Fiscalías implosionadas I: “Peor que Kafka”

La reforma judicial propuesta por el Presidente no es la solución al grave problema de acceso a la justicia en México. Así lo han explicado voces expertas y agentes del Poder Judicial de la Federación en los debates de las últimas semanas. Si bien el PJF debe corregir deficiencias, a menudo son sus funcionarios/as quienes subsanan fallas  o vicios de juzgadores/as de menor rango. Lo que urge, en cambio, es una reforma estructural de las fiscalías, instituciones que atrapan en un laberinto a quienes entran en ellas, sin garantizarles siquiera que su caso pueda judicializarse.

Para Irma Saucedo, socióloga experta en violencia contra las mujeres, quien ha acompañado casos de violencia sexual por más de treinta años, sobre todo en la Ciudad de México, la reforma judicial propuesta es “una disputa de la clase política” que nada tiene que ver con la experiencia de las víctimas.  Si a las autoridades de verdad les importara garantizar el derecho a la justicia, deberían desmontar el sistema disfuncional que reproduce la impunidad en las fiscalías, mediante “una intervención institucional” basada en la revisión sistemática de casos que permita diagnosticar fallas sistémicas y vicios particulares y, desde ahí, reestructurar la institución.

Aunque parecen una caja negra impenetrable, las fiscalías, como explica Saucedo, no cumplen con su función de procurar justicia porque, desde hace décadas, arrastran falta de recursos, de capacitación del personal, de código de ética y rendición de cuentas, vicios que conducen a las víctimas a un proceso que parece (o está) diseñado para cansarlas. El análisis que ofrece Saucedo es claro, y deprimente.

Desde la entrada, afirma, la víctima de cualquier delito se topa con un ambiente hostil que agudiza su tristeza, frustración o rabia por el agravio sufrido. Las instalaciones mismas son incómodas, sucias, muchos baños “terribles”. El personal, no capacitado o sobrecargado de trabajo, carece de empatía, no sabe dar contención y somete a la denunciante a un proceso burocrático que, con frecuencia, conduce a un callejón sin salida, es decir, a la no judicialización del caso por defectos del expediente.

¿Por qué está tan empedrado el camino hacia la justicia? Según explica Saucedo, desde la experiencia de las víctimas, al mal trato inicial sigue los que los/as propios/as MPs llaman “interrogatorio”, no entrevista.  Toman datos, “llenan papeles y papeles”, pero luego no analizan el caso para determinar líneas de investigación. ¿Quién no ha visto en una fiscalía cajas y cajas de expedientes polvorientos? ¿Por qué no se ha creado un sistema digital que evite la repetición de “interrogatorios” revictimizantes y permita verificar fácilmente el proceso?

Si el maltrato es frustrante para la víctima de cualquier delito, en los casos de delitos sexuales contra mujeres, niñas y niños, la indiferencia, desprecio o incomprensión que reciben aumenta su dolor o trauma.  La falta de interés del MP permite, por ejemplo, que se envíe a un policía a localizar a un agresor a una dirección determinada y el agente nunca llegue, por equivocación o falta de patrulla – o eso diga– y nadie se entere de inmediato.  A veces incluso se pide a la víctima que corrobore ella misma la dirección del agresor, poniéndola así en riesgo.

Si la falta de análisis y seguimiento estancan el caso, la ausencia de supervisión lo lleva al limbo. Una abogada o acompañante puede revisar el expediente y encontrar evidencias de malos procedimientos, hilos sueltos, nula o mala investigación... Con suerte, podrá señalárselos a una instancia superior dentro de la fiscalía y ésta quizá haga u ordene una revisión, o no. ¿Por qué no se supervisan y revisan los casos sistemáticamente? Por sobrecarga de trabajo, por costumbre, porque así “funciona” el sistema. “A las autoridades no les importa”, afirma Saucedo.

Para acercarse a la justicia, la víctima tendrá que superar muchos obstáculos.  ¡Ay! de ella si se da por vencida: le achacarán “falta de interés”. En efecto, “peor que Kafka”.