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El ocaso de Abengoa
Casi ocho años han pasado desde que Abengoa México ingresó a las grandes ligas, entre los contratistas del gobierno federal: era el último tramo de la administración de Felipe Calderón y la primera generación de las reformas legales, que abrían el sector energético a las inversiones privadas —luego vendrían los capitales extranjeros—, ya estaban plenamente vigentes.
En el 2009, la firma española había ganado la licitación pública internacional para construir una nueva planta de cogeneración de energía eléctrica, el Complejo Procesador de Nuevo Pemex, Tabasco —la más grande del país—, y un año después entregaba la megaobra, que sería inaugurada por Calderón Hinojosa y el entonces gobernador, Andrés Granier.
Abengoa llegó a México en los sexenios panistas, pero con los priistas tampoco le iría mal. Ese año —con Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México— ganaron la licitación para construir y operar el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Oriente, en Texcoco, una asociación público Privada para invertir 45 millones de dólares, que tendrá vigencia hasta el año 2030.
En el sexenio peñista, la firma ibérica estaba llamada a ser líder en el mercado eléctrico y de generación de energía, con la construcción del campo híbrido solar-gas Agua Prieta II y la central de Ciclo Combinado de Centro Morelos. ¿Su obra insignia? El Acueducto el Zapotillo, el mayor proyecto hidráulico en la última década, concesión otorgada por la Conagua a Abengoa, nombrándolo como único operario durante 25 años.
Desde hace tres años, empero, todo dio un vuelco dramático. Las calificadoras habían advertido de los problemas que atravesaba. No obstante, el gobierno mexicano le concedió el beneficio de la duda. Así, el Infonavit colocó 724 millones de pesos en cinco emisiones de Abengoa México, que representaba 33.22% sobre las emisiones vigentes de la firma ibérica. Un hito en las inversiones en valores realizadas por Infonavit.
Hasta el cierre del 2014, el Infonavit tenía invertidos en valores más de 33,965 millones de pesos, distribuidos en 10 emisiones distintas; dos correspondían al gobierno federal y una más a Nafin, que comprenden 93.35% de las inversiones, y las siete restantes correspondían a empresas privadas.
Para diciembre del 2015, la emisión 00515 de Abengoa México presentó un incumplimiento en el pago de la amortización del título. Para abril del 2016, estaba al borde de la quiebra. Un año después —en medio, una auditoría forense encargada al despacho E&Y—, el Infonavit procedió al despido de la gerente de régimen de inversiones, María Fernanda Santiesteban Calderón, según consta en el expediente 19/2017. De las responsabilidades de la Contraloría General o de la subdirección de planeación y finanzas, nada. El exsubdirector de planeación y finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón, siguió a su excompañero del ITAM a Oaxaca, donde actualmente se desempeña como jefe de la gubernatura (sic).
En concurso mercantil desde hace 10 meses, Abengoa México no pudo abonar los 20 millones de dólares que debía pagar a sus acreedores. Desde hace tres años, acarrea estos incumplimientos de pagos. El reporte a la autoridad regulatoria estipula que esta moratoria no afectará a la matriz en España, que hace nueve meses está renegociando pagos por casi 350 millones de dólares con Banco Base y el resto de los consignatarios de su deuda.
Tal reestructuración excluyó a las filiales de México, Argentina, Uruguay y Perú, con lo que quedaron canceladas las deudas entre ambas partes. En el caso de Abengoa México, este proceso implicaría perder el derecho de cobro sobre una deuda de 180 millones de dólares con Abengoa España. El futuro del “tercer tren”, la planta de cogeneración eficiente en Nuevo Pemex, Tabasco, no está sujeto a estas vicisitudes; su venta —clave en el acuerdo de reestructuración de la matriz— ya está pactada en Madrid.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿CONGELADOS? Un caso al mes es resuelto por la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo con su boletín mensual. Actualmente, hay 25 procedimientos de investigación por conductas anticompetitivas. Entre éstos, la reciente denuncia por prácticas monopólicas en el mercado del azúcar y otras dos que continúan en trámite. Una es la reclamación contra ESSA y Mitsubishi Corporation, por su control del mercado de la sal industrial y la otra, tramitada por el IMSS, contra seis empresas integradoras de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre —Centrum, Falcon, Dicipa, Impromed, Hemoser y Selecciones Médicas del Centro—, que se vio respaldada por un punto de acuerdo emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la Cofece a sancionar sobre las conductas denunciadas. El último trimestre del sexenio está en curso y estas resoluciones siguen pendientes.
NOTIFICACIÓN. El pasado viernes 21, el Semanario Judicial de la Federación publicó la tesis que confirma la plena vigencia de los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que todos los servidores públicos —por mandato constitucional— están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, sin que pueda considerarse que aquellos que estaban en activo antes de la reforma constitucional del 2015, que introdujo el Sistema Nacional Anticorrupción —y que no estaban obligados a presentarlas—, adquirieron el derecho de no hacerlo. ¡Ni modo!
IMPARES. Los dos cuadrantes de la colonia Roma, en la región sur de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fueron ubicados en el lugar 30 entre los 50 barrios más cool actualmente en el mundo por la revista Time Out. En el ranking aparecen Botafogo, en Río de Janeiro (28), la nueva Villa de Aburrá, en Medellín, y Palermo Soho (41), en Buenos Aires. Este cuarteto es el representativo de América Latina.