Jueces, competencia y bienestar

Una de las condiciones para lograr un proceso sostenido de crecimiento económico que se traduzca en mayores niveles de bienestar es la existencia de un íntegro Estado de derecho. En éste los agentes económicos tienen la certeza de que sus derechos de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y, más aún, efectivamente garantizados por un Poder Judicial independiente e imparcial que los proteja en contra de actos de terceros, incluidos actos del gobierno, que atente en contra de esos derechos.

Lo anterior es notoriamente relevante dada la intención de que los jueces sean electos mediante el voto popular por parte del “pueblo bueno” sin que éste tenga la manera de evaluar si los candidatos a los diferentes puestos en el Poder Judicial tienen los conocimientos necesarios para cumplir eficientemente con su labor y tampoco si serán efectivamente independientes e imparciales o si serán fácilmente coptados por algún agente privado o capturados por el gobierno. La certeza jurídica también es relevante por la propuesta de eliminar los dos órganos autónomos del Estado encargados de velar por la competencia en los mercados, el IFT y la Cofece.

Es un hecho que un proceso sostenido de crecimiento económico se da como resultado de dos elementos. El primero es la acumulación de los factores primarios de la producción (capital físico y mano de obra ajustada por su capital humano) y el segundo, el más importante, es un aumento sostenido en la productividad total de los factores de la producción derivado de la introducción de cambios tecnológicos en la producción.

Para una empresa cualquiera son dos las razones fundamentales de por qué es crucial que sus derechos de propiedad estén definidos y protegidos en contra de actos de terceros, incluidas decisiones gubernamentales. La primera es definir las contrapartes con las cuales se involucra, sean estos proveedores o clientes; la segunda es que ello determina sus decisiones de inversión, incluidas las relativas a la tecnología que utiliza en la producción.

Respecto del primero, para una empresa es importante tener la certeza de que en caso de que si una contraparte con la cual firmó un contrato no lo cumple, siempre podrá acudir ante una instancia del Poder Judicial en materia mercantil independiente, imparcial y capaz que obligue a quien violó el contrato a cumplir con las cláusulas estipuladas o adjudicar a la empresa afectada los activos que amparen el contrato. Si esta certeza existe, la empresa tendrá el incentivo para involucrarse, mediante un contrato, con la mejor contraparte que exista lo que deriva en una asignación privada y social eficiente de recursos.

Por el contrario, si esta certeza jurídica no existe debido a que el Poder Judicial no es efectivamente independiente, imparcial, capaz y eficiente porque fue electo por el pueblo, la empresa en cuestión tendrá el incentivo para involucrarse únicamente con contrapartes conocidas y “moralmente responsables”, es decir, que sabe no se lo van a transar, aunque ello implique no ser el mejor proveedor o cliente. Esta incertidumbre jurídica resulta en una asignación de recursos ineficiente y socialmente subóptima y un menor valor de la producción; en el agregado implica la generación de un PIB menor al potencial y, consecuentemente, un menor nivel de desarrollo.

Respecto de las decisiones de inversión y de introducción de cambios tecnológicos en la producción, para las empresas es igualmente crucial que sus derechos estén protegidos y garantizados, ya que de no ser así el riesgo de inversión aumenta. Cualquier decisión de inversión involucra un factor de incertidumbre sobre el rendimiento que el proyecto generará, pero sí además hay que agregarle un factor de riesgo por la incertidumbre jurídica, el premio ex ante exigido para invertir será mayor y, por lo mismo, la inversión tenderá a ser menor. Así, no tener certeza jurídica resulta, en el agregado, en menor inversión en capital y en una menor introducción de nuevas tecnologías de producción, lo que deriva en una menor tasa de crecimiento económico y menor nivel de desarrollo.

Otro aspecto igualmente relevante para las empresas es tener certeza de que podrán acudir ante una instancia del Estado independiente e imparcial si se enfrentan a prácticas anticompetitivas que resulte en un atentado a sus derechos de propiedad por perder, debido a estas prácticas, participación en el mercado que resulte en una menor tasa de rentabilidad sobre el capital. También es importante, por lo mismo, tener la certeza de que los jueces en materia de competencia sean independiente e imparciales y su compromiso único sea garantizar la competencia en los mercados.

Lo anterior es relevante por dos motivos. El primero es el hecho de que si desaparecen el IFT y la Cofece y su atribuciones en materia de competencia son asumidas por las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Economía, respectivamente, es altamente probable que los reguladores sean capturados y que sus decisiones, actos de gobierno, resulten en prácticas anticompetitivas lo que atentaría en contra de los derechos de propiedad de otras empresas, además de impactar negativamente el bienestar de los consumidores. El segundo, en el mismo sentido de lo expuesto anteriormente, si no existe certeza de que los jueces en materia de competencia sean efectivamente independientes, imparciales, capaces y eficientes porque el pueblo los eligió, el riesgo aumenta, desincentivando la inversión y el crecimiento.

Así, es claro que aprobar que el “pueblo bueno” elija a los jueces junto con la eliminación de los órganos de competencia es una mayúscula estupidez que tendría un elevado costo social derivado de menor crecimiento, menor desarrollo y menor competencia, en suma, menor nivel de bienestar.

X: @econoclasta