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La reforma judicial en la vida diaria
Es frecuente que los medios de comunicación reporten de vez en cuando sobre la discusión o aprobación de nuevas leyes, o la reforma de las ya vigentes. Generalmente, la noticia es seguida de cerca por periodistas y expertos, que analizan sus repercusiones, y una vez que las iniciativas se aprueban, los afectados comienzan a tomar medidas, ya sean legales o comerciales, y el tema va perdiendo revuelo.
El ciudadano común no suele preocuparse mucho por los cambios al marco jurídico, ya sea porque no ve un impacto directo en su vida cotidiana, o quizá porque considera que estos solamente son relevantes para los abogados o los grandes empresarios.
La reforma judicial no es el caso. De aprobarse en los términos propuestos, esta reforma sí tendrá un impacto en la vida diaria de los mexicanos, sin importar si son parte de un juicio, si son empresarios, políticos o empleados del Poder Judicial, si se dedican al litigio, e incluso si nunca han requerido los servicios de un abogado.
A diferencia de la mayoría de las reformas a nuestro marco jurídico, la reforma judicial combina tres elementos que la vuelven particularmente riesgosa.
En primer lugar, al imponer la designación de jueces a través del voto popular, la reforma permitirá que un mismo grupo político controle los tres poderes del Estado, dándole un poder ilimitado. Hasta ahora, los poderes ejecutivo y legislativo son elegidos por voto popular, y por eso se les considera poderes “politizados”, pero no ocurre así en el Poder Judicial.
No se trata de un error de diseño, ni una traición a la democracia, como lo pretenden los impulsores de la reforma. El Poder Judicial se estructuró intencionalmente de esa forma para que, incluso si un mismo grupo político controlara el contenido de las leyes y su aplicación, si sus actos resultaran violatorios de los derechos de los particulares, los jueces podrían suspenderlos o revocarlos objetivamente, sin que sus lealtades políticas o pretensiones electorales influyeran en la decisión.
Esta particularidad del Poder Judicial hasta ahora ha sido un escudo efectivo para otras reformas legales que violaban derechos fundamentales. A base de amparos, las leyes eran revisadas para asegurar que no infringieran estos derechos. Por eso muchas reformas no tenían un impacto directo en la vida del ciudadano común. Con la reforma judicial, perderemos esta protección. Un político podría decidir si los actos y las leyes emitidas por su propio grupo político son violatorios de nuestros derechos.
En segundo lugar, la reforma prevé que incluso los juzgadores de mayor jerarquía serán elegidos por voto popular. Esta condición es una agravante de los efectos ya descritos, pues significa que si un juez emitiera una sentencia contraria a los derechos humanos, cualquier apelación o recurso que se interponga será resuelto en definitiva por otro juez que probablemente pertenezca a su mismo grupo político, volviendo al recurso ilusorio.
Finalmente, el tercer ingrediente que distingue a esta reforma es que al modificar el mismo texto de la Constitución, ningún juez podrá revisar si la misma es violatoria de los derechos fundamentales, pues el texto constitucional no puede considerarse inconstitucional.
En suma, con la reforma judicial será la clase política, que tan poca credibilidad tiene ya en los mexicanos, la que decida lo que es justo, y no tendremos herramientas de defensa. Imagine usted si cualquiera de nuestros políticos tuviera la última palabra sobre su pensión alimenticia, sobre las rentas que le deben, la expropiación de su inmueble, la violación de un contrato, un despido injustificado o un arresto ilegal. Todos los mexicanos debemos preocuparnos y ocuparnos de esta reforma.
