El caso de las “broncofirmas”

El pasado 16 de marzo, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León detuvo al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. Ejecutó una orden de aprehensión por la presunta comisión del delito de peculado electoral. Los hechos ocurrieron en 2017, cuando El Bronco realizó su campaña para conseguir el registro como candidato independiente a la presidencia de la República.

El caso de las “broncofirmas” muestra con claridad el alcance y las limitaciones del sistema de fiscalización de las finanzas de campañas y partidos políticos. A partir de información difundida por el periódico El Norte, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE inició una investigación sobre los beneficiarios de las tarjetas “Saladazo OXXO”. De acuerdo con la nota periodística, los plásticos se utilizaron para pagar a los “auxiliares” que recolectaban firmas de apoyo al registro de la candidatura presidencial del entonces gobernador de Nuevo León.

El INE obtuvo la información de las cuentas desde donde se dispersaba el dinero y los nombres de los beneficiarios. Cruzó los datos con el padrón de servidores públicos del gobierno de Nuevo León, y bingo. Gracias a la obligatoriedad del uso de la app para recabar firmas de apoyo, el INE pudo identificar a 572 empleados del gobierno estatal que a la vez eran auxiliares. Tenía pruebas también que recababan firmas en días y horas hábiles.

Con la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el INE pudo identificar el origen de los recursos. El dinero –unos 6.6 mdp– provenía de las cuentas de 19 empresas mercantiles, entre las que destacaban Grupo Comercial Gruton, Piserra Construcciones y ATTAR 2715, a la postre identificadas por el SAT como empresas fantasma.

El INE tenía evidencia que la recolección de firmas de apoyo ciudadano a favor del entonces gobernador de Nuevo León se había beneficiado de recursos públicos y de dinero proveniente de fuentes prohibidas. Adicionalmente, la UTF encontró pruebas de triangulación de dinero de empresas mercantiles a la asociación civil creada para gestionar los recursos de la campaña de El Bronco.

Con información proporcionada por la CNBV, el INE descubrió un esquema de donantes simulados. Unas 23 personas habían hecho aportaciones a la asociación civil al día siguiente de recibir en sus cuentas depósitos por exactamente la misma cantidad. Según constaba en sus declaraciones fiscales, los aportantes habían realizado donativos por cantidades superiores a los 100,000 pesos sin tener la capacidad económica. 

Al resolver las quejas en materia de fiscalización, el INE impuso una multa de 739,000 pesos a Rodríguez Calderón. Valuó el uso de recursos humanos del gobierno de Nuevo León en 2.6 mdp y los acumuló en gasto para verificar si se había presentado un rebase de topes, lo cual no ocurrió. Inició también un procedimiento contra las personas físicas y morales involucradas en las aportaciones ilegales, que se resolvió en enero de 2021 con la imposición de multas.

La fiscalización que realiza el INE tiene como objetivo proteger la equidad de las contiendas electorales, no perseguir la corrupción política. Esto último le corresponde al ministerio público, mediante fiscalías especializadas en delitos electorales y de corrupción. Sin embargo, traducir los hallazgos del INE en acción penal no ha sido nada sencillo.

En el caso de El Bronco, llama la atención que, siendo el peculado electoral un delito federal, la orden de aprehensión la haya ejecutado una agencia estatal. Asimismo, hasta ahora las autoridades electorales han dejado en firme que la campaña de recolección de firmas de Rodríguez Calderón se benefició de actos que pueden constituir delitos; una cosa diferente será probar que es penalmente responsable de ellos.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif