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La Cultura de la Paz, La Solución de Controversias Fortalece la Economía II
Era tan inauténtico que cuando se ponía el uniforme lo transformaba en disfraz.
José Francisco Ruiz Massieu
En nuestra anterior colaboración expusimos algunos escenarios de controversias o conflictos que se presentan en unidades de negocio y las vías que ofrece la mediación para gestionarlos, solucionarlos y hasta para prevenirlos.
Se mencionó también que el gobierno está obligado a propiciar las mejores condiciones posibles para que las actividades productivas se fortalezcan; generen riqueza, empleos e impuestos. Al efecto se mencionaron los artículos constitucionales en los que se fundamenta la intervención del Estado en la economía.
La falta de apoyo del gobierno al desarrollo económico se ha traducido en un crecimiento limitado y bajo nivel de inversión, lo que provoca, entre otras cosas, una contracción económica que, sin duda, es un factor que propicia pobreza y fuentes de conflicto.
La falta de visión gubernamental ante la oportunidad que significan los cambios geopolíticos y comerciales debido, entre otros, a la relación entre Estados Unidos y China que propician una relocalización de las cadenas productivas y de suministro a nivel mundial, no se toma en cuenta. No ve el inquilino de Palacio Nacional que nuestro país es hoy el territorio más conveniente para la inversión en nuevas plantas industriales.
Otra oportunidad que se desatiende es la demográfica que implica un potencial enorme de fuerza laboral en México. Sólo en este 2022 se han incorporado poco más de millón y medio de personas a esa fuerza. El aprovechamiento de esa circunstancia combinada con la anteriormente mencionada, permitiría la generación de empleos bien remunerados, lo que impactaría favorablemente en el desarrollo y en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Desde luego, su aprovechamiento requiere de políticas públicas de desarrollo industrial, laboral y económico, además de una política de educación que atienda los cuatro pilares que sustentan la educación, por ejemplo: aprender a conocer y aprender a hacer, junto a una mayor atención a la educación técnica y a la superior que signifique oportunidades reales de formación para participar en la vida productiva y, por lo tanto, en el desarrollo.
La falta de apoyo gubernamental también se observa en el éxodo de empresas que han decidido dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores tales como Aeroméxico, Lala, Bachoco, IEnova, Bio Pappel, Pochteca, Elementia Materiales, General Seguros, Fortaleza y Sanborn’s.
Es indispensable que gobierno y sociedad sumen esfuerzos para aprovechar las oportunidades comentadas y se propicie una mayor cobertura del bienestar integral al que todo ciudadano tiene derecho.
Sin embargo, para que ello sea posible la acción del gobierno es indispensable: debe reportar avances reales en materia de seguridad pública y de certeza legal a la inversión, es decir que se haga valer el Estado de Derecho con instituciones fortalecidas, no debilitadas.
Otra acción que desalienta la inversión se debe a una equívoca política proteccionista en favor de Pemex y de la CFE, violatoria de la Constitución en materia energética, que ha generado polémica con empresas energéticas y los gobiernos de Estados Unidos. y Canadá, lo que sin duda es un innecesario frente que podrá traducirse en un conflicto cuya solución nos resulte carísima. Tristemente la acción populista en la atención de este asunto, nos pone en el alto riesgo de la aplicación de sanciones comerciales si Estados Unidos determina la realización de un panel del TMEC.
El mandatario ha realizado un importante impulso a una deformada empresa pública, principalmente a cargo de las fuerzas armadas. En la legislación vigente la empresa pública adopta diversas formas y aunque se trate de personas autónomas debido a su estructura jurídica y por su misma actividad, su acción siempre debe estar sujeta al control gubernamental y por la Auditoría Superior de la Federación.
El nuevo régimen empresarial que acoge a los militares como protagónicos en la construcción y gestión de la infraestructura, se ha concretado en la empresa llamada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. Se trata de una empresa de participación estatal mayoritaria del gobierno de México creada en abril de 2022. Está bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional y construye, administra o administrará diversas obras de infraestructura civil de México, incluido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y el turístico Tulum, así como el Tren Maya. No está sujeta a control y opera en un marco de opacidad, hasta ahora sus resultados distan de ser superavitarios, lo que significa que las pérdidas que generan o generen han de cubrirse con cargo al erario. La creación y entrada en operación de esta empresa militar administra proyectos de infraestructura en substitución de empresas civiles o privadas las cuales, por cierto, corren los riesgos de todo inversionista, situación que no practican los militares empresarios. El mandatario busca, supuestamente, que estas obras de infraestructura ni su operación sean privatizadas por futuros gobiernos y que sus utilidades se destinen, si algún día se generan, al pago de las pensiones de las Fuerzas Armadas, a pesar de que los militares no han hecho inversión alguna.
A la Marina también se le han encomendado acciones empresariales, la remodelación del Corredor Ferroviario Interoceánico de más de 300 kilómetros, que conecta las costas mexicanas en el Pacífico y en el Atlántico. Por lo tanto, dependerán de las fuerzas armadas parques industriales, ramales y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.
El actual gobierno, como otros en Latinoamérica, ha optado por revertir reformas estructurales adoptadas en el pasado reciente y retomar recetas distorsionadas del siglo pasado que ya mostraron su ineficiencia y su fracaso. Combinar burocracia y militarización no es una fórmula exitosa en actividades empresariales.
En las prioridades del gasto federal para el próximo año previstas en el presupuesto de egresos 2023 no se contemplan acciones para atender las oportunidades descritas ni los problemas sociales más urgentes, se observa que las prioridades presupuestadas tienen un fin electoral. No es difícil vislumbrar recortes o la desaparición de programas dedicados a la educación, a la ciencia, a la seguridad, a la salud y al medio ambiente durante el próximo ejercicio fiscal. Ello, a pesar de que el discurso del mandatario, primero como candidato y luego al frente del gobierno, ha tenido como bandera la de “primero los pobres”. Tristemente millones de mexicanos que confiaron en que las cosas cambiarían, saben que en los dos años que le quedan al actual gobierno ellos seguirán sumergidos en la pobreza, que la cacareada transformación también les quitó empleos, servicios de salud, medicamentos, guarderías y educación para sus hijos y, si acaso, reciben algunos pesos de caridad provenientes del erario.
Estamos obligados a evitar que en el país en el que vivirán nuestros hijos y nietos sigan avanzando la pobreza, la brutalidad, la inequidad, el salvajismo y se fracture la democracia. Es urgente e indispensable propiciar que democracia y verdad converjan, es decir que todas las posturas en torno a la verdad puedan incluirse. Ello sólo es posible con un contagio positivo que generalice la práctica del diálogo en todos los ámbitos de interacción social.
Recuperemos la cultura de la paz que propicie la concordia.
*El autor es abogado y mediador profesional.
Twitter: @Phmergoldd
