El CJNG controla el proceso electoral, la economía y la vida del norte de Jalisco

El jueves 25 de abril pasado, los habitantes de Colotlán, la única ciudad del norte de Jalisco, miraban asombrados el tradicional desfile de la Feria del Piteado, la principal fiesta del pueblo, que reconoce y promueve las artesanías con base en la pita, fibra de un agavacea que crece en los suelos áridos de Oaxaca y  se usa para bordados en piel desde hace casi dos siglos. La novedad que provocaba ojos abiertos, desvío abrupto de miradas y cuchicheos nerviosos: su fiesta tradicional había sido tomada por los jefes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desfilaban ufanos arriba de caballos de raza por las calles céntricas, entre músicos, talabarteros y charros.

Encabezados por “El 26” y otros dos líderes que no han sido identificados, la plana mayor del grupo delictivo desfilaba como “regalo sorpresa” para los asistentes a la fiesta. Los jefes “traían tapada la cara, estilo paliacate, con gorra y lentes negros, arriba de caballos de esos bailadores, elegantes, en un contingente como de 30 o 40 personas a su alrededor, con armas, aunque de manera discreta”, narran testigos a El Economista.

En dos décadas de embates por el control del territorio, nunca se había presenciado un espectáculo tan abierto y “natural” por parte de un poder fáctico que se dedica a extorsionar ciudadanos a través del personal de los municipios: desde multas de tránsito arbitrarias hasta cobro por comercialización de ganado mayor; o bien, a desposeerlos de bienes y vida: desde despojos de propiedades rústicas hasta golpizas, privaciones ilegales de la libertad y homicidios.

El tema ha llevado a levantar la voz a algunos miembros de esta sociedad sitiada, que tradicionalmente ha sido ignorada o poco atendida por los sucesivos gobiernos de Jalisco: apenas el 16 de enero pasado, mujeres wixaritari (de la etnia huichol) mandaron por redes un mensaje al líder visible de la agrupación, Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, para exigirle detener las tropelías de un jefe apodado El Rojo, a quien atribuían abusos contra derechos de los indígenas, incluidos asaltos y asesinatos. Fue escándalo nacional.

Voceros de El Rojo respondieron dos días después con videos de corta vida en YouTube, negaron las acusaciones y como si fueran servidores públicos promedio, reprocharon “que no se vea lo bueno”: son los primeros en llegar después de los desastres, hacen entrega de apoyos a los más pobres y mantienen la paz al arbitrar los conflictos vecinales o familiares.

Se trata de la normalización del control total sobre economía, sociedad, vida cotidiana y política local que ejerce uno de los dos principales cárteles de drogas y delincuencia organizada que operan en México, advierte el analista experto en seguridad, Guillermo Valdés Castellanos. Es así como la demarcación del norte de Jalisco, de diez mil kilómetros cuadrados y menos de 100 mil habitantes, se ha convertido en un verdadero señorío feudal: nada se hace o se mueve sin autorización de “la plaza”.

“A raíz de que se publicó el video [de las comuneras wixaritari], lo más alarmante es reconocer que el Estado desaparece y los criminales se vuelven la autoridad legítima; o sea, la última parte del proceso de captura de instituciones es el momento en que se vuelve normal y legítimo que  los criminales sean la autoridad a la que hay que recurrir; y eso ya es gravísimo, es la consumación del narco estado en el ámbito regional”, resalta, en entrevista para este diario.

- Uno se preguntaría qué tipo de elecciones vamos a tener ahí, con estos factores de poder ya tan omnipresentes.

- No, desapareció allí la democracia, ya desapareció; porque los candidatos van a ser puestos por  ellos, protegidos por ellos y votados, si es que los votan, por no sé qué parte de la sociedad; entonces, en realidad, ya en esos territorios la democracia ya desapareció. Así, tan simple y tan grave.

- Porque sería delirante pensar que algún demócrata diga: me les voy a enfrentar en las urnas, ¿no?

- Así es, ¿con el respaldo de quién, con la protección de quién?; se quedaron indefensos frente al poder de las armas de estos señores; o sea, no hay poder ahí que valga lo que el razonamiento de un candidato que quiera regresar a que el Estado sea quien mande en este territorios, es imposible; creo que eso es una segunda conclusión terrible y la tercera es este proceso de, digamos, un crimen depredatorio, expoliador ,sin ningún escrúpulo de los grupos más pobres del país.

Vivir lejos del Estado

El problema es que el caso del Norte de Jalisco no es diferente al de numerosas regiones tomadas por el narco y con presencia apenas testimonial de la Guardia Nacional, pues los gobiernos estatales apenas las atienden y las policías locales están totalmente sujetas al mando de los cárteles. Según declaraciones públicas del jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), el general Glen VanHerck, en marzo de 2021, los cárteles operan en alrededor del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano, “en áreas que son con frecuencia ingobernables”. El gobierno mexicano lo negó, pero la experiencia de millones de mexicanos de áreas rurales dice otra cosa.

“La próxima presidente tiene ahí un trabajo enorme; esto no se puede revertir de golpe porque tienes que tejer fino, o sea, la seguridad se tiene que construir desde abajo hacia arriba y habrá que encontrar en los estados y en los municipios, con quién puede trabajar la Federación para poder empezar a revertir esto”, destaca Valdés Castellanos.

Agrega: “como una parte central de la política del nuevo gobierno, si quieres realmente frenar y revertir esto, habrá que diseñar y ejecutar una política muy clara de desarticulación de las organizaciones criminales, y de estas redes políticas de protección al crimen organizado. Para que me entiendan mejor: habría que hacer 50 michoacanazos, pero eficaces, sin que al final de cuentas el Poder Judicial te los eche para atrás”, indicó el también ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), autor de Historia del narcotráfico en México (Aguilar, 2013)

;Y hace la remembranza del “michoacanazo” con que inauguró su gobierno el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006): “hubo un motón de investigación, se detuvo una red de protección política que eran entre presidentes municipales, un subprocurador, jefes de policía, etcétera, y que al final acabaron saliendo libres por culpa de un juez corrupto, pero no porque hubiera estado mal hecho y no fuera importante ese tipo de investigación;  entonces tendría el próximo gobierno que diseñar operativos para desmantelar estas redes de protección y mandar el mensaje de ‘se acabó señores’, o sea,  al Estado va a regresar y a recuperar lo que ha perdido y eso tiene que ser con ejemplo claro de desmantelamiento de esas redes políticas de protección”.

Cuando los intereses de los grupos criminales se han enraizado en la sociedad de las regiones, la situación se torna más problemática. “Hay que hacer análisis más finos, pero en general la sociedad se pone del lado de los criminales, no porque quiera y tenga una cultura de criminales; se ponen de ese lado porque están indefensos y porque el Estado no hace su tarea. Entonces, en el momento en que el Estado vuelva a hacer su tarea y tenga presencia con sus dos caras, la cara de la ley y la cara del bienestar, vas a empezar a hacer que la sociedad se jale hacia el lado del Estado de Derecho”.

No obstante, “habrá que tratarse con pinzas aquellas comunidades en donde se dan estas divisiones incluso hasta familiares, donde algunos miembros participan en las organizaciones criminales y otros que no están de ese lado”. Valdés Castellanos pone como ejemplo el caso del municipio michoacano de Tancítaro.

“Como había integrantes de familias metidas con el cártel de la Familia michoacana, y víctimas de esta en los mismos núcleos familiares, la comunidad dijo: ¿saben qué? aquí todos los que cometieron algunos homicidios, algún asesinato, se van de la comunidad y no vuelven. La comunidad sabía quiénes eran, y no les importó si eran primos, tíos, hermanos, compadres; ellos mismos decidieron: tú mataste a mis primos, fulano mató a los tíos de mi esposa, etcétera. Nosotros no no los vamos a meter a la cárcel, no podemos, no tenemos esa atribución, pero se van de la comunidad”.

A su juicio, es solamente una manera en que desde la sociedad se tienen soluciones ante el enraizamiento de los intereses criminales, “aquí solamente se queda el que está comprometido con la ley y no tiene un crimen grave, pero la respuesta de fondo siempre, para que la sociedad no se cargue del lado de los criminales, es acercar al Estado, que esté presente con sus dos caras, y después ver qué haces con estas divisiones internas y cómo las tratas; pudiera haber casos de amnistía pudiera haber otro tipo de medios de justicia alterna, para la reconciliación, porque también tienes que promover una una política fuerte de reconciliación”.

Para Valdés Castellanos, el problema con los grupos criminales que ejercen controles territoriales y sociales agobiantes, como pasa con el CJNG en el Norte de Jalisco, es de alta prioridad, sea quien gane la presidencia de la república, y sea que se continúe concentrando el poder presidencial o se rescaten los equilibrios de poderes.

“La clase política que tiene un prurito mínimo de sentido de responsabilidad con el país, debiera comprender que la prioridad número uno es impedir que el crimen organizado se quede con el poder político. Entonces, yo creo que en todos los partidos hay gente que realmente ve el peligro y la amenaza de que acaben siendo empleados del crimen organizado. Debiera haber una especie de colaboración y pactos más allá del partido ganador y más allá de reformas del sistema político, por defender al Estado, cualquiera que sea la forma que tenga, o sea, tenemos que impedir un hiper presidencialismo, sí, pero pero con más razón si es hiperpresidencialismo cae en manos de un narco. Entonces este hay que acabar el hiperpresidencialismo, pero hay que poner las barreras muy claras para que el crimen no llegue, punto”.

Crónica de un crimen

El ganadero chihuahuense Víctor Manuel Ponce Ríos salió en 2013 del municipio de Saucillo, en la zona de Ciudad Delicias, para buscar un espacio seguro para su familia, ante la ola de extorsiones de los grupos criminales y la muerte de dos de sus familiares, uno secuestrado; otro ajusticiado por atreverse a reclamarlo. Tras vivir un año en Aguascalientes, busco un espacio para retomar sus actividades ganaderas, que encontró no muy lejos, en el norte de Jalisco, donde su experiencia como acopiador fue muy útil, pues es la única región del estado desde la cual se puede exportar ganado en pie a Estados Unidos, por estar libre de enfermedades infecciosas.

Pero su éxito fue contraproducente: “la plaza” local del CJNG, que secuestró el negocio a fines de 2022 (ver https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-cartel-captura-las-rentas-de-ganado-de-exportacion-del-norte-de-Jalisco-20221201-0032.html), no quiso privarse de sus talentos y lo obligó a ser uno de sus diez acopiadores en los municipios de la región. En delante, todo el ganado debería pagar un porcentaje a los dueños del territorio, y sería movilizado hacia destinos donde el beneficio aparente ha sido para grandes engordadores ligados con la organización criminal.

El ganadero fue asesinado entre mayo y junio de 2023. Pero los expedientes de la investigación del homicidio revelan que ya había denunciado una extorsión por dos millones de pesos a finales de 2022, a través de sus representantes, misma que la unidad de delitos contra la salud de la Fiscalía General de la República rechazó investigar por un tema de competencias, y a la que la visitaduría de Jalisco dio seguimiento, pero finalmente, de la que el propio denunciante se desistió.

“En fecha 27 de noviembre de 2022 […] me informó en relación al acercamiento de un funcionario público detallado como ‘el secretario de seguridad pública’ del municipio de Huejúcar, Jalisco, quien de primer momento le solicitó la entrega de dos millones de pesos en favor del presunto grupo criminal denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, con motivo de una cuenta pendiente relacionada con la compra de ganado vacuno propiedad del CJNG [sic], lo anterior con la finalidad de no atentar contra la vida de la familia”, señala un informe de Ramón Cristopher Arévalo Rivera, adscrito al Ministerio Público Federal en la unidad de investigación de delitos contra la salud (carpeta de investigación FGR-FEMDO-FED/FEMDO/UEIDCS-JAL/0000845/2022).

La investigación identifica a Fernando GG, comisionado de seguridad pública del Ayuntamiento de Huejúcar, quien a nombre del CJNG, el 27 de noviembre de 2022, exigió el dinero. Un día después, Víctor Ponce fue hincado y encañonado.

“La citada agresión se daba como consecuencia de que Víctor Manuel Ponce Ríos lo había engañado […] el presunto miembro de la delincuencia organizada le insistió en que esta situación había generado el problema, insistiendo en que le quitarían todo lo que tiene y si no entregaba el dinero mataría toda su familia”. Tras esto, “manifestó [el ofendido] que ya había llegado a un acuerdo con el mañoso (sic) y la iba a pagar la cantidad que pedía y después se iba a ir a Estados Unidos”, por lo que solicitó no dar seguimiento a la denuncia.

Todavía el 14 de marzo de 2023, un par de meses antes de la privación de la libertad que derivó en su asesinato, Ponce Ríos dijo telefónicamente al personal de la Visitaduría que no deseaba continuar con la indagatoria (expediente D-I/9387/2022) por los motivos referidos.

El 23 de mayo de 2023 fue secuestrado junto con su empleado Fernando García Pérez, de 24 años. Ese día, 20 civiles armados extrajeron de su rancho 151 cabezas de ganado, que movilizaron con documentación oficial de la Asociación Ganadera local de Huejúcar (ver https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-senores-del-ganado-y-la-plata-la-expansion-del-CJNG-en-el-norte-de-Jalisco-20230819-0024.html), para lo que falsificaron la firma de su hijo, legalmente el dueño del ganado, en el afán de fingir una operación totalmente legal.  

Las indagatorias de homicidio han acreditado presunta responsabilidad del jefe policíaco de Huejúcar y un policía que todavía no comparece, Pedro SG (a quien se le giró orden desde finales de 2023). En el caso del jefe policiaco, Fernando GG, también se encontraba prófugo, pero se presentó finalmente con la protección de un amparo y una coartada en la que fue apoyado por el secretario Francisco Manzanares, del municipio de Villa Guerrero -una demarcación ubicada a 50 kilómetros en línea recta del lugar de los hechos-, de que el día de la privación de la libertad y del saqueo de los bienes de Víctor Ponce, se encontraba en ese municipio en un negocio con particulares. El juez le compró el argumento, pese a contar con el testimonio de las víctimas sobrevivientes, sobre su vinculación explícita y pública al grupo criminal.

En cuanto a abigeato, están acusados el dirigente de la Asociación Ganadera Local de Huejúcar en el momento del crimen,  Miguel F., quien aportó las guías, y los ganaderos Roberto R., Martha M. y Orlando J., quienes aportaron las “formas valoradas” para acreditar ese ganado como de su propiedad.  Fueron elementos esenciales para “lavar” el delito, pues pusieron las partes necesarias para una compraventa con apariencia de legalidad.

A un año de la desaparición física de las víctimas, la justicia se ve lejos. Los procesos avanzan con lentitud (más en el caso de los homicidios), pero al menos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido un amparo(expediente en revisión 795/2023) para que el caso Ponce Ríos obtenga el reconocimiento pleno bajo la figura de “victimas de desplazamiento forzado”, tras vivir dos episodios de violencia, muerte y despojos de sus bienes, en busca de que se les reparen al menos los daños materiales.

“Esta resolución nos pone lo más cerca que hemos estado —en más de una década de lucha, duelo, incertidumbre, miedo y nuevas pérdidas irreparables— de obtener justicia y tener la posibilidad de reparar parte de los daños que hemos sufrido como consecuencia de acciones y omisiones del Estado que pusieron en riesgo la seguridad, vida e integridad de nuestra familia. La resolución del pasado 8 de mayo por los ministros, también considera aspectos generales del desplazamiento interno (por ejemplo, reconociendo responsabilidades del Estado, así como necesidades y retos particulares enfrentados por personas desplazadas internas), lo que representa una gran contribución para la lucha de quienes, como nosotros, han tenido que huir de sus hogares y abandonar todo para protegerse”, señala Anaís Ponce Reyes.  

Los amos del reino

La política del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es negar el control territorial del CJNG. Pero ha debido enfrentarse mediáticamente a personalidades tan relevantes como el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien personalmente fue detenido en un retén en la zona de Totatiche en junio de 2022. El prelado ha mantenido sus denuncias; ni siquiera los sacerdotes se libran de la extorsión y las amenazas.

El 25 de marzo de 2024, ratificó su diagnóstico sobre Jalisco: “en general se respira un clima de paz, pero no deja de haber manifestaciones, brotes de violencia, señales claras de que está presente el crimen organizado y que está activo; me refiero a los retenes, al cobro de piso, la presión que reciben las comunidades, y en ese sentido, no hay la paz que debiera haber…”.

-Las autoridades y los empresarios niegan este diagnóstico...

- Entonces que vayan a donde se cobra el derecho de piso; yo tengo noticias todos los días del clamor de la gente de lo que están sufriendo, por ejemplo, en los municipios del norte de Jalisco; hasta para la venta de una vaca interviene el crimen y les pide su cuota; todo eso es una realidad, no es una imaginación, no es una ocurrencia de nosotros. Nos viene de la comunicación que la gente tiene con nosotros…

Las dimensiones del despojo crecen. “Es increíble lo que están haciendo para adquirir ganado, lo quieren regalado. Muchos prefieren perder a sus vacas en el potrero, que se mueran de hambre porque no tiene para forrajes y hay sequía, a regalarlas. Están muy enojados”, revela un ganadero de Colotlán.

Los ranchos cambian de propietarios. Hay una historia interesante con una figura pública, un famoso actor y cantante de películas tipo B, Manuel de Luna, El Fuereño, a quien no se ve  desde noviembre de 2022.

“Arnoldo de Luna Montoya, conocido en el mundo artístico como Manuel de Luna el Fuereño, desapareció el 30 de noviembre de 2022 en Colotlán en Jalisco; fue visto por última vez en el barrio de Acaponeta. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco difunde su ficha de búsqueda y la de su padre J. Loreto de Luna Carrillo de 82 años de edad, quien también se encuentra desaparecido”, publicó el medio Frontal Noticias.

Ya no apareció. Un rancho en el que residía, a menos de cinco kilómetros de la cabecera de Colotlán, quedó abandonado, hasta hace tres meses, en que llegaron con maquinaria a transformar la propiedad. Hoy recibe cientos de reses de las zonas contiguas dentro del esquema de comercialización del CJNG.

Es el nuevo orden de las cosas en el norte de Jalisco. Por eso no es extraño que los sacerdotes deban pedir permiso a la plaza y entregar hasta 50% de lo que recaudan en fiestas patronales; que los jefes controlen el comercio de alcohol y lo monopolicen en las fiestas; que organicen la presentación de bandas musicales, peleas de gallo, espectáculos taurinos, y que palomeen a los candidatos que aspiran a gobernar, siempre bajo sus condiciones. Desfilar a plena luz del día con equinos de alto registro y armas de alto poder no debería sorprender, cuando ya las miles de vidas de la región están regidas por los arbitrarios amos de este territorio. Los presidentes municipales que asuman en tres meses lo saben muy bien. Aunque el asombro por la desaparición del Estado mexicano siga doliendo en las personas comunes.