El caso del IFT es diferente

La presentación que Claudia Sheinbaum hizo la semana pasada ante las cúpulas de los empresarios, en la que anunció la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones generó muchas inquietudes, interpretaciones y nerviosismo entre algunos, que apuntan a una inminente desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el órgano constitucional creado como resultado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013, que sabemos está incluido en una de las iniciativas que el presidente López Obrador envió a principios de febrero de este año al Congreso de la Unión, que propone desaparecerlo, junto con otros órganos autónomos.

Antes de hablar del posible destino del IFT hay que señalar que, a partir de la reforma de 2013, se estableció un arreglo institucional con naturaleza jurídicas y mandatos muy específicos distribuidos entre una autoridad reguladora, el IFT; y una autoridad o autoridades encargadas de diseñar e impulsar las políticas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Al IFT se le dotó con un mandato claro, para regular las redes, el uso y explotación del espectro radioeléctrico y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. También se le otorgaron las atribuciones, y el mandato, para ser la autoridad en materia de competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión.

Por otro lado, el diseño e impulso de políticas públicas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económicas se mantuvieron dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, vía los artículos Décimo Cuarto y Décimo Séptimo Transitorios del Decreto de la Reforma Constitucional, es decir, que también tienen rango constitucional.

Así que el Poder Ejecutivo sí cuenta con atribuciones y mandatos claros para ejercer la rectoría en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión mediante el diseño de políticas públicas, a las que el IFT en su papel de órgano regulador deberá de contribuir. Bajo la actual administración esa atribución el Ejecutivo ejerció de manera muy pobre su papel como autoridad en materia de políticas públicas, particularmente por lo que hace a la política de inclusión digital universal a la que se refiere el Décimo Cuarto Transitorio.

Ahora bien, a diferencia de las demás autoridades con autonomía constitucional, las atribuciones y mandato del IFT no solo están previstas en la Constitución, sino que también quedaron plasmadas en el texto del T-MEC, bajo una fórmula muy específica, que es un pie de página, por medio del cual México asumió el compromiso de que su autoridad reguladora contará con autonomía constitucional.

Así está previsto en el capítulo 18 en materia de telecomunicaciones, que en su artículo 18.17, relativo a Organismos Reguladores de Telecomunicaciones, establece para el caso de nuestro país: “Para México, el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento, y tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, en los términos establecidos en la ley mexicana existente.”

Ello no es un impedimento permanente para que México modifique el texto constitucional y en su caso la naturaleza jurídica del IFT, pero sí implica que, ante una decisión para emprender una modificación de ese tipo, Estados Unidos y Canadá argumentarán que se está instrumentando un cambio en las condiciones y compromisos asumidos en el T-MEC, y muy probablemente, a cambio de no emprender una disputa comercial, exigirán concesiones comerciales a cambio.

Así que el escenario ideal es uno en el que el Poder Ejecutivo asuma un rol activo en el diseño de políticas públicas, y el IFT como órgano regulador cumpla de manera efectiva su mandato, y entre ambos diseñen un mecanismo de coordinación que mejore no solo la posibilidad de que todos los mexicanos se puedan conectar a alguna red de telecomunicaciones, sino que sean redes modernas, de alta velocidad, y que desde luego, las personas tengan las habilidades para sacar el mejor provecho a esa conectividad. Así que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tiene frente a sí una oportunidad fundamental en materia de diseño de políticas en materia de telecomunicaciones, y sí, enormes desafíos. En ese horizonte de retos, tanto el Ejecutivo como el IFT tienen un papel que cumplir.

@GerardoFloresR