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La política de competencia cumple treinta años en México
En 1993 inició operaciones la Comisión Federal de Competencia (CFC o Cofeco), como resultado de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mediante el cual nuestros socios comerciales nos exigieron dotar de mayor certeza jurídica e institucionalidad a la economía de nuestro país.
Treinta años parecen muy pocos si pensamos que Canadá o Estados Unidos tienen leyes de competencia económica desde 1889 y 1890, respectivamente. En Europa la legislación data de 1957, aunque en algunos de los países que integran esa jurisdicción las normativas son anteriores. En 2018, según la OCDE, 125 países tenían leyes de competencia y la mayoría de ellos tenían una autoridad que activamente procuraba el cumplimiento de su marco normativo.¹ Las normas de competencia ayudan socialmente controlando el poder de mercado, lo que beneficia en última instancia al consumidor, pues a través de la protección del proceso de competencia se logran mejores precios y la posibilidad de contar con más alternativas. De hecho, prácticamente solo los países con bajo nivel de desarrollo siguen sin tener una legislación de este tipo.
Las regulaciones de competencia ayudan a que el mercado sea competitivo, es decir, a corregir las fallas de mercado. En ese sentido, la regulación de competencia es hasta cierto punto “paradójica”: es una forma en que el gobierno interviene para que el mercado funcione mejor. De tal forma, la política de competencia se aleja de los usuales estereotipos binarios que suelen ser concebidos como excluyentes: “más mercado” o “más intervención”. Si el mercado es regulado para que funcione adecuadamente, habrá más crecimiento, más innovación y menos inflación. Por ello esta regulación es de toral importancia para cualquier sociedad y más aún para los países en desarrollo como México.
Las normas de competencia no son algo de lo que deben estar enteradas únicamente las grandes empresas, pues cuando son correctamente aplicadas, ayudan a los pequeños negocios a estar protegidos de estrategias comerciales que injustamente los expulsan de un mercado o que no les permiten crecer. Ayudan también a los consumidores, al plantear un marco para la detección de empresas competidoras que acuerdan subir sus precios artificialmente. Finalmente, ayudan también a identificar normas sectoriales que distorsionan las posiciones competitivas de las empresas y permiten que la Cofece recomiende modificaciones al respecto. Hace 10 años mediante una reforma constitucional la Cofeco se transformó en la actual Cofece, pero no solo le cambiaron el nombre, la reforma fue realmente sustantiva, pues a la nueva institución se le otorgó autonomía del Poder Ejecutivo (antes dependía de la Secretaría de Economía), lo cual es necesario en las instituciones que fungen como árbitros o reguladores de mercado. Solo con autonomía puede un regulador aislarse de la influencia de empresas que tienen una relación preexistente (ya sea buena o mala) con el poder político.
En los últimos años las multas impuestas por la Cofece son siempre superiores, por mucho, al presupuesto que le otorga la autoridad, lo que demuestra que es una institución autosuficiente que lejos de costarle mucho a la sociedad, le regresa ampliamente lo gastado. Por ejemplo, en el ejercicio 2022 la Cofece impuso multas por 4 mil 800 millones de pesos a personas que violaron la ley, lo que representó casi ocho veces el presupuesto que le fue aprobado para ese año.² Las multas cobradas no van al presupuesto de Cofece, eliminando así cualquier incentivo a imponerlas injustificadamente. De cualquier forma, el objetivo de Cofece no es imponer multas sino atemperar el poder de mercado de las grandes empresas y, con esto, aportar en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Hemos perseguido este objetivo durante los últimos 30 años y seguirá siendo el motor de la institución en el futuro.
¹ OECD (2020). OECD Competition Trends. Disponible en: oecd.org/daf/competition/OECD-Competition-Trends-2020.pdf
² Datos de Cofece a precios corrientes.
*Comisionado de la Cofece.