En defensa del INE

La iniciativa del presidente López Obrador de desaparecer al INE y al Tribunal Electoral para sustituirlos por órganos de elección popular parece la típica ocurrencia populista: una solución simplista a un problema complejo. En este caso, promete acabar con las cuotas partidistas y garantizar la imparcialidad, mediante un sistema que “busca reinvindicar a la ciudadanía como fuente del poder”.

Sin embargo, hay bastante más que eso. Como diría Shakespeare, a menudo en la locura hay cálculo. El principal impulso detrás de la iniciativa del presidente López Obrador es la venganza. El político tabasqueño culpa al INE de sus derrotas en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012.  “Avalaron el fraude electoral” ha dicho sobre los consejeros del INE  en repetidas ocasiones.

Si hubiera alguna duda sobre las motivaciones del presidente López Obrador, basta recordar el momento en que anunció su intención de promover una reforma electoral. Ocurrió en 2021, luego que el INE retirara el registro como candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado y Raúl Morón.

El INE impuso la sanción prevista en la ley por incumplir la obligación de presentar el informe de gastos de precampaña. Luego, la Sala Superior del Tribunal Electoral la confirmó. López Obrador acusó a los consejeros electorales y magistrados de actuar de manera antidemocrática. Dijo entonces que presentaría una “reforma administrativa” para evitar la dispersión que genera la existencia de órganos autónomos.  Sugirió entonces que el INE debía formar parte del Poder Judicial.

Con el paso del tiempo, cambiaría el sentido de su propuesta, pero la intención seguiría siendo la misma. La venganza contra el INE y el Tribunal Electoral con la remoción de consejeros electorales y magistrados, pero en lugar de subsumirlos en el Poder Judicial, el presidente López Obrador hizo suya una idea aún más temeraria: adoptar la elección popular como método para la integración del Consejo General del INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Finalmente, el pasado 28 de abril, a un par de días que concluyera el periodo de sesiones del Congreso General, el político tabasqueño presentó su iniciativa de reforma electoral. En los detalles se puede apreciar lo que hay de cálculo en esta locura presidencialista. Propone que el máximo órgano de gobierno del INE se integre por siete consejeros electos popularmente por periodos de seis años, a partir de listas de 20 candidatos elaborados por los tres Poderes de la Unión, 60 en total.

A las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado, hoy controladas por Morena y sus aliados, le correspondería postular veinte candidatos al Consejo General del INE; presidencia de la República, hoy ocupada por el tabasqueño, propondría otros veinte, y finalmente la Suprema Corte de Justicia elaboraría otra lista de veinte aspirantes más. Llegarían al cargo de consejero electoral los siete más votados y la presidencia quedaría en manos de quien más votos obtuviera. 

En otras palabras, el presidente López Obrador propone una agandalle de poder en nombre de la democracia y la austeridad. Él y su partido controlarían la selección de candidatos al Consejo General del INE. La maquinaria electoral del Morena aseguraría que quienes lleguen al cargo sean los escogidos por el dedo presidencial.

Si alguien quiere hacerse una idea de cómo sería la elección de los consejeros del INE, sólo tiene que hacer un poco de memoria y recordar lo que pasó en el proceso de revocación de mandato. En unos comicios en los que los partidos políticos debían permancer al margen y los servidores públicos guardar estricta neutralidad, vimos a Morena y sus gobiernos locales desplegar su capacidad de acarreo de votantes con grosera ostentación.

El método actual de nombramiento de consejeros dista mucho de ser perfecto. Sin embargo, tiene dos grandes ventajas que se perderían si se llegara a aprobar la iniciativa de López Obrador. En primer lugar, es un método probado, que ha permitido elecciones competitivas y la alternacia pacífica en el poder. En segundo lugar, impide el agandalle del partido gobernante, que es la madre de las elecciones fraudulentas. Si dejas que nombre a la autoridad electoral por decisión unlilateral, se eternizará en el poder. 

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif