Educación superior e investigación científica bajo acecho

A lo largo de la historia, se ha denominado a los países que tienen un bajo desarrollo económico, político y social de diferentes maneras, por ejemplo, se les ha nombrado como países tercermundistas, subdesarrollados, emergentes, en vías de desarrollo, etc. Sin embargo, todos estos nombres remiten a un país con ciertas características y una de las principales es el bajo nivel educativo de la sociedad, nivel que es resultado de la poca inversión en este importante sector. 

Otro denominador común de estos países es la insuficiente inversión en investigación científica y tecnológica. Los países que no han escatimado en invertir en educación e investigación, son los países que siempre han encabezado la lista de los países desarrollados. Desafortunadamente, México está muy lejos de aparecer en los primeros lugares de esta importante lista, para muestra el botón que nos comparte en un informe la OCDE en el que señala que en 2019 el presupuesto ejercido en  nuestro país  en investigación en los tres órdenes de gobierno fue del 0.22% del PIB. Esta cifra está muy lejos de los países que son líderes mundiales en este ámbito. Por ejemplo, el gobierno de Corea del Sur invierte casi el 1% del PIB, similar a otras economías de su región. En nuestro continente, incluso Argentina destina un gasto público superior que equivale al 0.4% de su PIB.

Este insuficiente gasto público también se refleja en la cantidad de investigadores públicos con los que cuenta el país. Según los datos de la OCDE, en México sólo hay 5,918 investigadores, lo que equivale a 4.7 investigadores por cada 100,000 habitantes. Sin duda esta es una cifra muy baja, sobre todo si la comparamos con otros países, por ejemplo, Chile tiene 8.57 investigadores por cada 100 mil habitantes, una proporción cuatro veces mayor a la de México. 

En este rubro, el gobierno federal actual no ha revertido el incumplimiento de los gobiernos anteriores al artículo 119 de la Ley General de Educación y al artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología que señalan que los ordenes de gobierno deberán invertir, en su conjunto, el equivalente al 1% del PIB en investigación científica y tecnológica; para alcanzar este compromiso, se debe asignar un presupuesto 3.5 veces mayor al actual, es decir, más de 182,000 millones de pesos. 

Lamentablemente, la precaria situación presupuestal no es la única amenaza que atraviesa la educación, la ciencia y la investigación en nuestro país. Con preocupación observamos la inadmisible intromisión que el Gobierno federal y el Conacyt han perpetrado en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Este delicado conflicto que sostiene el Gobierno federal con esta prestigiada institución, ha provocado la conmoción y la solidaridad de una buena parte de la comunidad académica de nuestro país. Hoy más que nunca, debemos proteger y blindar la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y exigir a los distintos gobiernos a que destinen recursos suficientes para que nuestro país pueda contar con una amplia cobertura educativa de calidad y también una importante y significativa inversión en investigación científica, con ello, podríamos reducir la dependencia de nuestro país en esta materia, como ya se evidenció en la crítica situación que vivimos durante la pandemia.