La mitad de la población en México vive en sequía severa, extrema o excepcional

Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nos permiten rastrear qué porcentaje del territorio nacional –o de los municipios– padece una sequía. Al cruzarlos con los números del censo de 2020 encontré que, al cierre de febrero, siete de cada diez personas en México habitan en un lugar con una sequía que va de moderada a extrema. Más grave todavía: una de cada dos enfrentó una sequía que va de severa a excepcional.

El SMN define las sequías en cuatro niveles: moderada, severa, extrema y excepcional. En términos del consumo, durante una sequía moderada se sugiere una restricción voluntaria del uso de agua, en una severa se deben imponer restricciones y en una extrema éstas se deben generalizar. En una sequía excepcional se puede suscitar una situación de emergencia por la ausencia de agua.

En cuatro entidades federativas –Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro– toda la población se encuentra en una sequía que va de severa a excepcional. Son cinco, si contamos que en Sinaloa el porcentaje es de 98%, mientras que en San Luis Potosí y en Sonora es de 91%.

Entre estas entidades, la situación más delicada está en Chihuahua y Querétaro, pues prácticamente toda la población se halla en sequía extrema o excepcional, mientras que a nivel nacional esta situación afecta a 20% de los habitantes. En el otro extremo, sólo la península de Baja California y Colima estuvieron libres de sequías durante la segunda mitad de febrero.

En estos términos, este febrero habría sido el más complicado de los últimos nueve años (2016-2024). En seis de ellos, la población afectada por sequías severas o peores no llegó al doble dígito. Después del preocupante 50% de este año, la peor cifra ocurrió en 2021, con 35%. En siete de los años del mismo período no hubo ningún municipio con sequía excepcional; en 2024 fueron 152, donde vive alrededor del 6% de la población nacional.

Estos números son preocupantes. Más todavía si se consideran algunos hechos: el agua disponible se ha reducido notablemente, de 10,000 a 4,000 m³ por habitante entre 1960 y 2012, cifra que podría bajar de 3,000 m³ para 2030. La temperatura promedio subió de 20.8 a 22.1° C entre 2000 y 2021, lo que afecta principalmente a la cantidad de agua superficial que se puede usar.

Con lo anterior, hay que señalar varios problemas de gestión: el primero es que no sabemos cuánta agua se usa en México. De hecho, se calcula que 97% de los títulos de concesión presentes en el Registro Público de Derechos de Agua no tienen medidor. Nos aproximamos a eso por los volúmenes concesionados, de esa forma sabemos que alrededor de 76% del agua está destinada al sector agropecuario –hay estimaciones que dicen que dos terceras partes de ese volumen se dedican a la ganadería–, alrededor del 15% va para el abastecimiento público, 5% para la industria autoabastecida y 4% para la industria termoeléctrica.

Otro problema de gestión se debe a la baja inversión en infraestructura hídrica. En el presupuesto de 2024, por ejemplo, la reducción en la inversión de alcantarillado, drenaje y saneamiento fue de casi la mitad con respecto a 2023. Otro más es que Conagua cuenta sólo con alrededor de 160 inspectores para vigilar el uso y las descargas en todo el país. De hecho, en el período de 2019 a 2022 el promedio de visitas de inspección fue de 2,334, mientras que entre 2011 y 2018 fue de más de 8,000. Esto es una reducción de 70%.

Más problemas podemos hallar en los sistemas tarifarios, la falta de coordinación interinstitucional, la complejidad de los arreglos políticos alrededor del agua en los municipios y entidades federativas, la reducción presupuestal de Conagua en los últimos años, entre otros.

Una de las consecuencias de todo esto es que, aunque más del 90% de las viviendas tienen acceso al agua entubada en nuestro país, alrededor de una tercera parte de ellas (11.5 millones) no tuvieron acceso diario en 2022, de acuerdo con los datos de la ENIGH. Además, la intermitencia y en muchas ocasiones mala calidad del servicio ocasiona que México sea el más grande consumidor de agua embotellada per cápita entre una muestra de 50 países, con alrededor de 282 litros por año, casi 30% más que Italia, que se ubicó en segundo lugar en 2020. Con un cálculo conservador, en el IMCO estimamos que el gasto de los hogares mexicanos en agua embotellada pudo superar 28,000 millones de pesos en 2022.

México tiene muchas urgencias en materia de agua. La primera es una discusión seria a nivel legislativo. Desde 2012, la Constitución se consagra nuestro derecho “al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, por lo que la propuesta de reforma del presidente López Obrador es completamente innecesaria, pero desde entonces ninguna legislatura ha aprobado la Ley General de Aguas que supla a la Ley Nacional de Aguas de 1992. Nuestros legisladores llevan once años en falta y no parece preocuparles mucho.

Emitir una nueva ley no es ninguna exquisitez para darle cierre al proceso legislativo que exigió la reforma constitucional: es la oportunidad de reordenar las atribuciones entre los niveles de gobierno, de rediseñar las concesiones, de crear un sistema de monitoreo apropiado, de adaptar las tarifas y los subsidios del agua a los nuevos tiempos y de asegurar un presupuesto suficiente año con año que permita dar mantenimiento, expandir y modernizar la infraestructura del uso de agua en todos los sectores.

El próximo viernes 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua y este año viene con el lema “agua para la paz”. Si no nos apuramos, el agua se convertirá en un verdadero eje de conflicto social en nuestro país, especialmente si las sequías continúan afectando a grandes proporciones de la población.