Fortalecer la competencia: Cofece e IFT

El presidente López sigue con su intentona de eliminar los contrapesos y seguir concentrando el poder, de regresar al México de los sesentas y setenta cuando regía un sistema político en donde el presidente tenía amplias facultades meta constitucionales lo que le permitía, en muchos aspectos, ser él el gran elector de quien ganaba y quien perdía, no solo en lo político, sino también en lo económico.

Una de las principales características de ese periodo era el de un sistema económico que operaba con base en el corporativismo implantado por Lázaro Cárdenas durante su mandato, uno en donde se compensaba con rentas el apoyo político de diferentes actores - sindicatos, campesinos, burócratas y propietarios de empresas - al presidente, su proyecto y al PRI.

La evolución de la economía durante las dos décadas mencionadas, con el objetivo de impulsar la industrialización del país se basó en una política de desarrollo sustentada en la sustitución de importaciones, particularmente la de bienes de consumo duradero, desde ropa de vestir hasta artículos de línea blanca y automóviles. Los elementos que constituían esta política eran básicamente cuatro: la protección comercial de las empresas de la industria manufacturera a través de aranceles, permisos previos de importación y precios oficiales de importación, subsidios fiscales y financieros al capital, subsidios a la energía (electricidad y combustibles) y agua y subsidios a los alimentos en las zonas urbanas para, indirectamente, mantener relativamente bajos los costos laborales para las empresas.

Este sistema le generó a los empresarios protegidos significativas rentas, es decir, ingresos y utilidades por arriba de lo que hubiesen obtenido operando en un mercado abierto a la competencia, sin subsidios y con el precio de los factores de la producción reflejando la escasez relativa y, consecuentemente, el costo de oportunidad. Los grandes perdedores, los que pagaron esas rentas, fueron los consumidores quienes enfrentaron precios de los bienes de consumo duradero por arriba de los internacionales así como una menor diversidad y calidad de los mismos. Cabe destacar además, que aunque todos los consumidores perdieron, los que fueron mayor y negativamente afectados fueron las familias de menores ingresos quienes, por los relativamente elevados altos precios en conjunto con su bajo nivel de ingreso, no pudieron adquirir esos bienes de consumo.

Pero además hay otro aspecto que es importante resaltar. Dado que el sistema se diseñó para generarle rentas a los propietarios de empresas existía el incentivo para, por parte de la burocracia encargada de administrar el aparato proteccionista, de “vender” esa protección y apropiarse parcialmente de las rentas que ésta generaría. Así, dado que fijar un arancel, otorgar un permiso previo de importación o determinar el precio oficial al cual se realizaría una importación en particular era facultad discrecional del funcionario de la entonces Secretaría de Comercio (lo que en la actualidad es la Secretaría de Economía), este entraba en una negociación directa con el empresario, proceso mediante el cual se acordaba cuánto pagaría el beneficiado de la protección, el empresario, al funcionario respectivo. Es decir, este sistema discrecional de protección comercial fue una significativa fuente de corrupción.

Este sistema corrupto generador de rentas y distorsiones se eliminó en 1986 con la adhesión de México al GATT. Esto se tradujo en la sustitución de todo elemento sujeto a una aplicación discrecional (permisos y precios de importación) por aranceles los cuales se fijaron inicialmente en niveles elevados, pero que se fueron posteriormente reduciendo, primero en 1988 y después con la firma de varios tratados internacionales, particularmente el TLCAN. Los grandes ganadores de esta apertura fueron sin duda los consumidores, particularmente los de menores ingresos.

Aunque la apertura comercial introdujo significativos elementos de competencia en la economía, siguen persistiendo factores internos que la inhiben y limitan. Destacan dentro de estos las barreras regulatorias, federales estatales y municipales, a la entrada de nuevas empresas al mercado. Inclusive sigue prevaleciendo al nivel de algunos gobiernos locales la práctica de “vender” protección a empresas establecidas para que no le entren a competir otras empresas, algo prácticamente igual a lo que hacían los funcionarios de la Secretaría de Comercio durante las décadas de los sesenta y setenta con los instrumentos de protección comercial. Los perdedores, como en este caso, son nuevamente los consumidores locales que se ven forzados a enfrentar un mercado monopolístico.

Y es aquí en donde juegan un papel crucial la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ambos organismos autónomos del Estado mexicano tienen como función primordial generar las condiciones necesarias para la prevalencia de mercados competitivos, persiguiendo y penando las prácticas anticompetitivas y monopólicas, incluidas la regulación que impide la competencia, la depredación de precios y la colusión. Los ganadores de la acción de estos dos reguladores son sin duda los consumidores para quienes su nivel de bienestar es mayor debido a la prevalencia de mercados que operan en competencia.

El presidente López insiste, como también lo hace Claudia Sheinbaum, en desaparecer ambos órganos argumentando que son caros y no benefician al pueblo; este es un argumento falaz, sin sustento. No solo es necesario impedir su desaparición, es indispensable fortalecerlos; a quien lo haga los consumidores se lo agradecerán. Podemos inclusive afirmar que la existencia de sólidos órganos autónomos que promueven la competencia, además de ser una bandera liberal, también debería serlo para un político progresista de izquierda, si es que éste realmente existiera.

Twitter: @econoclasta