El INAI y Tayikistán

El principio es muy sencillo: está en el propio interés del gobernante ofrecer a los gobernados la transparencia de sus acciones para cimentar la confianza y credibilidad. Ello presupone que se actúa con limpieza y apego a la ley. Pero si el gobierno maniobra en forma ilegal, desconociendo las leyes e incluso cometiendo delitos, tendrá el incentivo a la opacidad y a obstaculizar que la sociedad vigile o fiscalice las políticas y presupuesto de las entidades del estado para fomentar su rendición de cuentas.

Esa es la única explicación por la cual López Obrador quiere dinamitar al INAI. Pero dado el fundamento del artículo 6º, fracción VIII se requiere una modificación constitucional para eliminarlo. Como López Obrador ya se percató que ese camino tiene pocas probabilidades de éxito, ahora aplica mañosamente acciones para dejarlo inoperante al vetar que el Congreso designe a los comisionados vacantes. El INAI no puede sesionar porque solo tiene cuatro de siete comisionados en funciones. Para justificar esta acción, emanan de la mañanera todo tipo de descalificaciones absurdas: “El INAI es una simulación… no sirve para nada… cuesta mucho… no castiga a la corrupción”.

Para favorecer la opacidad, el gobierno reserva cada vez más información con el dudoso pretexto de la seguridad nacional. Así, los ciudadanos no podemos conocer, por ejemplo, el detalle de los gastos en Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA. Se coarta así un derecho de la sociedad.

A López Obrador se le olvida que el INAI (nacido como IFAI en 2002) no surgió de las entrañas del poder burocrático o político, sino como un fenómeno inédito de movilización de la sociedad civil representada por académicos, partidos políticos, periodistas, analistas y escritores aglutinados en el llamado “Grupo Oaxaca”. Al querer dinamitarlo, está embistiendo la legitimidad de un logro de la sociedad.

Qué mejor ejemplo de la utilidad del INAI para aclarar la venta del avión presidencial. Las explicaciones oficiales son imprecisas, engañosas y dolosas. Se malbarató la aeronave pues 92 millones de dólares están por debajo de un avalúo independiente reciente. No hay ninguna claridad entre la maraña de la operación que involucra a Banobras, a Sedena, al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, a la Tesorería, a Boeing. Hay una triangulación inexplicable de recursos y al final no queda claro cómo, a quien y cuánto se pagó. Por otro lado no olvidemos que el gobierno extorsionó al sector empresarial con una “rifa no rifa” de 6 millones de boletos a 500 pesos incluidos unos tamales de chipilín.

Finalmente, el ciudadano tiene derecho a conocer cómo se negoció que el comprador fuese el gobierno de Tayikistán. Es un país con el que se tiene una escasa relación, es una nación con un gobierno dictatorial con fuertes sospechas de ser un narco estado, restringe derechos de expresión y es la segunda economía más pobre de Asia. Su presidente E. Rahmon está en el poder desde 1994 y es aliado incondicional de Putin. Los tayikos ahora podrán estar orgullosos de contar con un lujoso avión, a pesar de su pobreza.

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