La ruta de Cofece para el caso de Google

De manera oportuna, la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU) nos recordó la semana pasada el caso que abrió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de Google, a través de un procedimiento seguido en forma de juicio, al que emplazó al gigante tecnológico en noviembre del año pasado por presuntas conductas anticompetitivas en el mercado de publicidad digital. Digo que lo hizo de manera oportuna fundamentalmente porque hay asuntos que merecen no ser dejados al arbitrio de la agenda pública, que sabemos este año está dominada por el proceso electoral en marcha, que habrá de concluir con la jornada electoral el próximo dos de junio.

Es un proceso que debería concluir en el segundo semestre de este año, si todo se lleva a cabo conforme a los plazos que prevé el marco legal de nuestro país, y ojalá que la autoridad en materia de competencia en nuestro país esté en condiciones de resolver el asunto para atender los problemas evidentes de competencia en el mercado de publicidad digital, tal como lo expuso The CIU en un documento de análisis que divulgó en diciembre del año pasado.

Y es que se antoja difícil que derivado del proceso que Cofece abrió contra Google, después de llevar a cabo las etapas que el marco legal prevé para este tipo de procedimientos, esa autoridad concluya que el gigante tecnológico -que está siendo objeto de investigaciones por parte de autoridades de competencia de otros países, por conductas similares en el mismo mercado, de esos países desde luego- en México se comportó de manera diferente a como lo hizo en aquellos países.

Así que estamos frente a un caso en el que Cofece tiene la oportunidad de acreditar el por qué se requiere que este tipo de autoridades se conduzcan de manera autónoma, separadas del Poder Ejecutivo, para evitar que las presiones políticas los orillen a tomar decisiones que no guardan consistencia con decisiones previas, o como en este caso, que no sean consistentes con las decisiones que autoridades de otros países, con la debida autonomía, están adoptando frente a conductas similares en mercados similares.

Por ello resulta muy relevante que la Cámara de Diputados pueda retomar un Punto de Acuerdo que propuso a principios de diciembre el diputado Alberto Villa Villegas, de Morena, mediante el que pone a consideración de sus pares exhortar a Cofece para que no permita que el proceso seguido en forma de juicio que lleva a cabo contra Google se retrase o entorpezca.

Habrá que estar atentos a cómo evoluciona esta cuestión, que no es menor, porque de no resolverse adecuadamente estaremos frente a uno de esos escenarios donde una autoridad al actuar de manera omisa propicia que un mercado se distorsione de tal manera, en perjuicio de los consumidores y otros agentes económicos, que más adelante solo se pueda resolver mediante medidas drásticas.

Y bueno, en este contexto en el que Google ha venido utilizando a su favor las ventajas que el marco legal en materia tributaria le permitió de manera amplia hasta un par de años aproximadamente, y de manera un poco menos amplia a partir de junio de 2020 cuando entró en vigor una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de plataformas digitales, no puedo dejar de mencionar el hecho de que a partir del 1 de enero de este año, entró en vigor el acuerdo multilateral en materia del impuesto mínimo global, que busca corregir los desbalances artificiales en la forma en que este tipo de plataformas pagan sus impuestos a lo largo del mundo.

Hasta hoy, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni el Congreso de la Unión, han dado indicios de que se harán cambios en el marco legal de nuestro país para permitir que México incorpore en su marco legal los criterios adoptados con este acuerdo global. Una vez que ello ocurra, se estima que empresas como Google tendrán que pagar más impuestos en México, contribuyendo con ello a un mercado con un piso más parejo, desde el punto de vista de sus competidores de nacionalidad mexicana.

@GerardoFloresR