La meta sexenal, acabar con la independencia judicial

En los últimos quince días, la Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, ha protagonizado dos singulares eventos que constituyen una clara declaración de intenciones de cara a lo que el régimen actual pretende frente al Poder Judicial de la Federación: no se trata solamente de reformarlo, sino de negarle todo tipo de independencia que puedan reclamar en el ejercicio de su función.

El primero de esos eventos es la carta dirigida a la ministra Norma Lucia Piña en su calidad de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicha comunicación, se expresan una serie de preocupaciones relacionadas con el proceso penal que se sigue contra ocho militares vinculados al caso de Ayotzinapa. La titular de Gobernación plantea que, en caso de modificarse la medida de prisión preventiva, "existe un alto riesgo de sustracción de la justicia" por parte de los imputados.

Esta carta llama la atención por dos motivos: por la persona a la que se dirige y por su propia difusión.

Lo anterior, pues el citado escrito debió dirigirse al titular de la Fiscalía General de la República, toda vez que dicha autoridad forma parte del procedimiento como instancia acusadora, teniendo la obligación y carga procesal de aportar los datos de prueba que permitieran justificar la idoneidad de la prisión preventiva.

Por el contrario, la ministra Piña carecía de injerencia en el asunto. No solo porque el proceso penal en cuestión no se encontraba en trámite ante el máximo tribunal, sino también porque, en su calidad de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene legalmente asignadas atribuciones como superior jerárquico de los jueces de Distrito y Magistrados. Por lo tanto, se encontraba legalmente impedida para girar instrucciones con respecto a asuntos en trámite, y cualquier intento de hacerlo habría sido ilegal.

En pocas palabras, la misiva dirigida a la ministra Piña carecía de un fin práctico ya que, a diferencia del Poder Ejecutivo que se rige por el principio comisarial y opera bajo la lógica del mandato —permitiendo al Presidente de la República (mandante) ejercer sus funciones mediante instrucciones que se giran a sus subordinados (mandatarios o comisarios)—, el Poder Judicial de la Federación se rige por el principio de independencia. Conforme a este principio, jueces, magistrados y ministros se encuentran "subordinados" únicamente a la ley.

En su libro “La forma del derecho”, Fernando Atria expone esta distinción de forma muy clara al señalar que, la lógica del mandato, conforme a la cual el funcionario superior encomienda al inferior una tarea a realizar (principio comisarial), es incompatible con la organización judicial, pues entre el mandante y el mandatario existe una relación jerárquica de modo que, el mandatario no puede reclamar independencia frente al mandante.

Precisamente por ese motivo, el Poder Judicial no puede operar con esta estructura vertical de mandante-mandatario, pues cada uno de sus miembros, como titulares de los órganos que integran, son en sí mismos depositarios de ese poder, en la medida en que ejercen su función de manera independiente y sujetos exclusivamente a la ley (principio de independencia).

Dicho lo anterior, resulta evidente que, ante la falta de un fin práctico, la carta dirigida a la ministra Piña tenía como objetivo ejercer influencia, a través de ella, en un asunto penal en trámite. Esto plantea una preocupación, ya que el Ejecutivo parece negar la existencia de la independencia judicial, la cual demanda que las decisiones de los jueces se tomen de manera libre, sin presiones externas o influencias ajenas al procedimiento.

Adicionalmente, la divulgación de la carta entraña otra preocupación, ya que se integra en una narrativa que busca atribuir al Poder Judicial de la Federación la responsabilidad exclusiva por los elevados índices de criminalidad en el país. A partir de la misma, se pretende influir en la opinión pública a efecto de crear un entorno que ejerza suficiente presión sobre los operadores judiciales de modo tal que, sus decisiones ya no sean producto de un ejercicio genuino de valoración y sujeción a la ley, sino de sumisión a los intereses del gobierno en turno.

Pero existe otro evento incluso más preocupante que la referida carta, en la medida en que abandona el terreno de los simples señalamientos para colocarse en la ruta de la persecución política.

El segundo de estos eventos es el comunicado difundido en la red X (antes Twitter) por medio del cual la Secretaría de Gobernación anunció que por instrucciones del Presidente López Obrador, habían presentado ante la Cámara de Diputados una denuncia de Juicio Político en contra de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a quien señalan de diversas irregularidades en el desarrollo de su función.

Sin prejuzgar sobre la veracidad de los señalamientos, el simple anuncio en sí mismo representa un ataque sin precedentes en nuestra historia moderna contra el Poder Judicial, pues independientemente del resultado del proceso, la decisión de someter a un juez federal a juicio político en lugar de acudir al régimen sancionador que se desahoga ante el Consejo de la Judicatura Federal tiene un propósito evidente: servir como una amenaza para los demás operadores judiciales que no se alineen con la voluntad y propósitos del régimen.

Precisamente, con el objetivo de salvaguardar la función judicial de presiones externas o influencias ajenas, la Constitución Federal estableció la creación un órgano independiente, de carácter republicano (en la medida en que se integra por representantes de los tres poderes de la Unión) con la atribución de vigilar y sancionar la actuación de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Este régimen disciplinario, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se erige como una verdadera garantía constitucional a la independencia judicial.

Sin embargo, en la lógica del régimen actual, la idea de que existan funcionarios que puedan ejercer sus atribuciones de manera independiente y autónoma a la voluntad del Ejecutivo, resulta incompatible con su visión de Estado. La reacción frente a esas “anomalías” siempre ha sido la misma durante este sexenio: someter, reformar o extinguir. No obstante, ante la imposibilidad de extinguirlos o de reformarlos en el corto plazo, se ha optado por la ruta de sometimiento, utilizando la presión mediática y la persecución institucional como herramientas inmediatas.