El verdadero legado de AMLO

Me queda claro que los presidentes de México han acostumbrado a usar las instituciones para sus intereses partidarios o personales. Algunos los han hecho con cierta discreción, otros de manera más abierta y no es extraño que disfracen estos actos con un ropaje legalista. Son algunas de las atribuciones metaconstitucionales de la Presidencia. Como dice Serrano Migallón: “Esto es, se formó un grupo de facultades metaconstitucionales con efectividad real”. Sin embargo, con la transición iniciada en 1994 pasamos a cuestionarnos estas “facultades” y transitamos de mandatarios demasiado poderosos a otros acotados por los medios, las demás fuerzas políticas, los mercados, las instituciones, los otros Poderes, las leyes, etc. 

Ciertamente, Calderón y Peña tuvieron un margen de maniobra política menor que Díaz Ordaz o Echeverría, para nombrar algunos. Pero AMLO es un fuera de serie. Ganó la elección de 2018 de forma clara y la del 2024 de manera aplastante. A medida que avanzó en su sexenio se percató de que podía hacer casi cualquier cosa y de manera abierta, ante la indiferencia o, incluso, la aprobación de sus seguidores. Fue reconstruyendo estas facultades metaconstitucionales.

Si hay algo que agradecer a López Obrador es haber demostrado que nuestra democracia es frágil y que las instituciones no están lo suficientemente blindadas y armadas con las herramientas legales para asegurar su cometido, como muchos sospechábamos. En gran parte, esto se debe al deseo de partidos y políticos por conservar el control de lo político. Por supuesto, nunca se imaginaron que estas deficiencias se volverían contra ellos.   

En la mañanera del 3 de julio AMLO volvió a mostrar que sus excesos e ilegalidades las comete públicamente sin mayor consecuencia. Ese día invitó a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia (es un decir) Financiera (UIF), a hablar sobre una supuesta investigación en contra de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, expuesta por la columnista Peniley Ramírez en un texto publicado en Reforma días antes. 

Recordemos que la UIF es un órgano técnico, sin embargo, es claro que desde principios del sexenio se ha utilizado con fines políticos. Esto lo dejó patente Pablo Gómez al referirse al trabajo periodístico de Latinus como “de calumnias y difamaciones” y de “enemigos jurados del régimen”, clasificaciones políticas que no le tocaba hacer al titular de la UIF, pero que revelan la intencionalidad del gobierno, a menos que caigamos en la ingenuidad de creer que con esas opiniones se puede hacer una investigación apegada a la ley. Por cierto, es una lástima que “casualmente” la mayoría de los diarios hayan omitido estos ataques totalmente políticos en sus resúmenes de la mañanera. Muy conveniente. 

Gómez aseguró que se investiga a Latinus desde mayo de 2021 por actividades ligadas al lavado de dinero y corrupción, pero negó que las indagaciones incluyan a Carlos Loret de Mola o cualquier otro periodista que preste sus servicios a la empresa. Más adelante señaló que hay dos empresas (BCG Limited Consulting SA de CV y Digital Beacon Programatic Services SA de CV) de cinco que conforman el consorcio Latinus que “son utilizadas como instrumentales y cobran de entidades públicas, las cuales reciben productos farmacéuticos” (SIC). La exposición del titular de la UIF fue, por decir lo menos, confusa. No mostró, luego de más de tres años de investigación, ninguna traza de estar sustentada, solo suposiciones y adjetivos. 

Pero el titular de la UIF fue más allá, exhibió la lista de pagos realizados por las compañías investigadas entre 2020 y 2024 a periodistas y colaboradores de Latinus, entre ellos destacan: Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Lorenzo Córdova, Fernando Del Collado, Jesús Silva Herzog, Denise Dresser, María Scherer Ibarra, Guillermo Sheridan y Claudia Bárbara de Regil, entre otros.

Aquí cabe hacer unas preguntas: ¿si no se está investigando a ningún periodista por qué exhibir los pagos que recibieron como si de algo ilegal se tratara? ¿Por qué violar la ley de protección de datos si estos pagos son datos confidenciales? La respuesta es sencilla: presentaron los datos para insinuar que podrían ser ilegales o, como le gusta decir a AMLO, inmorales por ser pagos que rebasan lo que gana el presidente, que es la métrica nacional. 

Estamos ante una conducta delictiva auspiciada por el presidente López, un abuso de poder que confirma que van contra Latinus, lo cual es una forma de persecución indirecta contra la libertad de prensa y los periodistas. Se quiere, con este ejemplo, amedrentar no solo a esta empresa, sino a toda la prensa. 

López Obrador dejará el legado de ser el gobierno más fracasado en cuanto sus objetivos y de ser un enemigo de la prensa.