La reforma judicial. Hecho consumado

Al cuarto para las doce, parece que muchos actores económicos empiezan a darse cuenta de lo que fue obvio desde el 2 de junio: las reformas del presidente van a pasar sí o sí, para todos los términos prácticos, tal como fueron redactadas. Por aberrante que nos pueda parecer a algunos, todo indica que serán aprobadas en septiembre por la nueva legislatura, y con eso tendremos que vivir.

Primero, cómo llegamos aquí. En México y en el mundo democrático, los procesos de “judicialización” —en el sentido de utilizar instrumentos y recursos legales para frenar proyectos o prioridades del gobierno en turno— se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para los gobiernos. Ejemplos sobran. El NIMBYismo en EU, utiliza las regulaciones ambientales de la EPA para frenar todo. El ejemplo más claro es el tren de alta velocidad en California, con más de sies años de retraso y 120,000 millones de dólares de sobrecosto. En México, en el sexenio que termina, se han utilizado recursos legales para frenar el Tren Maya, entre otros, pero no es algo nuevo. Muchos proyectos energéticos en el Istmo de Tehuantepec sufrieron retrasos o no sucedieron por las problemáticas sociales de la zona. Si esto está bien o mal, no está claro. Todos los gobiernos quisieran poder hacer proyectos sin enfrentar obstáculos —como el régimen chino, que movió a millones de personas para poder hacer el megaproyecto de la presa de las Tres Gargantas— pero las normas de los países democráticos justamente prohíben esto.

¿Son excesivas estas limitantes en México y en el mundo democrático para impulsar proyectos prioritarios de los gobiernos? Por supuesto. Es fundamental buscar reformas y cambios para que, manteniendo la protección a las personas, los Estados puedan ser eficaces. Pero eso no es lo que está pasando en estos días con la reforma judicial. El enojo de este gobierno con el Poder Judicial, y sobre todo la SCJN, no debería conducirnos a un proceso absurdo de elección popular de jueces y desmantelamiento por completo del Poder Judicial.

Con la elección de jueces y las condiciones del dictamen aprobado, se abre la puerta a una mayor captura del Poder Judicial por intereses económicos, especialmente el crimen organizado. Los únicos “candidatos” que tendrán cierto reconocimiento serán aquellos que cuenten con recursos para promocionarse. Aunque estén prohibidos, es ingenuo pensar que el dinero no va a fluir a estas campañas. Si el INE ya tiene grandes dificultades para fiscalizar campañas, imaginemos el reto con miles de candidatos. ¿Quiénes van a tener recursos para su campaña? Pues quienes tengan vínculos con las personas que tienen recursos: los grandes grupos económicos y el crimen organizado.

Una vez más, estamos ante un escenario en el que, quizá a partir de una intención o argumento legítimo —nadie puede decir en su sano juicio que el sistema judicial funciona a la perfección— acabamos en un mundo peor. Con una reforma sin pies ni cabeza que no hará más que dinamitar cualquier tipo de certeza jurídica y deteriorar el ambiente de inversión. Aunque seguirán existiendo proyectos, atraer recursos será mucho más complejo en una economía con un sistema judicial kafkiano.

Ya estamos en una desaceleración económica fuerte, de acuerdo con todos los indicadores, que posiblemente termine en una recesión si el gobierno recorta el gasto en 2025 en tres puntos del PIB, como ha prometido. Si a eso le sumamos la locura de la reforma judicial, parece que se avecina un primer año de gobierno más que complicado.