Intereses en conflicto en la 4T

Hace un mes, con un concierto de la Filarmónica de la Ciudad de México y la exhibición de Coco, los colonos de Santa Fe festejaron el primer aniversario de la apertura de La Mexicana, el parque público edificado en un predio de 28 hectáreas.

Una propuesta con sensibilidad económica, ecológica y social en medio del distrito financiero que en ese lapso ganó la simpatía de los capitalinos, por su trotapista, sus dos lagos, su espacio para mascotas y el mejor skate park de la CDMX.

Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno, en ese predio se proyectó construir un complejo habitacional de 13,000 viviendas para los empleados de los corporativos que se instalaron en el poniente, desde que Servimet comercializó estos terrenos, bajo el plan maestro ideado por Juan Enríquez Cabot y Marcelo Ebrard.

En las inmediaciones, el CIDE, la Ibero y el Tec de Monterrey edificaron sus campus. Y también crecieron fraccionamientos y condominios. Fueron los colonos de Santa Fe, con el respaldo de los empresarios asentados en la zona, quienes desarrollaron el modelo para evitar la saturación inmobiliaria y crear un pulmón ecológico, en medio de los rascacielos y los centros comerciales.

Tras semanas de intensas negociaciones —que no estuvieron exentas de críticas y renuncias por parte de las autoridades capitalinas—, el 17 de noviembre del 2017 fue publicada la declaratoria de necesidad para otorgar la concesión con el fin de operar, conservar y mantener el parque metropolitano.

Justo un año después, una actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa acudió a La Mexicana para realizar una inspección del predio. Y efectivamente, en la fracción II del mismo actualmente se realizan trabajos para construir canchas deportivas, un centro cultural y un gran jardín y, abajo, una tienda y un estacionamiento.

El encargado de la Quinta Sala Ordinaria del TJA, Erwin Flores Wilson, envió a su auxiliar para verificar “si existe una construcción dentro del predio (y) un cálculo aproximado de su avance, en cuanto a los niveles que llevan construidos”, de conformidad con la denuncia tramitada por Florinda Martínez Jiménez, María Noemí Hernández Cruz y Alejandro Hernández Sáinz, vecinos de Santa Fe, quienes hace tres meses se percataron de los trabajos de edificación de un conjunto habitacional dentro de La Mexicana.

“Los conjuntos habitacionales que se pretenden realizar en el predio denominado La Mexicana dejan de observar el principio de derecho a la ciudad previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, máxime que dicho derecho se encuentra relacionado con otros, tales como el derecho al medio ambiente sano y el desarrollo urbano sustentable”, establece la acción pública promovida por los quejosos, quienes obtuvieron como medida cautelar que sean suspendidas las obras.

Para recuperar al predio, los colonos de Santa Fe y las autoridades capitalinas —con el aval del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa— recurrieron a un Sistema de Actuación por Cooperación, una figura para la gestión y ejecución de mejoramiento urbano implementado por la Seduvi que contemplaba la relotificación de predios aledaños. Uno de ellos, en las cercanía del WestHill Institute Santa Fe.

La primera parte del SAC La Mexicana fue desarrollada por Grupo Danhos, Copri y la Asociación de Colonos en 40 hectáreas, aunque la superficie total del terreno es 60 hectáreas. El parque metropolitano requirió 70% de esas tierras y 30% restante sería destinado para el “desarrollo integral”, que incluye la dotación de infraestructura vial, hidrosanitaria, de drenaje y la construcción de 1,650 viviendas en condominio.

La queja vecinal fue turnada a la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde se tramita el juicio de nulidad TJ/V-115615/2018. Esa instancia requirió a las autoridades capitalinas puntualizar sobre la identidad del beneficiario de la concesión. Dicha información ya había sido solicitada al GDF a través de una solicitud de información, pero la Seduvi había decretado la reserva. Blanca Lilia Ibarra, del INAI, resolvió sobre el caso y con el respaldo unánime del pleno de comisionados, instruyó a entregar copia del título.

El WestHill Institute es propiedad del ingeniero José María Riobóo. Y tal vez deba excusarse del asunto la presidenta del TJA-CDMX, Yasmin Esquivel Mossa. En Grupo Danhos, también hay señales preventivas, pues Elvira Daniel Kabbaz pronto se estrenará como funcionaria pública, al frente del Cenagas.

EFECTOS SECUNDARIOS

OLVIDOS. Un grupo de diputadas morenistas del Estado de México, entre las que se cuentan Beatriz García Villegas, Alicia Mercado Moreno, Elba Aldana Duarte y María Elizabeth Millán García, votó contra la aprobación del nuevo Código Fiscal que —entre otras medidas— incluye una actualización del pago del refrendo de placas vehiculares y mantiene el cobro de la tenencia para las unidades cuyo valor factura supere los 400,000 pesos. Y es que la eliminación de ese impuesto fue una de sus banderas de campaña del partido lopezobradorista, por lo que al preservarlo “se traiciona a la ciudadanía”. El líder del Congreso mexiquense, Maurilio Hernández, justificó.

PREPARADOS. Con el inicio del 2019 también comenzará a correr el plazo para solicitar registro a los nuevos partidos políticos ante el INE. El pasado miércoles 19, Margarita Zavala desayunó con el grupo promotor de Libre —la organización que encabezará— y estuvo acompañada por Irma Pía González, quien será la coordinadora general. Un par de días después, la Fundación Alternativa APN, de César Augusto Santiago, emitió una declaración de relanzamiento. Habrá tantos partidos como lo decidan las y los ciudadanos, definió el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello.