La apuesta delirante que perjudica en el largo plazo

La promulgación del decreto por el que se expide la reforma constitucional al Poder Judicial es la consumación de un proceso que rayó en lo delirante, especialmente cuando tuvimos la oportunidad de escuchar lances retóricos de diversos actores -particularmente de aquellos que algún día uno consideró como gente inteligente y sensata- a favor de una propuesta que sacude radicalmente a ese importante contrapeso del estado mexicano, pero solo por lo que hace a la forma en que se designa a los impartidores de justicia, lo que incluye a jueces y magistrados, tanto a nivel federal como estatal,  así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y claro, a la creación de mecanismos de control dentro de ese Poder, para mantener a todos esos funcionarios sujetos a la amenaza permanente de procesos disciplinatorios.

Es un nuevo diseño que no tiene referente alguno en ninguna parte del mundo. No hay país alguno en el que se elija por voto popular a todos los funcionarios que imparten justicia tanto a nivel estatal o local como federal. Lo de México es desde ya un mal ejemplo.

Se ha escrito mucho ya en el sentido de que la reforma fue una simple vendetta en contra del Poder Judicial que, una y otra vez a lo largo del sexenio que está por concluir en 13 días, emitió importantes resoluciones que suspendieron temporalmente la construcción de alguno de los megaproyectos, o bien, que declararon como inconstitucionales diversas reformas legales o disposiciones normativas con las que el gobierno del presidente López Obrador buscaba imponer la prioridad para el estado mexicano y sus empresas en algunos de los sectores de la actividad económica, a costa de imponer caprichosas limitantes a los agentes privados que participan en dichos sectores.

Al presidente, a su equipo de gobierno y operadores políticos, simplemente les molestó permanentemente que el Poder Judicial diera entrada a recursos legales de personas o grupos de interés contra alguno de esos proyectos o de las pretendidas reformas legislativas, y desde luego, que le diera la razón a dichas personas o grupos. Desde la óptica del presidente, nadie mas que él y su grupo político podía tener la razón política y legal. Cualquiera que estuviera en desacuerdo y decidiera interponer recursos legales contra sus proyectos, era un corrupto. No había medias tintas.

El asedio contra el Poder Judicial quedó consumado la noche del 15 de septiembre cuando se promulgó el decreto que da vida a las reformas aprobadas sin un verdadero debate parlamentario. Ya es la nueva realidad de este país.

Durante meses, varios advertimos sobre las consecuencias indeseadas de esta reforma, que lejos de mejorar el desempeño del Poder Judicial en materia de impartición de justicia, la empeorará, de entrada, por el reemplazo generalizado de los funcionarios juzgadores, aspecto que sin duda afectará negativamente no solo el ritmo con la que se resolvían los distintos tipos de asuntos, sino también, y de manera señalada, la calidad de las resoluciones judiciales. Adicional a ello, obvio están los incentivos perversos que girarán alrededor del proceso de pre-selección de las personas que serán candidatas a los distintos puestos, y el proceso de campaña de éstas para obtener el voto.

Se ha insistido mucho en los efectos negativos sobre el desempeño futuro de la economía mexicana, pero desde las entrañas de la 4T se han desdeñado todos y cada uno de esos señalamientos. Hay quienes ya celebran que el tipo de cambio del peso frente al dólar, lejos de empeorar después de la sesión del Senado de la República en la que se aprobó la reforma, mejoró un poco, como si ello fuera prueba suficiente de la supuesta bondad de la reforma y su aceptación por los inversionistas.

Que nadie se engañe, los efectos más fuertes serán de mediano y largo plazo. El daño sobre la capacidad potencial de crecimiento económico será importante. Que nadie se sorprenda cuando en 20 años comparemos por qué a partir de 2025, México recibió un menor porcentaje de los flujos de inversión extranjera, o por qué el ingreso per cápita de los chilenos creció mucho más que el de los mexicanos, por poner un ejemplo. Fue la 4T, será la respuesta.

*El autor es economista.

@GerardoFloresR