La crisis eléctrica ya nos alcanzó

Durante el sexenio, varios hemos alertado sobre los problemas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El martes hubo apagones reportados en al menos 21 entidades, incluida la CDMX. Esto es consecuencia directa de la política energética impulsada por este gobierno, principalmente la cancelación de las subastas de energía a largo plazo, intentos de revertir la Ley de la Industria Eléctrica de 2013 y la suspensión de facto de permisos de generación, y la aprobación de interconexiones para privados.

El pasado martes, el SEN tuvo márgenes de reserva operativa por debajo del 6%, e incluso tuvo un margen negativo en algún momento, lo que desencadenó el estado de emergencia y provocó apagones en todo el país. Esto es porque la demanda de energía superó la cantidad generada. El aumento de demanda se debe sobre todo al aumento de demanda doméstica y comercial que, como ha señalado Odón de Buen, está subestimada por las altas temperaturas en el centro del país. Pero el verdadero problema está en la oferta.

En lo que va del sexenio apenas se ha agregado capacidad de generación al SEN. Según el último informe anual de CFE, la capacidad instalada de CFE en 2019 era de 42,018 MW más 13,247 MW de PIEs —privados que venden exclusivamente a CFE— sumando 55,265 MW. Al cierre de 2023, la capacidad alcanzó 61,449 MW, con 44,846 MW de CFE y 16,603 de PIEs, representando un aumento de 6% en 5 años.

En marzo de 2021, la CFE anunció el “desarrollo de una capacidad de 4,322MW mediante la construcción/ampliación de seis centrales de ciclo combinado”, 3 en Baja California, 2 en Yucatán y 1 en Veracruz. Según esta presentación 2 de las plantas estarían operativas en 2023, 1 en febrero, 2 en abril y 1 en mayo de 2024. Según el último informe anual de 2022, ya no son 6 sino 5 proyectos y entrarán en operación 4 en 2025 y uno a finales de este año. Según una presentación de CFE a diciembre de 2023, estas 5 obras llevaban un avance físico de 61.3%.

Además, no se han cumplido los planes de retiro de plantas viejas. Según el último programa de la administración anterior, para 2024 se debían retirar 104 plantas con una capacidad de 9,500 MW. Los datos de SENER indican que la mayoría de estas plantas no se retiraron. Sobra decir que la CFE tampoco realizó las inversiones en transmisión y distribución, donde sí tiene constitucionalmente un monopolio, que tanto necesita el país.

Si bien la CFE es solo un jugador, es el principal, y ante su falta de capacidad financiera y de ejecución para proveer la energía que necesita el país, este gobierno no ha dejado que privados cubran ese hueco. En esta administración prácticamente no se han otorgado permisos de generación ni aprobado interconexiones para nuevas plantas. Debería haber, a estas alturas, alrededor de 10,000 MW provenientes de las subastas disponibles para el SEN que fueron frenadas ilegalmente por la SENER. Y para acabar, hay cerca de 1,000 MW de capacidad renovable construida que, por instrucciones de la CFE, no se aprovecha por ser de origen privado.

Lo que pasó el martes es que varias plantas de CFE tuvieron salidas forzadas. Al ser viejas y operar a su máxima capacidad, la probabilidad de fallas incrementa; muchas de estas deberían haber sido retiradas, pero no fue posible porque no se ha agregado nueva capacidad. Aún es incierto si esto tendrá un efecto electoral, pero es el colmo y francamente ridículo hablar de nearshoring y del México del futuro si en mayo, cuando aún no empiezan los calores fuertes, se va la luz en las principales ciudades del país.