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Financiamiento transexenal por 15 billones de pesos: SHCP
El gobierno lopezobradorista plantea una estrategia transexenal para generar hasta 15 billones de pesos, a partir de este año y hasta el próximo año 2030, para contar con financiamiento sostenible.
Luego de que la mayoría de los analistas económicos, firmas financieras y calificadoras, advirtieron que con el quinto paquete económico de este sexenio el gobierno lopezobradorista perdió la prudencia fiscal, al solicitar un déficit, que implica un gasto por casi 2 billones de pesos por encima de los 7 billones de ingresos que tendrá, la Secretaría de Hacienda anunció ayer una estrategia de financiamiento sostenible.
En la estrategia gubernamental se calcula que, para cumplir con las metas de desarrollo sostenible en México es necesario movilizar de forma anual, al 2030, 1.7 billones de pesos; cantidad equivalente a 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), de 2023.
Estima que mediante distintos instrumentos, como la emisión de bonos etiquetados, colocación de garantías y créditos verdes, inversión en proyectos de infraestructura estratégicos, entre otros, el gobierno de México podrá movilizar de manera directa alrededor de 1.74 billones de pesos del 2023 al 2030.
Al final del quinto año del sexenio, propone ajustar el modelo económico actual y avanzar hacia un desarrollo sostenible, resiliente, equitativo e incluyente.
Busca que la inversión pública incorpore la gestión mejorada de riesgos, incluidos los climáticos, autorizando la entrada a inversionistas del sector privado en actividades y proyectos innovadores que generen beneficios ambientales y sociales.
Y prevé la participación y atención del sector social de la economía, integrado por los ejidos, comunidades, sociedades cooperativas, entre otras.
La intención –planteada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encabezada por Rogelio Ramírez de la O- es que a través de objetivos y líneas de trabajo adoptados voluntariamente por los sectores público, privado y social, se cierre la brecha de financiamiento para alcanzar las metas de desarrollo sostenible en México.
Uno de los objetivos es cumplir con los compromisos internacionales de cambio climático y desarrollo sostenible para los que se requiere de la movilización de recursos financieros, a gran escala.
Esto da como resultado una brecha de financiamiento sostenible de 13.6 billones de pesos, del 2023 al 2030.
Refiere que en la presente administración se han realizado acciones para impulsar el financiamiento sostenible, bajo los principios fundamentales de justicia climática, justicia ambiental y justicia social.
Y en tales acciones se cimienta la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible (EMFS) y a partir de ellas se establecen objetivos y líneas de trabajo para los sectores público, privado y sociales.
Hacienda propone el diseño y ejecución de una política pública financiera sostenible; la emisión de la regulación financiera ASG y la movilización de financiamiento sostenible.
También prevé asegurar la transición energética con perspectiva de justicia social, equidad y soberanía para avanzar en el proceso de descarbonización. Reconoce que transitar hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima conlleva cambios estructurales en el modelo económico.
Y propone desarrollar mecanismos de financiamiento para realizar inversiones en generación solar distribuida para los hogares mexicanos.
Subraya que la promoción de la innovación financiera es fundamental rumbo a la transformación del sistema financiero hacia la sostenibilidad.
Por supuesto prevé la participación de la banca de desarrollo en una acción transversal.
El largo documento de más de 100 páginas, está enfocado en la dirección correcta.
Sin embargo, choca con lo que en los hechos ha venido aplicando el propio gobierno federal, en particular en materia de energía, en donde se ha obstaculizado y hasta impedido la participación de la iniciativa privada.
Incluso parece inminente que se active la solicitud de un panel de solución de controversias por parte del gobierno de EU, precisamente por los obstáculos a las inversiones extranjeras en hidrocarburos y electricidad en México.
Lo que resulta evidente, es que en la parte final del sexenio, el gobierno reconoce que la inversión pública, no es suficiente. Y menos cuando, en su gran mayoría, se ha enfocado a las obras icónicas, cuya rentabilidad todavía está en duda.
Hay que reconocer que por lo menos, hay conciencia de que se requiere de un volúmen muy importante de recursos para impulsar el crecimiento económico y sostenible del país. Al tiempo.
