La odisea de la radiodifusión en México

Con un saludo a Don Javier Pérez de Anda

Exordio. Como Ulises Odiseo en su retorno de Troya a Ítaca, la radio y la televisión mexicanas han debido soportar duras pruebas tras una fase triunfal vivida hasta el tercer cuarto del siglo XX.

Éxito de políticas de desarrollo nacional que la radiodifusión acompañó, apuntaló y difundió, merced a las cuales por vez primera existió la fundada percepción de que nuestro país no era más víctima en la historia, sino su protagonista; no más sus masas agraviadas, sino confiadas en la realidad de un progreso constante. El llamado “milagro mexicano” que, por recurrentes crisis de distinta índole, desde hace casi medio siglo ha venido difuminándose hacia un tiempo nebuloso de persistente zozobra.

Al igual que Ulises en su retorno al hogar, en la segunda mitad de su siglo la radiodifusión mexicana ha sido presa de acecho y tentaciones.

Sea por cíclopes, cuyas respectivas visiones monofocales reducen esta noble industria, ya a fuente de recaudación, a instrumento de propaganda, a crisol de temor y superstición electorales, o a indiciado propiciatorio de conjuras “conservadoras” antigubernamentales ocultas tras una libertad de expresión bajo sospecha.

Pero también ha sido atraída por el canto de sirenas que la distraen a objetivos sectarios, alejándola de su curso natural y debido de servicio a la sociedad entera. Sin duda, a través de los años, ha habido quien sucumbiera a la tentación.

Parteaguas. El punto de inflexión ocurrió tras los sucesos de 1968. La radiodifusión fue también víctima, pues tras sus contados atisbos de libre expresión el enojo y temor gubernamental devinieron en obsesivo y fiero control y, al cabo, en un golpe desde el Estado mediante una ley confiscatoria que terminó modulándose en un decreto para apropiarse de parte del tiempo de transmisión de los medios: el famoso 12.5% o “tiempo fiscal”, reducido por los presidentes Fox y AMLO, pero no eliminado.

Así, puesto que ciertos controles sobre la radio y la televisión tienen un origen antidemocrático, en importante medida el andamiaje del que se sirve la publicidad de gobierno e, irónicamente, de partidos políticos, surge de una raíz viciosamente autoritaria.

En materia electoral, sin negar que los medios electrónicos tienen un claro deber para con los procesos democráticos, la obsesión de control, así como la transferencia a la radiodifusión de una responsabilidad (al igual que cuando se la culpa de la violencia) que primeramente atañe a los propios partidos y a la ciudadanía, han resultado en un sistema de sujeción que no se corresponde con un régimen auténtico de libertad para comunicadores, políticos, o siquiera la propia ciudadanía, en quienes no aplica “prohibido prohibir”.

Responsabilidad. La radio y la televisión mexicanas han sido puntales de la gobernabilidad, por propia conciencia, por una comprobada vocación de servicio a sus audiencias. Han persistido en propagar una visión y acción constructiva y de unidad y han respondido inmediata y voluntariamente ante todo lo que afecte a sus comunidades, sean incidentes menores en los que auxilian a personas en problemas, o ante calamitosas tragedias que por fenómenos naturales o sociales trastocan la vida en común. La radiodifusión y los radiodifusores, al igual que sus anunciantes, son en múltiples localidades víctimas constantes de extorsión por el crimen organizado, lo que no los arredra a mantener al aire su voz e imagen de servicio.

Por lo anterior, es falsa la dicotomía que pretende que la radiodifusión comercial no es de índole social o de arraigo local. Lo es: auténtica y orgullosamente social y comunitaria, denominaciones que por motivos ideológicos han sido atribuidas de modo excluyente.

Contraprestación. En otro orden de ideas, hay preocupación constante de la industria sobre tópicos financieros, desde que en la primera década de este siglo se estableció en ley la obligación de pagar una contraprestación por el uso del espectro. Cobro del todo justificado, dado que se trata del usufructo de bienes nacionales, y así es entendido y aceptado por los radiodifusores, cuyo monto, empero, consideran exagerado.

La problemática se suscitó principalmente por dos razones. Por un lado, a raíz de un incidente judicial y posteriormente en ley, el pago de la contraprestación se hizo exigible en su totalidad al otorgamiento de la concesión o de su prórroga. Esto a diferencia de lo que sucede en las telecomunicaciones de paga (telefonía móvil), donde el desembolso inicial es solo de alrededor del 12% del total y el resto se cubre como derechos fiscales en 20 anualidades. La radiodifusión paga el 100% en una sola exhibición.

Por otra parte, el espectro se encareció con motivo de los altos precios ofertados en las primeras licitaciones de radio y televisión que llevó a cabo el IFT en la década pasada. Para la radio sonora el valor de referencia se multiplicó por alrededor de 8 veces.

Dictamen. A diferencia del gran guerrero Ulises, para la radiodifusión no parece haber existido un afecto y memoria leales que la tuvieran presente, atesorándola, alentándola y dándole esperanza en tiempos de crisis. Por el contrario, una y otra vez ha sido objeto de políticas que perturban su viabilidad financiera y libre expresión, comprometiendo así la función social que le es dictada por mandato legal y vocación real de los radiodifusores.

Sin embargo, hay destellos de cambio, como los que desde el Congreso de la Unión se observan en diversas iniciativas acumuladas y actualmente en proceso legislativo avanzado, al punto de contarse con Dictamen con proyecto de Decreto, de diciembre de 2022, de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Luis Mendoza, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dicho Dictamen contiene numerosos puntos de enorme valía para mejorar la situación de la radio y televisión mexicanas. Por ejemplo, abre la posibilidad de que la contraprestación se cubra en anualidades, lo que evitaría los cuantiosos desembolsos que hoy día se exigen y semejaría la mecánica de liquidación que tienen las telecomunicaciones de paga. Además, incluye varias directrices metodológicas para que el IFT calcule las contraprestaciones, las que en mi opinión debieron enriquecerse para atender la situación particular y distinta de la radiodifusión sonora independiente. Es decir, de empresas que cuentan con una, dos o tres emisoras, cuyas posibilidades difieren de las de los grandes grupos dominantes en México.

Ahora bien, en este punto cabe indicar que el artículo 100 bis propuesto contiene valores precisos para la contraprestación a pagar por la radio FM y AM, así como la televisión abierta, que tendrían visos de inconstitucionalidad al interferir con las facultades del IFT relativas a la regulación del espectro y el otorgamiento de concesiones, contenidas en el artículo 28, párrafos quince y diecisiete, de nuestra Carta Magna, ya que tales atribuciones expresas supondrían la implícita de fijar el valor del espectro. Esto tocaría controvertirlo, en su caso, al propio Instituto para ser resuelto por el Pleno de la SCJN.

Lamentablemente, el Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Radio y Televisión de Diputados no ha sido votado en el Pleno de la Cámara, para ser remitido a la de Senadores.

Se rumora que esto pudiera deberse, entre otros, al contenido del artículo Quinto transitorio que prevé que las contraprestaciones pagadas con anterioridad (en una exhibición) sean recalculadas por el IFT conforme a los nuevos parámetros y que la diferencia a favor del concesionario en cuestión sea compensada contra las contribuciones federales que deba erogar. Tal posibilidad pudiera tener un impacto de miles de millones de pesos que la hacienda pública dejaría de recibir, en gran medida derivado de los elevados montos pagados por las televisoras con motivo de sus prórrogas.

Oportunidad. De ser cierto que el Dictamen está detenido por la posible afectación fiscal indicada, y ser ello cuestionado por la SHCP e inadmisible para una mayoría de legisladores, no debiera detener la aprobación de lo demás, pues incluye elementos provechosos para la radio y televisión mexicanas. La cuestión sería ganar algo (en realidad mucho) o seguir perdiendo todo: la decisión está en el Congreso y en la poderosa influencia de esa industria.

Estas medidas y otras posibles infundirían fortaleza a una muy leal, nacionalista y estratégica industria que, en el caso de la radio, supera el siglo de servicio y, en el de la televisión, rebasa siete décadas.

Prospectiva. En congruencia, independientemente del Dictamen varado en Diputados, es necesario un ejercicio amplio de apoyo desde el Estado, que reduzca o elimine cargas técnicas, fiscales y políticas a la radiodifusión, contrastantes con la prácticamente inexistente regulación en medios digitales.

Al respecto, es oportuno referir que, aunque la inversión publicitaria absoluta creció de 93,159 millones de pesos en 2017 a 100,140 millones en 2021, disminuyó en términos reales por inflación. En este periodo, en televisión abierta pasó del 32.2% (30,036 millones) al 24.4% (24,534 millones) del total; en radio, del 9.3% (8,750 millones) al 3.9% (3,990 millones), mientras que en plataformas digitales (internet) creció del 27.3% (25,405 millones) al 56% (56,144 millones), según el “Estudio Valor Total Media 2022”.

Aunado a lo anterior, la participación de audiencia de la televisión abierta pasó de 53% en 2018 a 44.2% en 2023, al tiempo que las plataformas digitales ascendieron de 19% a 30.8% en el mismo lapso (IFT basado en Nielsen IBOPE). Además, entre 2015 y 2022, de cada 100 hogares, los que afirman ver tv abierta descendieron de 81 a 78; los que escuchan radio se redujeron de 41 a 38, pero los que consumen contenidos por internet crecieron de 26 a 53 (IFT ENCAs 2015-2022).

Esta tendencia de declive podría llevar a cavilar que en el mediano plazo el espectro para radiodifusión dejara de cobrarse o tuviera un precio mínimo, simbólico, a fin de permitirle cumplir su eminente función social de comunicación, información y como espacio de libre expresión y difusión de manifestaciones culturales.

Epílogo. La radiodifusión nunca volverá a ser lo que fue en sus años dorados: tampoco es la expectativa de los radiodifusores o de los reguladores. Aunque hoy siguen siendo medios relevantes, es clara la tendencia irreversible de pérdida de audiencias y porcentaje de gasto publicitario. No obstante, es fundamental que, en tiempos de cambio y de riesgo de descomposición social, se la proteja para que coadyuve, como lo ha hecho siempre, a la estabilidad y concordia que necesitamos.

En la suerte de prosopopeya que empleé, comparando la radiodifusión con un héroe mítico, le debemos el reconocimiento del servicio prestado y por brindar y, ante el cambio tecnológico y de patrones de consumo, verla también siempre con afecto y gratitud, y retribuirle con el tránsito hacia el que deberá ser, llegado su tiempo, un ocaso digno.

* Adolfo Cuevas Teja es excomisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Es maestro en Administración Pública por la John F. Kennedy School de la Universidad de Harvard. Cursó la Maestría en Derecho en la UNAM.