La sombra de la intolerancia

Los crímenes de odio, aquellos motivados por la discriminación hacia un grupo social, representan una lacerante realidad en América Latina, donde las personas LGBTIQ+ son las principales víctimas.

Según cifras del registro global conocido como Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales, 269 tuvieron lugar en América Latina.

Lamentablemente, nuestro país ocupa un lugar particularmente preocupante en este panorama. Pese a los avances legales que reconocen el matrimonio igualitario, la identidad de género y criminalizan la discriminación, México es el segundo país latinoamericano con mayor número de crímenes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género, apenas detrás de Brasil.

Detrás de cada cifra se esconde una historia de dolor y sufrimiento. Las personas LGBTIQ+ viven en constante riesgo de sufrir agresiones físicas, verbales, psicológicas e incluso homicidios, simplemente por ser quienes son.

La discriminación y la violencia hacia esta comunidad se manifiestan en diversos ámbitos, desde el acoso escolar y laboral hasta los ataques en la vía pública y los crímenes de odio.

El caso de Coahuila es emblemático. En una década, en esa entidad del norte del país, 25 personas de la comunidad LGBTIQ+ murieron en forma violenta. De esos casos sólo tres han recibido justicia.

¿La razón? Los crímenes de odio no están tipificados como delito, por lo que las personas que integran la comunidad de diversidad sexual están desprotegidas y son sujetos de agresiones múltiples.

Aunque existe una iniciativa de reformas al Código Penal Estatal, ésta se encuentra congelada desde 2019 en el Congreso local. Por lo tanto, los agresores viven en la impunidad, con total libertad de continuar sus crímenes, mutilar cuerpos y torturar a sus víctimas por todo el estado, principalmente, en los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña.

De acuerdo con información disponible, de los 25 casos documentados únicamente se han iniciado 14 carpetas de investigación y de ellas, 10 se judicializaron y únicamente tres casos se resolvieron, correspondientes a los municipios Nava, Saltillo y Torreón. 

En un caso más, la familia de la víctima renunció al proceso, debido a la indiferencia y desdén de la Fiscalía estatal para investigar el crimen y castigar a los responsables.

Es urgente tomar medidas para erradicar los crímenes de odio. Necesitamos sensibilizar a las viejas y nuevas generaciones, sobre la importancia del respeto y la igualdad de derechos.

Para construir un México más inclusivo, es fundamental la educación, el diálogo intercultural y la promoción de una cultura de paz, como herramientas claves para combatir la discriminación y la intolerancia.

Pero también es indispensable que las autoridades investiguen los crímenes de odio y lleven a los responsables ante la justicia. La impunidad solo contribuye a perpetuar la violencia.

La persistencia de los crímenes de odio en México no solo vulnera los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, sino que también ponen en riesgo la esencia de la democracia mexicana. Que la mayoría legislativa de Morena en los Congresos federal y locales sea la oportunidad para avanzar hacia una nación respetuosa de la diversidad sexual.

La tolerancia y el respeto a la diversidad son pilares fundamentales de cualquier sociedad libre y justa. Por el contrario, la intolerancia abre las puertas a la violencia, la discriminación y el autoritarismo.