La crisis México-EUA de 1985-1986

El fin de semana pasado vi los cuatro capítulos de la serie documental de Amazon, “The Last Narc” (el último agente). Héctor Berréllez narra los principales aspectos de su investigación del asesinato del agente de la DEA en México Enrique “Kiki” Camarena. Berréllez, ex agente de la DEA, encontró elementos que implicarían a la CIA en la planeación del secuestro y tortura de Kiki. La miniserie presenta documentos y testigos del crimen y argumenta que un agente de la CIA, Félix Rodríguez, fue uno de los interrogadores de Camarena durante su tortura. La tesis es grave: todo se trataba de la operación de la CIA para apoyar a la Contra en Nicaragua. Se vendían las drogas para solventar las operaciones negras. Camarena se interpuso y se había convertido en un obstáculo. Por eso lo mataron.

Esto ocurrió hace 35 años. Pero la miniserie no cuenta toda la dimensión de la crisis bilateral. La recuerdo muy bien porque esos fueron los años en los que yo estaba estudiando la maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Ahí investigué, analicé y escribí sobre la formulación de la política antinarcóticos de Estados Unidos y su impacto en México. 

En febrero de 1985 las relaciones entre México y Estados Unidos llegaron al punto más bajo en muchos años. El problema de las drogas no había tenido, en el primer periodo del Presidente Reagan, un lugar en la agenda gubernamental. De pronto, el Presidente y la Primera Dama se comprometieron, en 1985-1986, a erradicar la drogadicción en Estados Unidos. En esos años, Reagan necesitaba lograr resultados rápidos como respuesta a la indignación de la opinión pública por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: uno de ellos participó en la lucha contra el narco, Kiki Camarena, y el otro un atleta, Len Bias, prestigiado jugador de baloncesto, fue víctima del consumo de drogas. 

Después del secuestro, tortura y asesinato de Camarena en Jalisco, el Servicio de Aduanas estadounidense paralizó la frontera mediante la detallada inspección de cada vehículo y de cada persona que intentara cruzar. Esto fue, en realidad, una manera de expresar el resentimiento que había en Washington y de presionar a las autoridades mexicanas para que investigaran el caso.

Esta operación irritó a los funcionarios mexicanos quienes alegaban que no se había seguido el procedimiento establecido de notificar a México antes de llevar a cabo la orden. Además, John Gavin, Embajador de Estados Unidos en México, sugirió públicamente, en Washington, que los ciudadanos estadounidenses debían ser advertidos del peligro de viajar a México.

Estos lamentables eventos desencadenaron una serie de reacciones que amenazaron la estabilidad de la relación bilateral. Artículos periodísticos y reportajes en los noticieros televisivos de Estados Unidos sobre corrupción en México; audiencias en el Congreso de Estados Unidos que condenaban las políticas mexicanas; desafortunadas declaraciones de funcionarios de alto nivel sobre la corrupción y la inefectividad imperantes en el gobierno mexicano. 

Todo ello dio lugar a reacciones nacionalistas en nuestro país. Hubo manifestaciones anti yanquis en la ciudad de México, debates en el Congreso, notas diplomáticas iban y venían reprobando las medidas, pidiendo una explicación y una disculpa. Se desató un gran resentimiento por el extremismo de las políticas del vecino del norte.

Los problemas no terminaron entonces. La escalada fue rápida. En 1986 varios acontecimientos importantes aumentaron la preocupación sobre el futuro de la relación bilateral:

1. El presidente Ronald Reagan firmó la Directriz de Seguridad Nacional que identificaba el tráfico de narcóticos como una amenaza a la seguridad nacional. Este documento condujo a su gobierno a aumentar la intensidad en el uso de los aparatos militar y de inteligencia en la lucha contra las drogas.
2. En agosto de 1986 los Senadores Demócratas Joe Biden y Lawton Chiles anunciaron la formación de un Grupo de Trabajo Demócrata, de 9 miembros, sobre drogadicción y abuso de sustancias tóxicas. Su propósito era crear la oficina del Zar contra las Drogas, para que supervisara el gran número de agencias federales que participaban en la estrategia antinarcóticos. El director de esta Oficina de Políticas y Operaciones Antinarcóticos Nacionales e Internacionales, a nivel de gabinete, estaría autorizado a diseñar, revisar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de las políticas del gobierno. 
3. Un informe del Departamento de Estado indicaba que México era la fuente individual más grande de heroína y mariguana que entraban en Estados Unidos. El 17 de octubre de 1986 la Cámara de Representantes aprobó una legislación contra las drogas (HR 5484) autorizando 1,700 millones de dólares para el año 87 como fondos destinados a la prohibición, erradicación aplicación de la ley, educación, tratamiento y rehabilitación. Era el inicio de la certificación de que un país cooperaba con Estados Unidos para detener la producción o transportación de drogas. 
4. El Secretario de Estado entabló negociaciones con México para establecer una Comisión Intergubernamental México-Estados Unidos sobre Narcóticos, Drogadicción y Control. Y el Congreso emitió una resolución que exigía a México lograr un progreso sustancial hacia la resolución de los temas de las drogas, discutidos en agosto de 1986 entre los Presidentes Reagan y De la Madrid. El gobierno de Estados Unidos debería considerar acciones contra México, tales como una advertencia para los viajeros estadounidenses que quisieran visitar México; la negativa a un trato arancelario favorable para los productos mexicanos; votos norteamericanos contra México en los bancos multilaterales de desarrollo; la retención de la ayuda externa hasta que el gobierno mexicano enjuiciara y condenara a los responsables del asesinato de Camarena.
5. Estados Unidos inició la Operación Alianza. De noviembre de 1986 a enero de 1988, miles de nuevas posiciones para oficiales encargados de la aplicación de la ley antinarcóticos fueron asignadas para reforzar la frontera: 122 agentes del IRS, 120 de la DEA, 75 del FBI, 60 ministerios públicos, 400 oficiales de la Patrulla Fronteriza y casi 1,000 nuevos oficiales e inspectores de Aduanas. Todo organizado y coordinado por el Consejo Nacional de Políticas contra las Drogas bajo la supervisión del Procurador Meese.
6. Se realizaron una serie de cambios burocráticos y se definieron nuevas prioridades: se asignó al FBI la autoridad para conducir investigaciones sobre narcóticos junto con la DEA; se establecieron 13 grupos de aplicación de la ley contra narcóticos y contra el crimen organizado para atacar a los traficantes de alto nivel; se creó el Sistema Nacional de Prohibición de Narcóticos en las Fronteras; se incrementaron los recursos de la DEA y del IRS destinados a las tareas de investigación de lavado de dinero; se puso un mayor énfasis en las técnicas de investigación sofisticadas, como el monitoreo electrónico; y se aumentó la asistencia del Departamento de Estado para las campañas de erradicación en otros países.
7. Desde la perspectiva del análisis burocrático, la lucha contras las drogas era compleja: en el lado de Estados Unidos, en 1985, participaban 11 Departamentos a nivel de gabinete (Justicia, Tesoro, Transporte, Estado, Defensa, Salud, Agricultura, Interior, Trabajo, Educación, Comercio), más de 30 organizaciones del gobierno federal y casi un centenar de actores estatales y locales.

En fin, durante el corto periodo 1985-1986 un problema que había sido materia de rutina en la agenda bilateral se convirtió de inmediato en una de las altas prioridades para el gobierno de Estados Unidos. La “guerra contra las drogas” había sido declarada.

Pero, de acuerdo con los testimonios de la miniserie “The Last Narc”, había otra agenda, oscura. Eran los últimos años de la Guerra Fría y queda claro que la muerte del agente Camarena marcó un antes y un después en el combate al narcotráfico. Mostró la disputa entre la DEA y la CIA. Parecería que, ante la aparente convicción de los actores políticos de ganar una guerra contra las drogas, para algunas agencias del gobierno de Estados Unidos, ser comunista era peor que ser narcotraficante.

*Javier Treviño Cantú es director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial.

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