El Poder Judicial y el presupuesto

“Uno no sabe para quién trabaja”, solemos decir cuando se produce una paradoja inesperada. Esto parece suceder en el caso de la relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial en el que aquél ha buscado someter definitivamente a éste por distintas maneras y, con ello, diluir a la división de Poderes. La señal más reciente y, al parecer, la más dolorosa, fue por la vía presupuestal.

El voto de legisladores del oficialismo, apoderándose de fideicomisos judiciales por más de 15,000 millones de pesos durante la discusión del Paquete Económico del 2024, logró lo nunca visto: trabajadores de juzgados y tribunales tomaron las calles para protestar por la apropiación de sus recursos.

Paradójico que funcionarios de esos juzgados que se han ostentado como garantes del presupuesto, negando cuanto amparo les fuera presentado por los contribuyentes –ciudadanos y empresas que con sus impuestos construyen el gasto público– para otorgarle al fisco interpretaciones legales sinsentido, pero recaudatorias, sean quienes hoy se sienten víctimas de un recorte presupuestal.

Y no es que les falte razón. El tema –insistimos– es que la empatía que ahora demanda el Poder Judicial de la sociedad –y que ha obtenido– para defender su presupuesto y, con ello, la autonomía de jueces, magistrados y ministros del poder presidencial está muy lejos de la óptica que ha tenido el Poder Judicial cuando hubo que resolver conflictos entre las autoridades fiscales y los particulares.

La Secretaría de Hacienda, quien ha recibido por años sentencias a favor de los tribunales federales, es quien ahora tomará esos recursos de los fideicomisos para destinarlos a un fin diverso. De nada sirvió que la Corte le obsequiara al SAT un requisito para rechazar la deducibilidad de erogaciones –la llamada fecha cierta– formalidad que la propia Corte reconoció carecía de base legal, elevando artificialmente la recaudación del ISR. De nada sirvió que la Corte retorciera la lectura de la Ley del IVA y del Código Civil para rechazar el acreditamiento del IVA y, con ello, evitar devoluciones de este impuesto. Con el tiempo –como lo declaró recientemente el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa– los juzgadores se convirtieron en auxiliares de la recaudación. Así, sin empacho alguno.

Estamos claramente por la división de Poderes y, por ende, con la defensa irrestricta del Poder Judicial y de un presupuesto que fortalezca su autonomía. Sin embargo, esta independencia tiene que ser plena y ello implica no someterse a la hacienda pública so pretexto de apuntalar los recursos que sostienen al aparato estatal, incluidos los tribunales federales. Este modo de litigar del fisco con la amenaza de que una resolución a favor de los contribuyentes dañaría la viabilidad presupuestal de los tres Poderes federales debe terminar de una vez y por todas.

En el pasado se concedieron innumerables amparos fiscales y nunca cayó la recaudación. Tan solo se revisaban los textos legales impugnados, se corregían las inconsistencias constitucionales invocadas y se reforzaba la normativa fiscal para recaudar mejor. Los tribunales deben valorar que el presupuesto que propone anualmente el Ejecutivo Federal se integra de los impuestos que aportan los particulares que son para quienes, en última instancia, trabajan.

Eliminados, 13 fideicomisos

Eliminados

Fueron 13 los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación los que fueron eliminados por los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y el  Partido Verde Ecologista de México.

Pensiones

El 3 de abril de 1996 la Suprema Corte creó el fondo de pensiones complementarias para servidores de mando superior, que hoy es operado por Nafin. Al 30 de junio, tenía 484 millones 109,941 pesos.

Extinción

Los órganos del Poder Judicial que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos.

@erevillamx