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Gasto público, sin control
La sucesión presidencial se extiende sobre el tablero político nacional. Los candidatos afilan sus armas y estrategias para ganar, a cualquier precio, casilla por casilla. Todo gira alrededor de la jornada electoral 2018 y al destino del gasto público.
Tradicionalmente las propuestas para convencer al electorado se centraban en el aumento salarial, la atracción de inversiones, la reactivación de la economía y la generación de empleo. El 2018 es una buena oportunidad para modificar tal perspectiva y reconocer que la fluidez en la recaudación de ingresos no sirve de nada cuando la velocidad y montos de su desembolso resultan cuestionables; menos aún si tal gasto significa derroche y ratería. Los ingresos efectivos necesariamente son determinados por el gasto responsable y honesto, siendo este el verdadero talón de Aquiles para cualquier gobierno que aspira lograr finanzas sanas.
Leonardo Núñez en su análisis (¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de Egresos ficticio, Ed. Aguilar, 2017) demuestra con datos duros, cómo el gobierno mexicano ha venido despilfarrando gran parte de los ingresos percibidos a lo largo de los últimos 16 años. Sobre el destino del Presupuesto de Egresos de la Federación, en un sólo año más de 613,000 millones de pesos han “desaparecido” ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con la indiferencia del Poder Legislativo. Afirma que existe un mecanismo específico denominado “adecuaciones presupuestarias” para modificar montos aprobados sin que nadie pueda cuestionarlos ni hacer algo para evitarlas, por lo que, en realidad, el Poder Legislativo no tiene control sobre el dinero que gasta el gobierno.
El mayor posible daño a la hacienda pública, resultado del manejo escandaloso de recursos federales, se focaliza en los estados como Veracruz, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Es indignante, máxime que desde el 2013 la ASF había advertido a las autoridades mexicanas de los saqueos en Veracruz y no fue sino hasta ese año cuando se empezó a actuar en contra del exgobernador de esa entidad.
¿Es justo reconocer las tendencias favorables de este año en las finanzas? El impulso de los recursos tributarios en favor de los ingresos presupuestarios y la dirección de las finanzas públicas hacia un superávit primario, son logros que se atribuyen al aspirante presidencial, José Antonio Meade, al frente de la Secretaría de Hacienda, a la que dejó bien encaminada para seguir operando con la exactitud política de un reloj inglés.
Pero el apasionamiento electoral 2018, y su consecuente aplicación mágica de recursos fiscales, debe estar necesariamente bajo lupa ciudadana. Por ejemplo, Juan E. Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad y Verónica Baz de México Unido Contra la Delincuencia. Seguramente será tema de los debates, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó varios ataques contra la inobservancia del manejo fiscal y la complicidad de los institutos de transparencia a los que calificó como faramalla y farsa.
¿Quien se atreve?
México gasta más de lo presupuestado, y sus secretarios de Finanzas son prestidigitadores sin límite para adecuaciones presupuestarias. Si alguien honestamente aspira a gobernar México, tendrá que demostrar su voluntad para transparentar el destino y optimizar los recursos públicos recaudados. La desbordante pobreza y la peligrosa desigualdad se lo demandará.
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