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Opinión

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El legado de Bartlett y AMLO

Mucho se ha dicho sobre los problemas que enfrentará la próxima presidenta. La inseguridad desbordada, el control del crimen organizado de una parte importante del territorio, insustentabilidad fiscal creada por una bomba de pensiones, el aumento de programas sociales en conjunto con la falta de reforma fiscal, el problema financiero de Pemex, y un largo etcétera. Pero un tema crucial es el desastre en electricidad que Bartlett heredará al próximo gobierno.

Las causas son conocidas: hay un déficit importante en generación. Este déficit viene del aumento de la demanda por el crecimiento económico y dinámicas poblacionales, y la falta de aumento en la oferta. Hasta ahora, esto se ha mitigado porque la CFE no ha retirado todas las plantas viejas, caras, sucias y obsoletas a las que se había comprometido en los planes anteriores. Pero la historia nos alcanzó. No hemos aumentado la oferta porque se frenó la inversión privada, motivado por un nacionalismo y estatismo trasnochado, la suspensión de subastas y el cierre de ventanillas para la obtención de permisos de generación bajo cualquiera de las modalidades que la ley vigente permite, y las interconexiones que incluso tienen plantas totalmente construidas sin generar. La promesa de la CFE de construir plantas de ciclo combinado no se cumplió; todas llevan años de retraso y, cuando estén listas, se supone a fin de año, algunas como las de la península de Yucatán no tendrán gas para operar porque apenas se inició la ampliación del gasoducto que les llevará gas. Por si fuera poco, la CFE tampoco realizó inversiones en transmisión y distribución, donde sí tiene exclusividad, lo que podría darle cierta flexibilidad al sistema para llevar energía de un lugar a otro en el país.

En generación eléctrica, como en todas las inversiones en infraestructura, los procesos son muy largos. Tanto en renovables como en proyectos de gas natural de ciclo combinado o abierto, un proyecto, desde su concepción hasta la fecha de operación comercial (COD), que incluye la ingeniería, la procura, la construcción y todo el proceso de permisos, toma mínimo 3 años, pero por lo general son procesos de entre 4 y 6 años. Esto, bajo las condiciones óptimas de permisos y asumiendo que los inversionistas institucionales están listos para volver a invertir en energía en México. Si no se tiene amarrado el financiamiento ni los permisos, estos procesos pueden durar aún más. Contra eso no hay nada que se pueda hacer.

Desde el inicio de su mandato, la próxima presidenta enfrentará un sistema eléctrico con márgenes de reserva alarmantes, y eso que aún no llegamos al verano, cuando la demanda sube aún más. El problema es que solucionarlo requerirá tiempo, más allá de un simple cambio de políticas públicas.

El inicio de la solución es permitir más inversión privada en generación bajo el marco legal vigente, y que la CFE y el Estado inviertan en transmisión y distribución. Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos no rendirán frutos en al menos los próximos 3 o 4 años. Las temperaturas seguirán subiendo y, lo que se está materializando de nearshoring, que es poco, seguirá aumentando la demanda. Seguiremos viendo al sistema acercarse a puntos críticos, con cortes de luz y un aumento en precios de electricidad, lo que implicará más subsidios para las tarifas domésticas y una pérdida de competitividad de los grandes consumidores.

Esta será el legado de este gobierno, de AMLO y Manuel Bartlett. En un sector vital, cada día más importante, dejan un desastre.

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