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Israel, la polémica reforma judicial

El pasado 29 de julio, se concentraron en distintos puntos de Israel -incluidas Jerusalén y Tel Aviv- alrededor de doscientas mil personas, en lo que fue el trigésimo sábado de protestas contra la polémica reforma judicial que, el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu, aprobó recientemente en la Knéset [el parlamento]. 

A finales de marzo, el primer ministro -quien regresó al poder siete meses atrás, encabezando una coalición-, había anunciado una pausa al proyecto de reforma, luego de las masivas manifestaciones encabezadas por decenas de miles de israelíes de amplios sectores de la sociedad, incluidos los líderes empresariales y el pujante sector tecnológico y, -tras una huelga a nivel nacional- por el sindicato más grande del país, en contra de su iniciativa. 

Tras el receso de verano, la coalición gobernante anunció la reanudación y avance -de forma unilateral- de la reforma judicial. Las declaraciones se produjeron luego de que, el miércoles 14 de junio, la oposición anunciara que abandonaba las negociaciones que buscaban un consenso.

La reforma judicial de Israel, consiste en tres grandes frentes: (i) la modificación del comité de selección de jueces: –actualmente conformado por nueve miembros repartidos entre el gobierno, la Knéset, la Corte Suprema y el colegio de abogados– pasaría a once, pero con mayoría de siete para el Ejecutivo, por lo tanto, el gobierno solo necesitaría de una mayoría simple para escoger a los magistrados tanto de la Corte Suprema como del resto de tribunales; (ii) una cláusula de anulación para que el parlamento pueda promulgar leyes impugnadas por la Corte Suprema, lo que significa que el Legislativo podría revertir medidas que sean rechazadas por el máximo tribunal; en esta tesitura, la Corte tampoco podría invalidar las llamadas “leyes fundamentales” -normas básicas a falta de una Constitución-, y solo podría avalar las leyes regulares, con la aprobación de doce de quince jueces, en vez de la mayoría simple que se requiere actualmente; y, (iii) una modificación para que la Corte Suprema no pueda inhabilitar altos mandos del gobierno, de manera que quedaría impedido para inhabilitar ministros, juzgar o debatir mociones para declarar no apto a un primer ministro. 

Independiente a las protestas y oposición pública masiva que sacudieron a Israel y dividieron a la sociedad, la Knéset aprobó la primera pieza clave de la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, el pasado 24 de julio. 

Mediante la reforma a la Ley Básica se impide que los tribunales evalúen la “razonabilidad” de las decisiones administrativas tomadas por el gobierno. La razonabilidad consistía en un principio jurídico usado por los tribunales a través de la cual ejercen control sobre las decisiones que consideran imprudentes, poco éticas o incompletas. Según la legislación actual, podrán seguir utilizando el principio para los burócratas o funcionarios provinciales, pero no para las decisiones del gabinete, y los titulares de cargos superiores del gobierno central. 

Se trata de una legislación que busca, además de dar blindaje judicial al primer ministro, facilitar más atribuciones al Ejecutivo y el Legislativo, controlado por Netanyahu y sus aliados, por lo que a todas luces es antidemocrática. Por su parte, Netanyahu y sus adeptos rechazan estos cuestionamientos y argumentan que la reforma ayudará a equilibrar los poderes del país y reforzará la democracia al quitar una competencia vital a autoridades que no han sido elegidas por el voto directo. Dicho sea de paso, esa letanía bien que la conocemos.

Tras la aprobación de esta reforma -que ya entró en vigor-, los partidos de la oposición pidieron a la Suprema Corte que juzgue la legalidad de la normativa, que ya ha sido impugnada en tribunales por ocho distintas agrupaciones de la sociedad civil. A lo que, con la latente revuelta sobre la aprobación, la Corte Suprema de Israel se pronunció, el miércoles 26 de julio de 2023, a favor de oír peticiones en septiembre, contra la controvertida ley que debilita su poder y que el parlamento aprobó días atrás. 

Grupos de la sociedad civil han pedido al alto tribunal para que anule la ley sancionada el lunes, la primera del amplio plan del primer ministro Benjamin Netanyahu de reformar el poder judicial del país.

El Gobierno de Netanyahu justifica la medida al considerar que existe una necesidad de frenar la excesiva influencia del poder judicial en la adopción de leyes. Los miembros de la coalición gobernante explican que buscan transferir más poder desde el colegio de jueces no electos, a los funcionarios elegidos mediante el voto.

No es coincidencia, los tiranos en la era de la postpandemia buscan consolidar los nuevos totalitarismos utilizando la ley a su conveniencia y poniendo camisas de fuerza a los jueces. Testigos del coup de grâce a la independencia judicial, allá la sociedad civil se levanta y grita a voz en cuello, mientras que aquí, se avasalla plegándose a los perversos intereses del caudillo.

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