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Encabezados sobre la reforma judicial
Cuando Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de México, la prensa internacional subrayó la elección de la primera mujer presidenta del país. La primera: un hecho absolutamente histórico. No sólo eso, los corresponsales extranjeros en el país destacaban que se trataba de una mujer de izquierda con una formación científica (aunque la política superó a la científica hace ya tiempo), versada en temas tan relevantes en la agenda internacional como el cambio climático. Aunque había —y aún hay— dudas sobre su relación con el presidente, a menudo referida como su heredera política y su protegida, para casi cualquier espectador externo parecía que las cosas pintaban bien.
Hoy, la imagen progresista de la primera presidenta de México se ha desvanecido incluso antes de comenzar su mandato, y ha sido reemplazada por el retrato mediático global sobre el retroceso del Estado de derecho en el país, consecuencia de la aprobación de la reforma judicial. “Un momento decisivo para México”, “La reforma judicial de AMLO hará retroceder a México 50 años” y “El camino retrógrado del estado de derecho de México” son sólo algunos de los titulares que utilizaron los periódicos más importantes del mundo para describir el proceso de aprobación de la reforma judicial anhelada por Andrés Manuel.
El presidente y sus seguidores más feroces son partidarios del aislamiento nacionalista y desestiman lo mismo a periodistas nacionales que extranjeros. Sin embargo, no hace falta demasiada lucidez para entender que encabezados como estos sí importan. Pensemos, por ejemplo, en los consejos de administración de empresas transnacionales que invierten miles de millones de dólares en México, emplean a miles mexicanos y contribuyen al crecimiento del país. Ante noticias como estas es común que recurran a sus equipos locales para verificar lo que leen en medios internacionales serios e informar así su toma de decisiones.
La imagen de México en el exterior está ya bastante deteriorada debido a los males que forman parte de nuestra cotidianeidad: la violencia, la inseguridad y el narcotráfico. Hoy, a esa mezcla se suman la erosión de la institucionalidad democrática, la incertidumbre jurídica y la percepción de una economía más riesgosa. Nada más y nada menos.
Las alarmas están encendidas y el gobierno lo sabe. No es casual que tras la aprobación de la reforma —escandalosa en forma y fondo— Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, reitere en redes sociales que México es un país amigable con la inversión. Esto luego de prometer al sector privado que la legislación secundaria suavizará los rasgos más dañinos de la reforma.
Entre los pocos medios en inglés que rescata el oficialismo está la revista estadounidense Jacobin, una publicación decididamente socialista con una cobertura positiva sobre la cuarta transformación. A propósito de la reforma judicial, uno de sus colaboradores escribió que la comunidad empresarial multinacional y sus portavoces en las embajadas están preocupados por los límites que la reforma impondrá a su capacidad de “actuar con impunidad” y por el temor de que el “buen ejemplo” de México se extienda a Estados Unidos.
Si bien no comparto la visión editorial de esta publicación —y resulta difícil imaginar que alguien quiera emular el odioso espectáculo que hoy vive el país—, considero que su diagnóstico es limitado. Parte de la preocupación sobre las implicaciones de esta reforma tiene fundamento en el hecho de que México sigue siendo un país abierto al mundo, una realidad que es deseable y que nos conviene a todos preservar.
El “experimento” judicial mexicano llama la atención por ser precisamente eso, un experimento, una propuesta absolutamente incierta y única en su tipo —ni en Bolivia ni en Estados Unidos se eligen a todos los jueces del país—, potencialmente violatoria de las obligaciones internacionales de México y errónea también pues todo indica que, con o sin ella, continuaremos siendo un país sin justicia.
*La autora es analista, ex diplomática e internacionalista por el Colegio de México.