Lectura 4:00 min
La serpiente desplumada
Finalmente se consumó en París la subasta anunciada por Christie’s de 26 piezas de manufactura prehispánica que integraban la colección Quetzalcoatl: Serpent à plumes. Se consigna que fueron 33 las adjudicadas a culturas que habitaron el ahora territorio mexicano, entre ellas había tres de hechura contemporánea, es decir apócrifas, de acuerdo con el dictamen de los peritos del INAH. Se ignora cómo llegaron a ese fallo si no las tuvieron a la vista, pero curiosamente una de ella alcanzó en la puja la friolera del equivalente a 10.6 millones de pesos. Las originales se vendieron entre 1 y 1.4 millones de pesos.
Más allá del conmovedor rasgón a las vestiduras, del INAH y la Secretaría de Cultura (subasta “inadmisible”, no al “saqueo”, ley “hostil”), y de haber interpuesto una denuncia en la Fiscalía contra quien resulte responsable de los delitos de “transporte ilegal de bienes históricos y su comercialización”, deberíamos preguntarnos dos cosas: si el marco jurídico mexicano es eficaz para detener la sustracción y tráfico ilícito de bienes culturales, y por qué México no podido establecer un acuerdo con Francia para que esos bienes en poder de extranjeros puedan regresar al país.
Hacer sonar las matracas con el tema de la denuncia es una faramalla (quizá necesaria en términos procedimentales, pero al final un amago), porque el antropólogo Diego Prieto, director del INAH, sabe que una ley no es retroactiva, que si esas piezas salieron del país antes de que existiera la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972) no hay delito que perseguir, y además, las leyes mexicanas no aplican fuera de nuestro territorio.
No hay manera de saber si esas piezas que se subastaron el martes salieron antes de 1972, porque fueron sustraídas clandestinamente de quien sabe dónde, pero la hipótesis de que pudo haber sido así, estriba en que así lo expresó la secretaria Alejandra Frausto, y el propio INAH admite no poder responder satisfactoriamente al requerimiento que impone en estos casos la legislación francesa, es decir, “acreditar las circunstancias y las fechas en que salieron las piezas del país”, según me dijo en 2019 la abogada del instituto, María del Socorro Villarreal, a propósito de las 95 piezas arqueológicas que subastó en aquel año la casa Millon, también en Francia.
Si el INAH tuviera la certeza de que se sustrajeron las piezas bajo la ley vigente, ya lo sabríamos, ya lo sabría Francia, ya estarían boletinadas por la Interpol. Pero no es así. Y saben que no es así.
En ese contexto, jurídicamente México tiene la batalla perdida. No de ahora, no contra Christie’s, sino desde hace décadas. Alega el director del INAH que Francia tiene una ley muy permisiva que alienta el comercio de bienes culturales que son patrimonio de las naciones y que ese vacío legal facilita que las casas subastadoras tengan manga ancha y que no en vano hacen sus pujas en París y no en otros países con los que México tiene convenios. ¿Será porque son casas parisinas?
El problema no es que la legislación francesa sea permisiva, sino que a pesar de que Francia es firmante de la Convención Internacional de la UNESCO de 1970 sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, no ha alineado su legislación para impedirlo y combatirlo. Es algo en lo que los franceses tendrían que avanzar.
Pero a México le toca desarrollar una agenda no para que la legislación francesa se adapte a la nuestra sino para impulsar al interior del comité de la Convención los mecanismos para la cooperación y prevención del tráfico ilícito y comercialización de bienes culturales, y especialmente con Francia. Para eso es la vía diplomática, que siempre será más lenta pero que a la postre puede rendir mejores frutos. Pero la cancillería no le puede hacer toda la chamba al INAH. “Los acuerdos bilaterales y multilaterales son la clave”, me dijo en aquella entrevista la abogada Villarreal. ¿Por qué no hemos alcanzado uno con Francia? ¿Por qué se repite la historia?
Y, por cierto, ¿por qué no ha prosperado la creación de un cuerpo policial especializado para investigar y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales que anunció Diego Prieto hace dos años?
“No nos vamos a rendir”, dice el antropólogo; genial, pero con resultados. Pago por ver.
