EUA vs Google, ¿se impondrá un nuevo paradigma?

El Departamento de Justicia de los EUA (DOJ), acompañado por un grupo significativo de procuradurías estatales, ha formulado una acusación en contra de Google, por el pago de cantidades extraordinarias por establecerse como el motor de búsqueda preferido de algunos fabricantes de dispositivos. Por ejemplo, Apple y Samsung habrían recibido pagos anuales por 20 mil y 3.5 miles de millones de dólares respectivamente por este concepto.

Las autoridades de competencia de ese país históricamente han tratado de intervenir en los mercados de rápido desarrollo tecnológico, con resultados diversos. Por ejemplo, en 1956 hubo un acuerdo entre el DOJ y la empresa ATT, que era prácticamente un monopolio en la provisión de servicios de telecomunicaciones. Como resultado del acuerdo, la empresa liberó, a través de los laboratorios Bell, casi 8,000 patentes para el uso por parte de competidores y estableció condiciones para acceso futuro a nuevas patentes mediante el pago de regalías razonables. Sin embargo, prohibió a ATT participar en negocios distintos a las telecomunicaciones, lo que obstaculizó el rápido desarrollo de la computación.

En 1969, el DOJ inició una investigación contra IBM, a quien acusó de monopolizar el mercado de computadoras digitales de propósito general. 13 años después, el asunto fue desestimado, por considerarse que no había méritos.

En 1984, concluyó el proceso de separación de ATT en 8 empresas de telefonía distintas, que fue convenido con las autoridades. Las opiniones respecto de los resultados de esta acción son diversas. Algunos analistas consideran que la ruptura permitió un abaratamiento de los servicios telefónicos de larga distancia; para otros, la decisión habría postergado la disponibilidad de servicios de internet de alta velocidad.

El antecedente más reciente es el caso Microsoft, concluido en 2001. La empresa fue acusada por el DOJ de intento de monopolizar los mercados de sistemas operativos y navegadores de internet, mediante diversas conductas, de las cuales las principales fueron la inclusión del navegador Explorer de manera gratuita en Windows y la existencia de acuerdos con productores de computadoras y proveedores de internet. De acuerdo con la autoridad, la empresa habría tratado de desplazar al navegador Netscape, como un intento de impedir el desarrollo de nuevas aplicaciones que pudieran amenazar su posición en los mercados de sistemas operativos y aplicaciones.

El juez encargado del caso determinó la separación de Microsoft en dos empresas: una dedicada al diseño de sistemas operativos y otra dedicada a las aplicaciones. Sin embargo, la decisión no se llevó a cabo, pues resultaba evidente que probablemente habría significado un costo elevado e innecesario, que habría conllevado a una afectación significativa de los usuarios y habría comprometido la calidad y funcionalidad de los productos. Después de una negociación, fueron aceptados diversos compromisos presentados por la empresa para facilitar la operación de otras empresas.

El nuevo caso se presenta en un contexto de alta agitación, por el cuestionamiento sobre la efectividad de la política antimonopolios y el marco analítico en que se fundamenta y por la creciente preocupación por la expansión de las plataformas digitales.

El caso podría ser el más relevante en la historia del antitrust, porque que podría conducir a la separación estructural de Google, que podría ser la primera de una serie de intervenciones contra empresas como Amazon, Meta, Apple y el mismo Microsoft. El éxito del DOJ dependerá de su capacidad para convencer a los juzgadores, quienes deciden con base en precedentes doctrinales. Sin embargo, aunque el DOJ no logre su propósito, su acción modificará la forma en que las empresas digitales diseñan sus planes de negocios, establecen estrategias comerciales y desarrollan innovaciones. ¿Habrá beneficios para los consumidores? Es probable que no, dado que las autoridades de competencia actuales de los EUA muestran poco interés en los principios analíticos que anteponen la cuantificación del impacto en el bienestar de estos. *Socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación.

*El autor es socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación.

Twitter: @javiernunezmel