorroguen la permanencia en los cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos

5. Adopten una forma distinta de gobierno a las fijadas en la Constitución

Los promotores de la desaparición de poderes en tres estados de la República Mexicana, los morenistas en el caso de Guanajuato y Tamaulipas, fundamentan con razones de seguridad pública su petición, mientras que los panistas arguyen la ausencia de un estado de derecho en Veracruz con la remoción de quien fue electo fiscal general del estado para un periodo de nueve años, Jorge Winckler, para hacerlo.

Es evidente, por el mandato de ley, que en ninguno de los tres estados se reproducen las condiciones para desaparecer los poderes, contexto particular que revela una clara intención política de amenaza al Estado de Derecho y al federalismo, por parte de las fracciones legislativas del PAN y de Morena, utilizando el ejercicio de la Constitución en los estados para venganzas políticas.

La actitud de los legisladores pone en riesgo la estabilidad política que goza nuestro país y el Pacto Federal que delimita las atribuciones entre los tres niveles de gobierno. Sin fundamentos legales, las peticiones de desaparición de poderes atentan contra el federalismo financiero y el pacto de coordinación fiscal que hoy existe entre las entidades federativas y el gobierno federal.

Además, la desaparición de los poderes estatales es una manera de centralizar nuevamente el poder y debilitar las facultades y atribuciones de los estados afectados, para dispersar los recursos económicos que le asigne la federación.

De ser sensata la preocupación de los legisladores de Morena sobre las condiciones de inseguridad que se viven en Guanajuato y Tamaulipas, más que desaparecer los poderes, deben hacer un enérgico llamado al gobierno de la República a mantener no sólo una coordinación interinstitucional entre gobiernos y corporaciones, sino destacar a las Fuerzas Armadas para proveer condiciones de seguridad que beneficien a todos los mexicanos, así como el uso eficiente de la infraestructura de la recién creada Guardia Nacional, proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el cual se comprometió a disminuir la inseguridad en el país.

En el caso de Veracruz, la decisión de retirar de la Fiscalía General del Estado a su titular es un acto jurídico que debe resolverse en Tribunales, ante lo que es evidente una decisión ilegal y violatoria de la Constitución política del estado y de la ley orgánica de la fiscalía, que quebranta una suspensión definitiva vigente, que prohíbe destituir al fiscal general a través de mecanismos no contemplados en la ley, al momento de su designación.

En estas condiciones las peticiones de desaparecer los poderes en tres estados de la República resultan inaceptables, cuanto más por la invasión que ello significa sobre la esfera del federalismo, como por tratarse de una estrategia política de dos partidos representados en la Cámara Alta.

Dados los tiempos que también marca la ley, en los siguientes días el Senado de la República estará desechando las peticiones por falta de fundamentos, quedará el precedente de la utilización de la figura de desaparición de poderes como una venganza política entre partidos, una amenaza latente al federalismo, a la soberanía y la independencia de los estados.

La alerta es para los senadores: la tribuna legislativa no debe ser utilizada para desahogar disputas personales, ni amenazas entre partidos, sino para edificar el marco jurídico que requiere el México del siglo XXI, siempre sujetos al respeto a la división de poderes, la valía del Estado de Derecho, y la defensa del federalismo.

*El autor es presidente nacional de la Coparmex.