La ley de amnistía

El presidente de la República presentó una iniciativa de ley de amnistía para personas condenadas o procesadas por delitos no graves. Se trata de casos cuyo encarcelamiento, muy probablemente, responde a las fallas del sistema de impartición de justicia o a las condiciones socioeconómicas de los individuos. La iniciativa también tiene un enfoque de género, toda vez que reconoce que en múltiples ocasiones las fallas en el sistema judicial mexicano se deben a la falta de sensibilización a la hora de emitir sentencias por delitos cometidos por mujeres. Un ejemplo claro de ello es que gran parte de la población femenil en situación de reclusión ha sido condenada por delitos de tráfico de drogas, en donde fueron obligadas o influenciadas por sus parejas para participar en la transportación de las mismas.

El proyecto de ley de amnistía no se limita a las mujeres que fueron orilladas por distintas cuestiones a participar en el tráfico de drogas, ni a los que cometieron delitos considerados menores, como robo sin violencia o posesión simple, sino que la propuesta también incluye el narcomenudeo en ciertos casos; cuando no existió violencia de por medio o la persona no dirigía una red criminal. Me parece acertada la propuesta también en ese punto, ya que una persona que solamente participó en la venta al menudeo de drogas, y que, por tanto, no obtuvo mayores ganancias, y además no violentó la integridad física de otras personas, debe tener una oportunidad de reintegrase a la sociedad. A nadie conviene mantener un sistema penitenciario sobrepoblado, que sirve como escuela para la delincuencia, repleto de personas que pagan condenas interminables, por haber sido cooptados por organizaciones criminales, tomando en cuenta que la mayoría de las veces se trata de jóvenes que no tienen acceso a la educación y cuentan con escasas oportunidades de contar con un empleo digno.

Celebro, sin duda, la propuesta de excarcelar a mujeres y a médicos por delitos relacionados con aborto. Existen múltiples historias de mujeres que están en prisión por interrupciones del embarazo, incluso involuntarias, por la cerrazón de jueces y leyes conservadoras que violentan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. En ese sentido, el segundo paso debería ser una ley legalice la interrupción del embarazo en todo el país, una discusión que ya se tiene en países de América del Sur. Lo mismo sucede para el caso de las drogas. Se requiere legislar para regular la producción y consumo de ciertas sustancias, como el cannabis y, en el caso de las otras, garantizar que el consumidor no sea penalizado. Se trata de una iniciativa que, sin duda, ayudará a construir un tejido social encaminado a preservar el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia a toda la ciudadanía. Debe ser el inicio de un proceso para reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país y, al mismo tiempo, impulsar la creación de leyes locales en la materia, a fin de tener las mismas garantías en lo que respecta a los delitos del fuero común.