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Espectáculos, colmillos a Profeco
Está en gestación un nuevo marco legal que busca enfrentar al ilícito y millonario negocio del engaño con el que estafan a miles de asistentes a espectáculos a través de la falsificación de boletos y códigos y, pretende evitar el abuso de las empresas de boletaje y organización que sobrevenden y no reembolsan por cancelación, entre otras malas prácticas.
La empresa más conocida y la que más problemas ha registrado es Ticketmaster. Pero la legislación es para todas las empresas dedicadas a la venta de boletos y organización de eventos.
Veremos si un marco legal más adecuado, cuya aprobación todavía está en curso, permite combatir a las mafias de estafadores y las malas prácticas de las empresas organizadoras.
Por lo pronto, en la Cámara de Diputados ya se aprobó un dictamen que busca proteger a los consumidores de estafas, de parte de los maleantes y abusos de las empresas boleteras en la compra de entradas para espectáculos.
Con 24 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para sujetar a “candados legales” a las boleteras y empresas organizadoras.
El dictámen todavía tiene que ser aprobado por el pleno de la propia Cámara de Diputados y del Senado de la República.
La nueva reforma legal prevé accesos garantizados de los consumidores, que las boleteras reembolsen el 100% en cancelación de eventos, medidas contra sobreventas y multas de hasta 3 millones de pesos, por acaparamiento y reventas.
Además concede “colmillos” a la Procuraduría Federal del Consumidor para emprender acciones en contra de las empresas cuando detecte irregularidades en la venta de boletos.
La reforma dispone que una de las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sea proteger los derechos de las personas en la compra de boletos por cualquier medio autorizado, incluyendo Internet o cualquier otra vía electrónica, para los espectáculos públicos.
Se trata de una reforma de las leyes Federal de Protección al Consumidor y de Competencia Económica para garantizar los derechos de los consumidores en la compra de boletos para espectáculos públicos.
Adicionalmente, el dictámen dispone que las compañías encargadas de vender los boletos digitales informen “de manera precisa y certera” en su página electrónica de términos y condiciones cuál es el costo total de sus servicios, cargos o comisiones, pues actualmente en boleteras como Ticketmaster dichos montos son visibles hasta el momento de realizar el pago.
La intención es que las empresas de boletaje garanticen la entrada a cualquier persona con boleto comprado en alguna vía válida; que no podrá sobrevender el evento, de acuerdo a su límite; que haga reembolsos en un plazo no mayor a los 30 días, en caso de cancelación del evento; e implementar protocolos de prevención y denuncia contra reventas no autorizadas de boletos
Esta reforma se registra luego de los casos donde los usuarios acusaron a Ticketmaster por no permitirles el acceso a diferentes conciertos, en la Ciudad de México.
Esto significa que, en caso de ocurrir una experiencia semejante al del show de Bad Bunny en el Estadio Azteca, la Profeco podrá sancionar a los organizadores o los vendedores oficiales de entradas, además de ofrecer su respaldo a los compradores.
Este dictamen se comenzó a analizar luego del suceso ocurrido en el concierto del famoso reggaetonero, a finales de 2022.En este evento múltiples seguidores del cantante se quedaron fuera del concierto debido a supuestas clonaciones de boletos, no obstante en días posteriores las autoridades de Profeco comenzaron a tomar cartas en el asunto.
Esperemos que sea el principio de la solución a un problema que va en contra de los consumidores y de la imagen de México.
Atisbos
Muy graves las declaraciones presidenciales con las que acusa de chantajistas a los productores de maíz, trigo y sorgo. Les dijo que detrás de los manifestantes están grupos conservadores y grandes agroindustriales que quieren subsidios. Son impredecibles las consecuencias porque la posición oficial es de cerrazón y los productores están al borde de la quiebra. Detrás del gran problema que hoy se registra en el campo, están el desmantelamiento de las instituciones y mecanismos que se crearon con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que preveía presupuesto para enfrentar los ciclos a la baja de los precios en los mercados internacionales.
