La nueva realidad

La reforma al Poder Judicial ya es una realidad. Ya no hay espacio para el optimismo de quienes creían que no pasaría; es un hecho consumado y la nueva law of the land. Y vendrán las otras: esta semana se aprobará la Guardia Nacional y en las próximas semanas seguirá la extinción de los órganos autónomos.

Aunque la ley y la reforma son hechos consumados, aún falta un trecho importante para verla en acción. Como se advirtió, será una tarea titánica implementar esta reforma. Ni siquiera está claro quién va a organizar la elección ni cómo ni con qué dinero.

Hoy parece que, pese a la desaparición de órganos autónomos, sí habrá INE que organice estas elecciones. Sin embargo, aún queda por definir cómo se llevará a cabo un proceso con miles de candidatos. En la versión original del presidente, un ciudadano en la Ciudad de México tendría que conocer los perfiles de 2,088 candidatos para elegir 352 puestos. Tampoco se sabe cómo se van a financiar estas campañas, no habrá dinero público ni privado ni podrán participar los partidos políticos. La idea de que los candidatos se darán a conocer sólo con espacios oficiales es absurda. ¿Le tocarán 5 -10 spots a cada aspirante? Imposible. Sabemos que esas campañas estarán llenas de dinero para influir en el resultado.

Después surge otra gran interrogante: ¿con qué se va a pagar la organización de estas elecciones? A estas alturas, el INE (si sobrevive) no sabe cuántos candidatos ni casillas habrá, y por ende no puede tener un presupuesto. Solo la impresión de boletas será carísima. Quien diga que se financiará con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial no tiene idea del complejo y tardado proceso legal que implica desaparecer un fideicomiso. Además, hay que sumar la complejidad de separar candidaturas y elecciones de jueces especializados en temas laborales, administrativos, civiles o penales.

Las complejidades logísticas y el retraso de las leyes secundarias fundamentales para poder empezar a organizar este proceso han levantado sospechas de que la implementación de la reforma judicial, tal como fue el caso con la reforma de juicios penales, se irá postergando. Es probable que haya alguna votación el próximo año, pero no tendremos un “nuevo sistema judicial” en varios años.

Esto, lejos de ser una buena noticia, es aún peor. Sólo indica que la incertidumbre y el caos jurídico se prolongarán. Durante un periodo bastante largo, no habrá seguridad jurídica ni predictibilidad en el sistema de justicia. Nadie tendrá certeza sobre la validez o duración de ciertas disposiciones judiciales, amparos o juicios.

Es verdad, a las inversiones no les importa el carácter democrático o dictatorial de un sistema de justicia —nos debe preocupar a todos los ciudadanos— sino las instituciones. Douglas North lo definió como las “reglas del juego” en una sociedad, que consisten en restricciones formales (leyes, regulaciones) e informales (costumbres, normas culturales) que estructuran las interacciones económicas. La clave de un marco institucional es que sea predecible, autónomo y justo. La nueva reforma judicial y su incierto proceso de implementación son todo lo contrario.

Si hoy la economía mexicana ya está en un proceso de desaceleración preocupante, con la inversión cayendo, el consumo estancado y las finanzas públicas agarradas con pincitas, esta incertidumbre no hará más que agravar esta situación. Este es el paquete que el presidente decidió dejarle a su sucesora. Como diría el clásico: ¿pero qué necesidad?