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Google en Canadá: pagar por las noticias
Pascale St-Onge, ministra de Patrimonio de Canadá y responsable de supervisar la Ley de Noticias en Línea, con el logo de Google al fondo. Collage EE: Juan Carlos Rodríguez
“Si el gobierno no puede defender a los canadienses contra los gigantes tecnológicos, ¿quién lo hará?”, se preguntó la ministra Pascale St-Onge en agosto, al defender una ley canadiense que obliga a Google y Meta a pagar a las empresas de noticias por sus contenidos que se comparten o se utilizan en los servicios digitales.
Meta tomó la salida fácil frente a esa ley: volverse sujeto no obligado. Bloqueó las noticias en Facebook e Instagram, las redes sociales de su propiedad. No fue espontáneo: Meta se ha ido desvinculando del contenido de las empresas noticiosas a escala global hasta prácticamente desaparecer a todos sus equipos de trabajo involucrados con el tema.
Con Google la cosa fue diferente, como diferentes son sus negocios, basados en la distribución de publicidad en los resultados de su motor de búsqueda y con sus sistemas de publicidad bajo demanda en sitios y apps de terceros.
El Gobierno de Canadá anunció el 29 de noviembre un acuerdo por el cual Google se compromete a pagar cada año a los medios 100 millones de dólares canadienses (unos 1,300 millones de pesos mexicanos) ajustables a la inflación. Los pagos se realizarán a una organización que a su vez los entregará a medios corporativos, independientes e indígenas.
“Esto es histórico. Se establecerá una relación comercial más justa entre las plataformas digitales y el periodismo en Canadá”, celebró St-Onge. Feliz Navidad, editores canadienses.
La industria en todo el mundo se ha visto afectada por la pérdida de consumidores y anunciantes que prefieren TikTok o Instagram y a la creciente desconfianza y alejamiento del producto periodístico, motivada en parte por actores políticos y por una saturación de contenido negativo y polarizante.
La experiencia de Australia
La Ley de Noticias en Línea de Canadá se inspiró en una ley similar en Australia que impuso nuevas reglas a los gigantes tecnológicos respecto al contenido de fuentes periodísticas que los usuarios comparten en sus plataformas. La lógica legislativa es que las Big Tech sacan provecho comercial de esos contenidos.
Google y Meta amenazaron con bloquear las noticias en Australia, pero analizaron mejor la regulación y prefirieron firmar acuerdos directamente con las compañías periodísticas antes de vérselas con el gobierno. Se calcula que esos acuerdos valen unos 200 millones de dólares australianos al año (unos 2,300 millones de pesos).
La siguiente experiencia ocurrirá en California, donde se estudia un proyecto de ley similar para mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas y fortalecer las iniciativas independientes.
El caso de México
En una economía más chica, con problemas más urgentes y pocas aspiraciones en el concierto mundial, imponerse frente a los gigantes tecnológicos parece una utopía. Es el caso de México, que además carece de un lobby de la industria de noticias y con músculo ejercitado en el diseño de legislaciones favorables.
Esto contribuyó para que Google aplicara en México un programa alternativo de pago por noticias llamado News Showcase, que también opera en países como Colombia, Argentina y Brasil. A través de Showcase, Google paga unos 120 millones de pesos al año a los editores en México, mientras mantiene sin obstáculos sus muy lucrativos canales de indexación de noticias en el motor de búsqueda y la publicidad bajo demanda en las plataformas de las empresas mediáticas.
La cifra para México es un cálculo mío que considera el valor de los contratos individuales de los medios integrados a Showcase (alrededor de 100) y los programas de capacitación y mentoría de la Google News Initiative. Es menos de 10% del acuerdo anunciado en Canadá y 5% respecto a lo calculado para Australia.
Si no es el gobierno, ¿quién defenderá a los ciudadanos?, se preguntó Pascale St-Onge. Su frase parece más sencilla de pronunciar para una funcionaria de un gobierno con influencia política y económica global. Pero tiene algo más profundo: implica también la defensa de la dignidad y esa no se mide con influencia política ni económica, sino con cariño y respeto propios.
México necesita con urgencia una Pascale St-Onge, porque la economía digital, dominada por megacorporaciones transnacionales, no impacta sólo a la industria de las noticias, sino a todos los sectores productivos y sociales. Y ya vamos tarde.
