Lectura 3:00 min
Dinamitar
Cuando en septiembre de 1982 López Portillo expropió la banca en un esfuerzo desesperado por justificar el fracaso de su proyecto basado en la petrolización de la economía mexicana, no había forma alguna que los propietarios de esas instituciones se defendieran ante ese abuso de autoridad. La Suprema Corte al servicio del Ejecutivo ratificó la legalidad del acto y con ello se apropió de bienes que no le servirían de mucho a un gobierno quebrado y sin recursos para cubrir los gastos mínimos de una administración irresponsable.
Mucho costó recuperar la estabilidad económica en medio de un complejo proceso de democratización que finalmente trajo consigo la posibilidad de la alternancia y el reconocimiento de la oposición como fuerza legítima. Resulta paradójico que las fuerzas que catalizaron el proceso de apertura a través del movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, sean las que hoy se empecinan en regresar al país al régimen autoritario de un partido único y peor aún de un sólo hombre.
Para ello un personaje formado en el priismo tradicional y que ingresó en las filas perredistas tiempo después del inicio del neocardenismo en el 88, dedicó toda su vida a un objetivo central: reconstruir el modelo político del nacionalismo revolucionario que tanto con Miguel de la Madrid como con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo fue desapareciendo en nombre de un esquema de apertura económica e integración con los Estados Unidos y que culminó con la alternancia en el 2000 con Vicente Fox.
En 2018 Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia, y procedió a dinamitar una por una las instituciones políticas y económicas de la democracia representativa y de todo aquello que permitiera a los mexicanos esa conexión con la Norteamérica desarrollada y moderna.
Así, los organismos autónomos que tenían como mandato procurar la transparencia y garantizar la libre competencia como el Inai, Cofetel, y la CRE, o aquellos otros que organizaban elecciones libres y legales como el INE o el Tribunal Electoral, fueron cooptados por un aparato de Estado que terminó por absorber sus funciones o anular su independencia frente al Ejecutivo.
El último eslabón a eliminar es el del Poder Judicial, quien después de haber estado subordinado a AMLO a través de la figura de Arturo Zaldívar, mantuvo su autonomía con Norma Piña a la cabeza. Y ante el problema de no poder controlar a las personas, López Obrador optó de nuevo por dinamitar la institución.
Sólo que en esta ocasión la sociedad, los trabajadores del sistema judicial y los capitales financieros vinculados con el mercado mexicano le han mandado un mensaje al presidente:dinamitar el Poder Judicial implica dinamitar la economía mexicana. Usted decide.