El juez Gómez Fierro, gran villano para la 4T

El juez Juan Pablo Gómez Fierro lo hizo de nuevo: puso en suspenso otra iniciativa de López Obrador y su gobierno con nuevas reglas en el sector energético. Esta vez dictó la suspensión provisional de algunos artículos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica siguiendo un criterio jurídico con el que ha sido consistente: libre concurrencia, libre competencia y medio ambiente sano. Es muy probable que la suspensión sea declarada como definitiva debido al historial de Gómez Fierro juzgando casos de energía, a menos que algo más relacionado con lo político que con lo jurídico se atraviese en el camino.

Gómez Fierro es el nuevo gran villano de la llamada “cuarta transformación”. Nadie colgará un retrato suyo ni en los pasillos de la Secretaría de Energía ni de la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco en Presidencia, a no ser que lo utilicen para jugar a los dardos.

El presidente, en su mañanera del 12 de marzo, lo acusó de actuar “al servicio de particulares”. Dijo: “Estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional”, en referencia a los titulares de los dos Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Aunque también ha habido suspensiones a la nueva política energética en juzgados administrativos.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, fue más visceral, más Nahle, pues: “Vamos a pedir una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actuar de este juez”, dijo en entrevista con Aristegui. “El juez, en menos de 24 horas, sin un estudio previo, sin tiempo de análisis otorga de facto esta resolución”.

Es claro que Nahle quiere ocultar con pirotecnia la trayectoria de Gómez Fierro; la suspensión provisional concedida el jueves es consistente con todo el trabajo del juez en esta materia. Basta leer sus resoluciones. Pero, ya se sabe, es la guerra por imponer la versión oficial de la realidad. (“El ejercicio del poder no es puramente un ejercicio de acción: es un ejercicio también de ficción y muchas veces con un sentido de ficción más profundo que el literario”, describió el intelectual Carlos Montemayor hace años).

Gómez Fierro es el juez titular del Juzgado Segundo desde el 16 de febrero de 2020, en sustitución de Silvia Cerón Fernández.

El Gobierno federal ha intentado modificar las reglas del sector energético, primero, por la vía de los acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, luego, a través de su mayoría en el Congreso para cambiar la ley. Gómez Fierro y el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado Primero de Distrito, han controlado ese plan poniendo freno a decisiones del Ejecutivo y luego del Legislativo que, según sus apreciaciones jurídicas, podrían dañar la competencia (con sus vertientes desde los competidores y para los consumidores) y afectar irremediablemente el medio ambiente.

El historial es largo en un periodo muy corto para los dos juzgados especializados en competencia (enlisto por fecha de aparición del asunto judiciable): octubre de 2019, primeros amparos contra los nuevos CEL (Certificados de Energía Limpias); abril de 2020, acuerdo del Cenace sobre el despacho de electricidad; mayo de 2020, política de confiabilidad de la Secretaría de Energía; junio de 2020, nuevas tarifas de porteo de la CFE y la CRE (Gómez Fierro negó la suspensión, lo que benefició al Gobierno federal, pero el Tribunal Colegiado sí otorgó la suspensión); octubre de 2020, restricciones de la CRE para la inclusión de nuevos socios autoabastecidos; diciembre de 2020, acuerdo de las secretarías de Energía y de Economía con nuevas reglas para importadores de petrolíferos e hidrocarburos; marzo de 2021, reforma eléctrica en el Congreso de la Unión.

Pedí la opinión de distintos abogados litigantes sobre el ejercicio de Gómez Fierro. Todos, que han tramitado asuntos en el Juzgado Segundo de Distrito, destacaron una cosa: este juez ha fallado a favor y en contra de las compañías que han acudido a su juzgado a pedir el amparo de la justicia. No tiene una línea consistente para beneficiar a un lado o a otro. Se le reconoce como un juez con técnica, específico y minucioso. Su labor, opinaron, ha sido objetiva e independiente, con ideas progresistas y novedosas en asuntos de alto impacto en la sociedad, como son los temas del sector energético. Y, por supuesto, es consciente de los efectos políticos de sus decisiones.

Gómez Fierro ha tenido sensibilidad para aplicar los controles de constitucionalidad y de convencionalidad, ponderando lo mismo el peso de la Constitución sobre las normas impugnadas que el peso de los mecanismos internacionales suscritos por México como  la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de París o el Acuerdo de Escazú.

Entre sus peculiaridades se encuentra la de ordenar de manera explícita efectos generales de sus suspensiones, algo infrecuente en el juicio de amparo: dar la protección a un solo quejoso sería darle beneficios sobre los demás competidores del mercado. Sin ser explícito, el juez De la Peza también ha dado criterios de generalidad a sus suspensiones: en lugar de dictar actos positivos a favor de los quejosos, determina imposiciones a la autoridad sobre la manera de hacer las cosas, lo que provoca efectos generales para todos los participantes del sector.

El presidente López Obrador está enojado. Anunció que irá al Consejo de la Judicatura Federal para quejarse de Gómez Fierro, pero una queja contra este juez sólo debe proceder en caso de actuaciones irregulares, nunca por la aplicación de su criterio jurídico. La independencia de los jueces, incluso dentro de la Judicatura, es como la libertad de cátedra dentro de las universidades. La Judicatura no puede negar los antecedentes de Gómez Fierro ni la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que falló a favor de Cofece en la acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de mayo de la Secretaría de Energía.

El Gobierno federal debe pelear en tribunales en lugar de intentar cambiar las decisiones judiciales por la vía política. López Obrador está en su derecho de hablar con quien quiera y con quien lo reciba, pero debe respetar la autonomía del Poder Judicial. Pero lo más importante: el Poder Judicial debe respetar y defender su propia autonomía.