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Inai: tropezón en perspectiva de género
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
Luz Arredondo lleva años defendiéndose judicialmente de su expareja por la custodia de su hijo. Luz Arredondo, también conocida como Mamá Tomate, ha padecido la violencia vicaria, los prejuicios del sistema de justicia familiar, la revictimización de las instancias de procuración de justicia y el descrédito en redes sociales. Le faltaba algo: la implacabilidad del Inai, la agencia de privacidad de México, que la investiga por la supuesta difusión de datos personales sin el consentimiento de los titulares.
El Inai inició un expediente contra Arredondo a finales de 2022, considerándola presunta responsable de incumplir la ley de protección de datos personales. La falta de Arredondo fue haber difundido en Facebook un video que mostraba a funcionarios públicos negándole ver a su hijo en un centro de convivencia familiar.
Arredondo fue denunciada ante el Inai por su expareja. El Inai, sin ejercer la perspectiva de género que impulsa su comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, y sin considerar que la expareja no tiene interés jurídico porque no aparece en el video, dio trámite al expediente y realizó distintos requerimientos a Arredondo.
El mundo al revés. Arredondo denunció socialmente a los servidores públicos y terminó denunciada por su expareja, para agregar otra carga institucional a su ya prolongado ir y venir en juzgados familiares.
Pudo ser un tropezón del Inai y no una característica de su manera de proceder, un error que será enmendado y ayudará a afinar las tuercas en la sustanciación de expedientes de protección de datos personales, pero vale la pena analizar un caso que insiste en la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en el llamado “derecho procesal de protección de datos personales”.
Antes, un paréntesis: el Inai no es un órgano judicial pero sí jurisdiccional, por lo que el término “derecho procesal” aplicado en sus sustanciaciones podría provocar rechazo por “equívoco” o “fuera de lugar”. A lo que hace referencia es a la calidad del procedimiento y a los protocolos que deben seguirse al resolver un expediente, particularmente cuando se trata de violencia contra las mujeres o contra grupos vulnerados de la sociedad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, en el que establece que el primer paso antes de analizar el fondo de una controversia “es verificar si existe una situación de violencia, relaciones de poder o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o la orientación sexual de las personas”, me explicó la abogada Andrea Mendoza Enríquez, del CIDE. (Una guía rápida puede leerse en la resolución del amparo directo en revisión 5999/2016).
“Se advierte de un peligro en el abuso del derecho de protección de datos personales que puede conllevar la revictimización de mujeres, inhibir el ejercicio de derechos como la libertad de expresión e incluso obstaculizar derechos como el de acceso a la justicia”, me dijo Mendoza.
La batalla de años de Luz Arredondo la convirtió en una activista contra la violencia vicaria, una forma de violencia que implica manipular a los hijos para lastimar a la pareja, con el daño colateral en los derechos de las infancias instrumentalizadas.
“Durante 15 años fui víctima de violencia y mi silencio provocó que mi agresor creyera que podía pasar por encima de mí y hoy pasa no solamente por encima de mis derechos, sino también por los derechos de nuestro hijo”, me dijo Luz Arredondo.
Mamá Tomate, que es una clave para comunicarse con su hijo Cabeza de Tomate, se anotó un triunfo público con la aprobación de la ley contra la violencia vicaria en Puebla en julio de 2022 (una serie de reformas a leyes y códigos civiles y penales impulsada por distintas mujeres y organizaciones civiles).
Pero falta lo más importante: recuperar la custodia de su hijo y cerrar los litigios en los que está envuelta.
En ese camino seguirá tropezando con la falta de perspectiva de género si las instituciones y las personas servidoras públicas no aplican lo que les obliga el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Su caso en el Inai debe ser una llamada de atención para que las agencias del Estado aceleren su reconversión contra la violencia de género.
