¿Ecocidio a la mexicana?

La posibilidad de que el ‘ecocidio’ se reconozca como el quinto de los crímenes internacionales, sumándose a la lista de conceptos como genocidio y crímenes de lesa humanidad, ha cautivado la imaginación de la comunidad ambientalista global. Por ahora, es sólo una propuesta. Pero el reciente borrador de definición del crimen, impulsado por un panel de 12 juristas internacionales, ya cuenta con un amplio respaldo de la sociedad civil. Y se espera que países como España y Francia apoyen el espíritu de la iniciativa. La lucha contra el cambio climático podría estar a punto de cambiar para siempre.

Pilita Clark, por mucho tiempo corresponsal de medio ambiente del Financial Times, se imaginaba en su columna esta semana al presidente de Brasil condenado en un tribunal en La Haya. Ahí se le diría “que sus políticas sobre el Amazonas fueron tan destructivas que es culpable del crimen del ecocidio”. Unas semanas después, siguiendo esta narrativa que hasta hoy es ficción, tocaría el turno del CEO de alguna petrolera.

Es entendible que Clark haya ignorado al presidente López Obrador en la construcción de su historia. Como The Economist argumentó hace poco, las acciones del gobierno mexicano simplemente no han sido sometidas a tanto escrutinio global como las de la Administración de Bolsonaro. Y quizás ninguna reserva natural mexicana sea tan famosa en el mundo como el Amazonas.

Pero, conforme los esfuerzos sustantivos y litigiosos del ambientalismo en el mundo sigan avanzando, va a ser muy difícil para esta Administración seguir volando bajo el radar. Pemex y CFE, dos de las compañías con más emisiones de gases de efecto invernadero de toda la región, son subsidiarias al 100% del gobierno mexicano. En el caso de Pemex, quizás sea la única petrolera de gran calado que en los últimos dos años haya incrementado sus emisiones de carbono a doble dígito. Su creciente producción de combustóleo de alto azufre, claramente resultado de la política energética oficial, la perfila como uno de los peores infractores en la lucha contra el cambio climático (aunque esta no se contabilice directamente en las emisiones de Pemex). El Pemex de esta Administración, además, es único en jactarse de que sus inversiones ambientales no aumentarán en los próximos años.

La situación eléctrica es todavía peor. Las pretensiones del presidente López Obrador, de la secretaria Rocío Nahle y del director general de la CFE, Manuel Bartlett, por sustituir generación renovable por generación fósil (en muchos casos, combustóleo) no tienen precedentes a nivel mundial. De acuerdo con las suspensiones de los jueces a la llamada Ley Combustóleo, y con el fallo de la Suprema Corte de Justicia en contra del llamado decreto Nahle, aquí ha habido actos arbitrarios que afectan, entre otros derechos humanos, el de gozar de un medio ambiente sano.  “Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”, reza la propuesta presentada por el panel de juristas. ¿No se acerca la política energética mexicana, y su situación jurídica, peligrosamente a la definición propuesta por el panel de juristas internacionales? ¿Alguien a estas alturas podría argumentar que se desconocen los efectos climáticos y en la calidad del aire por la generación de electricidad a partir de combustóleo? ¿O los de no reducir la huella de carbono de Pemex?

Igual que para Bolsonaro y las petroleras, México aún parece tener tiempo de rectificar. Como algunos de los propios proponentes de la criminalización del ecocidio explican, más que imaginar juicios y condenas penosamente escandalosas, lo que se busca es un cambio de consciencia.

@pzarater