Disputas mexiquenses

Más que construir una alianza de largo plazo, el PRI, el PAN y el PRD conformaron una coalición electoral en el 2021 para evitar que Morena y sus aliados volvieran a quedarse con el control del Cámara de Diputados y las 30 entidades en las que se renovaron poderes.

En el Estado de México, hubo elecciones concurrentes a la federal para renovar las 125 alcaldías y las 75 curules del Congreso local. Gracias al efecto AMLO, Morena había logrado una mayoría aplastante en el 2018 y esta vez, panistas y priistas negociaron un acuerdo coyuntural que les permitió recuperar el control político de los municipios más poblados del valle de México y la capital, Toluca.

Sí por México frenó a Morena. El desglose de la votación revela que el PRI (con 1.7 millones de sufragios) aportó el doble que el PAN y se colocó como la segunda fuerza partidista más votada, el pasado 6 de junio.

Hace un mes, la 61 Legislatura mexiquense arrancó sin mayores complicaciones: la presidencia de la Junta de Coordinación Política quedó a cargo del morenista Maurilio Hernández, quien deberá entregarla dentro de año y medio a un priista. Y la presidencia de la Mesa Directiva, en el primer año del periodo, recayó en la panista Ingrid Schemelensky Castro.

Los coordinadores de las seis bancadas, empero, han fracasado en la definición de las 36 comisiones ordinarias y las cuatro especiales que integrarán los 75 legisladores. Y es que el líder morenista —quien la pasada legislatura tuvo el control total— ahora reclama una interpretación literal del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que vincula la asignación de las presidencias de las comisiones a la pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

De los 75 integrantes del Congreso mexiquense, 29 están en la bancada morenista. Y si las bancadas ratifican los acuerdos de los coordinadores parlamentarios, encabezaría 15 comisiones legislativas, mientras que el PRI quedaría con 11 y el PAN, con cinco.

Los panistas presidirán Desarrollo Urbano, Protección al medio ambiente, Juventud y deporte, y Seguridad Pública, que encabezará el ex alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, mientras que el PRI controlará Gobernación y Puntos Constitucionales, Trabajo Previsión Social, Salud, Igualdad de Género y Desarrollo Económico, que dirigiría el exalcalde de Naucalpan, Enrique Jacob Rocha.

El PRI quedaría al frente de la comisión de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, pero un sector morenista estaba inconforme con la negociación de Maurilio Hernández, quien —es evidente— no puede garantizar respaldo absoluto de su bancada. Tampoco puede garantizarlo Elías Rescala, coordinador de los 14 diputados priistas. Ya se construye un bloque disidente, que tendría al menos 13 legisladores. Al tiempo...

Efectos secundarios

¿VENGANZAS? Arturo González Cruz apenas cumpliría un mes como diputado federal, pero decidió tramitar una licencia indefinida para regresar a la Presidencia municipal de Tijuana, Baja California, y resolver asuntos pendientes, en vísperas de la extinción del trienio. Pero el secretario general del gobierno estatal, Amador Rodríguez Lozano, promovió denuncias en su contra, ante el Congreso de la Unión y las autoridades, por presunta usurpación de funciones. Y es que González Cruz —quien enfrentó al gobernador saliente, Jaime Bonilla— había tramitado una renuncia definitiva como munícipe. “Al estar consumado el acto jurídico y haber asumido constitucionalmente su suplente, Patricia Ruiz McFarland, debe sancionársele por haber violado el artículo 125 constitucional”. Ese precepto establece que ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, no obstante, el Congreso local validó su reincorporación que tendrá el único objetivo será revertir la concesión del servicio de agua potable.